Mientras se realiza una investigación...

Cualquiera hubiera predicho que después de los sacudimientos y conmociones recientes los funcionarios pondrían especial celo en que sus actuaciones aparecieran libres de toda sospecha; que se cuidarían más. Sin embargo el razonamiento parece haber sido el opuesto: en lugar de pensar “mejor cuidémonos que la gente está muy quisquillosa”, optaron por decir “están distraídos en otras cosas, y no nos van a pillar”.

Sólo de esa manera puede explicarse que una jueza haya decidido detener, mediante un sobreseimiento, las investigaciones en torno al helicóptero HP-1430. Escogió el momento preciso para echarle tierra (o más agua) al asunto: la víspera del inicio de sesiones de la Asamblea Legislativa, cuando el país aguardaba expectante la decisión de los legisladores sobre su propia inmunidad. La estratagema no resultó, pues si bien los medios le dedicaron atención a la renuncia voluntaria de la inmunidad que acordaron los legisladores de la oposición, el intento de hundir en el olvido lo que antes habían hundido en el mar las ametralladoras del Servicio Marítimo Nacional no pasó inadvertido. Y la reacción fue de disgusto e indignación. Como seguramente lo será frente a acciones similares, sea de casos ya conocidos, sea de nuevos casos de corrupción.

Antes se había probado la efectividad del sistema, pues en medio de las investigaciones el Gobierno aprobó un contrato de 20 millones de dólares para el estudio del transporte en la ciudad de Panamá, cuando algunas de las soluciones propuestas en estudios anteriores cuestan casi lo mismo que los estudios que se acaban de contratar. El razonamiento: si esa pasó inadvertida, también se podía colar un “aquí no ha pasado nada” con relación al helicóptero sin piloto que un domingo cualquiera salió de Punta Mala. Solo la acuciosidad de la fiscal anticorrupción Cecilia López había impedido hasta ahora que la investigación muriera. Una funcionaria del Órgano Judicial acaba de salir al rescate del Ejecutivo evitando incluso que se le tomara declaración al piloto fantasma.

Que el Órgano Ejecutivo haya querido ocultar lo sucedido es, si se quiere, explicable: divulgar lo ocurrido era una forma de auto incriminación. Pero la intervención de una jueza le da connotaciones más peligrosas al misterio que rodea el hundimiento del helicóptero: el Órgano Judicial -al menos una parte de él- decide impedir la investigación. Para la recuperación de la credibilidad en las instituciones la confianza que se tenga en la independencia del Órgano Judicial resulta indispensable. Y el sobreseimiento de marras para nada ayuda.

Ojalá no llegue a ocurrir lo mismo con la decisión judicial que se avecina en el caso de Tricom. Suficientes suspicacias ha despertado la determinación de muy altos funcionarios de imponer a sangre y fuego la operación de una empresa que a la larga (y probablemente también a la corta) va a acarrearle perjuicios económicos a la nación. El que dos empresas, Bell South y Cable & Wireless -la mitad de la cual pertenece al Estado- hayan tenido que pagar 72 millones de dólares para operar el servicio de telefonía celular y que una decisión del Gobierno, por si y ante si, exima de tal obligación a una tercera empresa no solo es contrario a la seguridad jurídica, sino que automáticamente coloca al Estado -que somos todos- como sujeto de una indemnización futura, para cumplir con la cual ni siquiera el Fondo Fiduciario va a alcanzar (si es que para entonces todavía existe). Al final de la maraña de demandas, contra demandas, recursos y acusaciones, sólo una decisión firme y definitiva del Órgano Judicial puede determinar si se impide la consumación de un acto de muy dudosa ortografía o se le añade una cuenta bochornosa más al rosario de escándalos que estamos presenciando.

Cuando los legisladores intercambiaron acusaciones públicas sobre corrupción, la actuación rápida y firme de la procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, le dio a la ciudadanía la esperanza de que el Ministerio Público iba a ser capaz de conducir una investigación imparcial y exhaustiva. Y a pesar de las dudas que muchos abrigaban sobre la Procuraduría General de la Nación existe la convicción, excepción hecha de los legisladores oficialistas, de que constituye el mejor camino para que la corrupción encuentre su castigo. Sin embargo, una jueza acaba de echarnos un balde agua fría, al decretar la abrupta finalización de las investigaciones sobre uno de los casos más sonados. Ojalá las instancias superiores no terminen de empaparnos con chorros de agua helada en los casos que todavía les quedan por decidir.

El autor es ex canciller de la República

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