Las cincuenta recomendaciones presentadas en su informe preliminar por la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción y su advertencia de que seguirán otras, mueve a reflexionar si acaso no se estará perdiendo el enfoque. Corrupción en el manejo de la cosa pública equivale primordialmente a soborno o cohecho y apenas si se podría extender a sinecura. Afirmar que los incentivos fiscales, laborales, electorales y de otra índole constituyen, en sí mismos, fuente de corrupción, además de exagerado, soslaya la posibilidad de argumentar sobre los principios económicos y políticos a favor o en contra de los mismos, que es lo que procedería hacer. Igual sucede al tratar de equiparar con la corrupción prácticas administrativas y de gobierno que se consideran lesivas o inconvenientes. El que mucho abarca, poco aprieta y por este camino, al final, poco o nada se habrá logrado. Quizás sería preferible que la Comisión resaltara y el ejecutivo se circunscribiera a lo que real y efectivamente contribuya a disminuir y castigar el soborno y el cohecho; lograr eso sería de por sí, un gran triunfo.