Revocatoria de mandato e inmunidad
legislativa
La revocatoria, en manos
de electores, da fuerza al reclamo ciudadano y, por ende, al concepto
de democracia como gobierno del pueblo
Jaime A. Porcell Alemán
japorcell@yahoo.com.mx
Igual que usted y yo, sobre el gobernante
electo recaen responsabilidades de ciudadano común definidas por
ley. Pero además recaen otras, inherentes a su investidura particular
de representante nuestro y por las que debería dar cuentas a electores.
Para los legisladores, rendir cuentas resulta absolutamente discrecional.
Por un lado, sus electores no gozan de la facultad de revocarle
mandato. Por otro, el Estado queda imposibilitado de perseguirlo
por la figura constitucional de una inmunidad parlamentaria que
sólo levanta la propia Asamblea.
La democracia liberal parte de la idea que
“El poder público sólo emana del pueblo “ (Constitución Nacional).
Los electos quedan investidos de nuestra representación. De allí
se desprende un supuesto elemental del modelo: el gobernante tiene
la responsabilidad de rendir cuentas a sus electores, a quienes
representa.
Revocar es anular el mandato político. La
elección confiere al funcionario un mandato sustentado en un contrato
tácito y de confianza entre electores y mandatario. Según el jurista
Roberto Troncoso B., la revocatoria, cuando la ejerce el electorado
(que no es el caso nuestro), permite que el mandato retorne a consulta
popular, en caso de sospecha que el funcionario electo perdió la
confianza. Troncoso cita la analogía de aquella letrita escrita
en la etiqueta de productos: satisfacción garantizada, o su dinero
devuelto.
La Democracia Cristiana incluye en aquella
reforma constitucional del 83, que promueve el general Paredes,
la revocatoria de mandato partidista para legisladores. El país
entraba al llamado segundo veranillo político. Luego de 15 años
de proscripción, se entiende que los partidos regresaran debilitados
al quehacer nacional.
Para el abogado Mario Galindo, “bajo la premisa
de fortalecer los partidos, y de rescatar la disciplina”, la dictadura
mejora su cara al entregar a éstos la potestad de revocar mandato
a sus legisladores. Mas los únicos partidos que cumplen con los
requisitos exigidos, y que hoy detentan revocatoria, son sólo el
PRD y el Partido Popular. Hoy más que nunca se cuestiona la institución
política de la revocatoria.
La revocatoria, en manos de electores, da
fuerza al reclamo ciudadano y, por ende, al concepto de democracia
como gobierno del pueblo. Las constituciones de Colombia, Chile,
Cuba, Ecuador, Venezuela, incluyen la revocatoria. Pero todas instituyen
a los electores como depositarios de tal derecho, con miras a reforzar
el control popular sobre el gobierno y educar al electorado. La
dictadura, en el 83, entrega revocatoria a partidos que la aceptan
gustosos, mientras la regatea a electores.
Los políticos intuyen lo antidemocrático
de la institución “revocatoria”. En el referéndum del 98, para empujar
la reelección, se propone el dulcecito de eliminarla, entre las
reformas a la Constitución. De ser aprobada, tal reforma impedía
a la cúpula partidaria despojar de su curul a un legislador, mientras
fortalecía su posibilidad de atender el reclamo del electorado.
Sabemos, fue desestimada.
La revocatoria se estrena con historia vergonzosa.
El bocatoreño Mario Miller, del PRD, termina despojado de su curul,
acusado penalmente y encarcelado. A la postre, será declarado inocente.
Hoy la cúpula del PRD otra vez somete al proceso de revocatoria
a dos de sus legisladores y un suplente, por ir contra la línea
en la elección de dos magistrados de la Corte. Los legisladores
procesados, dispuestos a dar batalla, blanden la norma que los releva
de responsabilidad legal por los votos que emitan.
Para no pocos, la revocatoria de mandato
es un privilegio de partidos que, en plena democracia, no tiene
asidero moral. También pierde razón de ser la inmunidad parlamentaria,
extendida al aspecto de impedir perseguir al legislador sospechoso
de delinquir, salvo en caso de delito flagrante. Pero no lo pierde
en el de exonerarlo por opiniones y actos de naturaleza política.
Ambas instituciones mantienen sentido durante la dictadura. Pero
hoy, con unos partidos que dispusieron de casi 20 años para fortalecerse,
no se justifica mantener revocatoria en los partidos y no en electores,
o una inmunidad que cruza lo político y se extiende al ámbito civil.
El autor es investigador de mercado
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I. Roberto Eisenmann, Jr.
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