¿Qué podemos hacer?

Una nueva Constitución no es la solución de todos nuestros males pero -como bien lo escribió Guillermo Sánchez B., quien tiene 60 años de cuidadosa observación política- es una salida de la grave crisis institucional actual

Frente a lo que parece ser un sistema anacrónico y casi que desahuciado –(¿quién puede creer que en las actuales circunstancias la Asamblea Legislativa pueda funcionar?)– se presenta un futuro incierto y el país clama por una reinstitucionalización. Pero, ¿quién la puede provocar, si los tres órganos del Estado y los partidos políticos están en una situación de credibilidad cero y existe un peligroso vacío de poder (que está a disposición de cualquier charlatán con buen verbo)? Es obvio entonces que es la ciudadanía (Ud. y yo) la que tiene que tomar la iniciativa.

Con esto en mente, he vuelto a releer todo lo que tengo a mano respecto al tema de conformación y reconformación institucional democrática. Entre lo que encontré en mi biblioteca está el libro del Dr. Miguel Antonio Bernal titulado Constituyente y democracia, y un folleto de ILDEA titulado Las reformas constitucionales en Latinoamérica, que incluye la conferencia magistral del constitucionalista colombiano Dr. Luis Carlos Sachica.

Para darle algún orden a nuestro pensamiento, me pregunto primero: ¿qué es lo que queremos cambiar? Yo sugiero la siguiente lista para adicionar a la que tenga Ud., lector (a):

En los principios:

- Pasar de un Estado de tamaño excesivo y propietario, a un Estado eficaz y solidario.

- Eliminar la exclusividad nominadora de los partidos políticos, precisamente con el objeto de fortalecerlos como entes sociales con ideología, organización y programas, no simplemente como instrumentos nominadores electores siempre sujetos a una lucha interna perpetua.

- Descentralización legítima de los entes estatales para acercarlos más al pueblo.

- La transparencia como método operacional normal del Estado y de toda entidad que reciba fondos del Estado, incluidos los partidos políticos y sus campañas.

- Reducción de los ingresos ofensivamente exagerados de los funcionarios superiores del Estado.

- Inclusión de instrumentos modernos de participación ciudadana en las funciones de Gobierno.

En lo legislativo:

- Reducir el número de legisladores y eliminar a los suplentes.

- Reorganizar la composición de la Asamblea para que exista un buen número de legisladores nacionales.

- Eliminar todo vestigio del concepto de partidas circuitales y todo lo que se le parezca.

- Cambiar la remuneración de los legisladores a que sea 100% por dieta de asistencia a las sesiones, con un máximo razonable.

- Exigir el registro del voto de cada legislador sobre cada proyecto de ley.

En lo judicial:

- Creación de “jueces de instrucción” o alguna otra figura que reemplace el poder autocrático del procurador y del Ministerio Público.

- Transformar el engorroso procedimiento escrito de nuestro sistema judicial.

En lo ejecutivo:

- Eliminación del concepto de partidas discrecionales.

- Eliminación del FIS (que se ha convertido en otro ministerio, pero sin los debidos controles).

- Reducción de ministerios e instituciones inoperantes.

- Incorporación real y efectiva de los puestos públicos de Carrera Administrativa.

Una buena cantidad de estos cambios son materia constitucional, o sea, que requieren de un proceso constituyente. Hay distintos métodos de procesos constituyentes. Habría que escoger el menos traumático y el que produjera menos incertidumbre (ya que ésta se encuentra en un nivel bastante elevado y no queremos paralizar el país). Lo que sí considero imprescindible (por la casi ninguna credibilidad convocatoria de cualesquiera de los tres órganos del Estado) es que el proceso tiene que iniciarse por una petición de una mayoría de los sectores sociales del país. De esta manera el Ejecutivo –respondiendo a la petición de la sociedad– podría legítimamente convocar a un proceso constituyente, nombrando una comisión de notables que armara un proyecto de Constitución, y el método del proceso constituyente que podría ser previamente consensuado. En cuanto al proceso, existe la opción tradicional de convocar a una elección de Asamblea Constituyente, con los riesgos de que por la partidocracia existente salgan electos los mismos que han motivado la crisis y que éstos a su vez se salgan con cualquier locura, o la cosa podría acordarse por una vía menos ortodoxa y menos riesgosa a través de la cual, por ejemplo, la comisión de notables desarrollara una nueva Constitución (no hay mucho que inventar: simplemente se puede poner la del 46 al día), la somete a un amplio debate en la sociedad, y con las reformas lógicas sugeridas, cuando ya el documento cuenta con un consenso nacional considerable, se somete a un referéndum nacional para que sea el pueblo –el soberano– con su voto directo el que diga “Sí” o “No”. Este método se salta las fórmulas de reforma de la Constitución vigente, pero es que la misma tiene una partida de nacimiento ilegítima y no se puede objetar el mandato del soberano, que siempre, en una democracia, es el pueblo.

Una nueva Constitución no es la solución de todos nuestros males pero –como bien lo escribió Guillermo Sánchez B., quien tiene 60 años de cuidadosa observación política– es una salida de la grave crisis institucional actual.

¿Por dónde comenzamos los ciudadanos? Buscando consenso de CONATO, CoNEP, Asamblea de la Sociedad Civil, etc., etc., y luego el de los partidos políticos para firmar todos una petición al Ejecutivo, en la que se solicite el inicio de un proceso constituyente previamente acortado. ¡Manos a la obra!

Para aquellos que quieran mostrar de inmediato su deseo de peticionar el proceso constituyente, pueden hacerlo enviándola a la Fundación Libertad Ciudadana, apartado 6-4586 El Dorado. Correo electrónico libertad@cableonda.net. Fax 229-0294.

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