Bien hicieron el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y la dirigencia laboral sentándose alrededor de una mesa, buscando consenso en torno a medidas para reactivar la economía. No obstante, algunos interlocutores parecieran no tener claro que no se trata de una mesa de negociaciones en la que se plantean exigencias clientelistas excesivas para, después del toma y daca, obtener concesiones mínimas, sino que se trata de un diálogo en el que solo debe prevalecer el interés nacional. Tampoco parecieran tener claro que, por lo menos en asuntos de Estado, consenso no significa unanimidad ni mucho menos poder de veto. Bien hace todo gobernante en auscultar la opinión de sus gobernados y tratar de convencerlos de su propia opinión y al final tratar de equilibrar ambas. Lo que no debe hacer un gobierno es dejar de cumplir el deber para el cual se le eligió, cual es gobernar en beneficio de la nación. Por ende, quizás al Ejecutivo no le quede otra que dar por concluido el diálogo, que bastante ha demorado ya, presentando pronto a la consideración de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley sobre el uso del Fondo Fiduciario y activos del área revertida y los límites al endeudamiento público, que reúnen ya la aquiescencia, sino de todos, por lo menos de la inmensa mayoría, no solo de quienes estuvieron conversando sino de la ciudadanía en general.