¿Quién paga la corrupción?

La corrupción, en términos generales, la paga el contribuyente y/o el usuario de las concesiones otorgadas de manera amañada

Franklin Castrellón
fcastrellon@prensa.com

Al referirse a un país equis, el informe de 1999 de Transparencia Internacional dice en parte:

“El país Equis estableció las bases de su democracia en 1991, cuando su dilatado régimen militar fue derrocado mediante protestas masivas, pero aún queda por restablecerse la gobernabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La corrupción en las agencias públicas sigue siendo amplia, imponiendo una carga considerable sobre su economía”.

Proporciones guardadas, salvo la fecha, cualquiera podría adivinar, sin mayor esfuerzo, que ese país es Panamá. No lo es; se trata de la República Popular de Bangladesh, una nación asiática víctima, entre muchos males, de la corrupción que hoy mantiene alarmada a la conciencia nacional. Además de los daños fáciles de imaginar causados por el lastre de la corrupción, debido a ese mal, Bangladesh registró ese año una baja del 50% en la inversión extranjera directa (IED). Y aún más alarmante, la Cámara Americana de Comercio de Bangladesh calcula que la corrupción le cuesta a ese país unos mil 100 millones de dólares anuales.

Y es que los costos de la corrupción, distinto a lo que pueda pensar “el hombre (o mujer) de a pie”, no está referido solo a la reputación de la persona o del país. Alguien tiene que pagar el costo de las coimas, los presupuestos inflados de obras públicas, licitaciones adjudicadas bajo la mesa, y hasta los pagos discretos que se hacen a un policía de tránsito por “perdonar” una boleta o a un funcionario de ventanilla por acelerar un trámite.

La corrupción, en términos generales, la paga el contribuyente y/o el usuario de las concesiones otorgadas de forma amañada. Además, la mala reputación que adquiere un país en donde la corrupción campea, como es el caso de Bangladesh y de este, nuestro querido Panamá, suele ser un detente a la sana inversión extranjera.

Recuerdo como hoy, la ocasión en que hice una entrevista al respecto a un ex ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio, Richard Wainio, para decirlo por su nombre. Al preguntarle sobre el impacto que tenía la corrupción en el inversionista potencial, me respondió que un país con una fama de tal suele atraer más a ”inversionistas especulativos” que a aquellos que desean establecerse a largo plazo y manejar su empresa de manera ordenada.

Para quienes el término “inversionista especulativo” no signifique mucho, se trata de aventureros que quieren llegar a un país con mala fama, establecer una empresa con altos rendimientos para levar anclas una vez logrado su propósito. De ello deducimos que es improbable, aunque no del todo, que un inversionista sano desee establecer una empresa en un país con elevados niveles de corrupción.

En Panamá, igual que en Bangladesh, las raíces de la corrupción son muy profundas. Desde luego que siempre ha habido corrupción, pero esta alcanzó –a nuestro modesto juicio– sus más altos niveles durante los últimos años de la dictadura militar.

Recuerdo muy bien, casi como si hubiese sido testigo, la cantidad de dirigentes populares que fueron tentados por el régimen a cambio de dádivas y sinecuras. Esa fue, a mi criterio, una de las peores herencias que nos dejó ese período político.

Por ello celebro la decisión adoptada (algo tardía para mi gusto) por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, de designar una Comisión de Notables que ya comenzó a rendir frutos con el informe con recomendaciones que presentó el pasado miércoles, 27 de febrero. Habrá quienes intenten restarle méritos al esfuerzo realizado. Pero el mismo es comprehensivo y debe merecer toda la atención del Ejecutivo y de los demás estamentos competentes.

La tarea pendiente es difícil, pues los corruptos tienen sobrados recursos para mantener el statu quo y para restar vigor o viabilidad a los esfuerzos que se realicen. Los sectores decentes de este país, comprendidos por la inmensa mayoría de sus ciudadanos e instituciones, deben mantener y fortalecer la cruzada anticorrupción para lograr los objetivos. Entre estos debe figurar el fortalecimiento de la conciencia nacional para que nuestros ciudadanos escojan en el futuro a políticos honrados y con auténtica vocación de servicio.

El autor es periodista

Verdades inquietantes

El informe de desarrollo humano del PNUD demuestra que el dinero que el país invierte en servicios sociales para los más pobres no se está utilizando en forma eficiente

Mónica Guardia
mguardia@prensa.com

El primer informe de desarrollo humano, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la semana pasada, pone en evidencia una serie de verdades inquietantes sobre las condiciones de vida de un gran número de panameños.

Un millón de panameños son pobres. Las más afectadas son las poblaciones indígenas, que constituyen el 10% de la población del país y viven en condiciones de pobreza catalogada como abismal, masiva y profunda.

En algunos grupos, la esperanza de vida no supera los 40 años. Poblaciones enteras carecen de agua potable, en algunos casos porque hace falta una inversión de 200 dólares, que el conjunto de la población no tiene.

Esta realidad contrasta con la otra cara de la moneda, que también pone de manifiesto el informe: el Panamá de la prosperidad, del centro bancario, de los edificios inteligentes.

“Panamá es una minipotencia”, decía en días pasados uno de los ejecutivos que participaba en una reunión de un think tank local.

Y es que comparados con el conjunto de naciones latinoamericanas, los índices de desarrollo del país no están mal. Panamá es el sexto país de Latinoamérica en ingreso per cápita y el número 49 a nivel mundial, según el Foro Económico Mundial.

En el índice de desarrollo humano figura entre los medios altos del mundo, el número 52 en el ranking mundial.

Esto lo pone de manifiesto el informe cuando detalla que los niveles de gasto que destina el Gobierno para el mejoramiento de la educación y de los sistemas de salud no corresponden a los logros obtenidos.

El informe de desarrollo humano del PNUD demuestra que el dinero que el país invierte en servicios sociales para los más pobres no se está utilizando en forma eficiente.

La información ha aumentado la percepción que desde hace mucho tiempo se tiene en el país: hay que empezar a realizar cambios para que el Panamá pobre pueda mejorar sus condiciones de vida, en un acto de solidaridad promovido por el Panamá próspero.

Las recomendaciones de la Comisión contra la Corrupción son un buen comienzo, que pone de relieve todo lo que anda mal en Panamá.

Es una tarea de todos. Si no reaccionamos ahora, mañana será demasiado tarde. Los ciudadanos tenemos que unirnos para exigir un alto a la corrupción; un gobierno más organizado y efectivo para que el país empiece a cambiar.

Hay mucho por hacer, pero los cambios dependen de cada uno de nosotros. Actuemos.

La autora es periodista

El destino de la Caja

Es la hora de las propuestas, del diálogo sin ventajas, de discutir sin miedo para evitar que el colapso llegue a la institución

Lorenzo Abrego
labrego@prensa.com

La Caja no puede perder su estructura solidaria. Es su esencia, es el nervio que le da vida a esta institución de esperanza social. Eso nunca debe ponerse en juego y, por ello, los que no proponen nada para salvar a la institución a largo plazo están en contra de la solidaridad del Seguro Social.

Es la hora de las propuestas, del diálogo sin ventajas, de discutir sin miedo para evitar que el colapso llegue a la institución. Obviamente esto requiere de madurez y desprendimiento político de todos los sectores, que hasta ahora solo se han preocupado por evitar que les recorten sus conquistas y su poder.

La medida más avasalladora de la vida es el tiempo; nadie lo puede ver, tocar, pero a todos nos doblega. Y es precisamente este hecho el que mantiene a la Caja en el ojo de la tormenta. Más demorará en cantar un gallo, que el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte entre en una situación de crisis, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aunque las advertencias de la OIT no son nuevas, esta vez estima que el período de déficit será más rápido de lo previsto. La plata no puede estirarse, es limitada y cada año es más difícil cubrir las pensiones con el modelo actual.

¿Quiénes serán los responsables de que esto ocurra? Sencillamente los panameños, porque el Seguro Social no es un tema exclusivo de los economistas, actuarios, dirigentes, obreros, políticos, asegurados, sino de toda la sociedad, incluyendo a los viejos de mañana. Aquí, la exclusión no tiene cabida.

Desde que se inició el diálogo por el Seguro Social, los sectores obreros y la dirección de la Caja, en una especie de coincidencia, han comenzado a sacar su discurso populista: hay que defender la Caja porque quieren privatizarla.

Esto es recurrente y hasta algunos van un poco más allá; si alguien propone alguna idea sobre la forma de administrar las pensiones o de optimizar los fondos de la entidad, sostienen que hay una campaña contra el profesor Juan Jované porque este ha comenzado a exigir que los empresarios cumplan con el pago de la cuota al Seguro Social. Nada más alejado de la realidad, porque la ciudadanía respalda esa iniciativa, pero a la vez reclama medidas para evitar el deterioro de la institución.

Y claro, no deben ser soluciones que obtienen el aplauso fácil de los panameños, sino el resultado de un estudio serio que implique responsabilidad del Estado y de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo a los obreros, empresarios y otros.

Querer achacarle toda la responsabilidad a las autoridades (como ente absoluto) para que resuelvan el problema del Seguro –aportando dinero para tapar los baches económicos– por temor a revisar el tema de las edades de jubilación, cotización y cobertura de beneficio a largo plazo, es una ceguera crónica.

Es tratar de proponer plataformas sociales que chocan con la realidad al momento de la práctica porque son irrealizables. Sirven para la teoría, pero no para marcar un modelo que permita que los pensionados de hoy y de mañana no se vean en la necesidad de tener que armarse de una cacerola para exigir sus pagos.

Hay que definir las estrategias para salvar la solidaridad del sistema y no dejar que la miopía del momento impida continuar siendo solidarios con la generación del futuro. De qué vale ser solidarios ahora y mezquinos mañana. Tiene que haber una salida sustentable de acuerdo con los tiempos y eso, obviamente, supone sacrificios de parte de todos.

El autor es periodista