La comisión presidencial, para combatir la corrupción, ha presentado un informe con recomendaciones específicas. Hay algunas que solo pueden lograrse a largo plazo, como aquellas que requieren de una reforma constitucional; otras, a mediano plazo, porque necesitan cambios en la legislación para aplicarlas, pero también hay algunas que podrían ser de aplicación inmediata, si es que de veras existe la voluntad política para convertirlas en realidad. Las recomendaciones están bien pensadas y atienden a problemas reales en la administración pública, pero su efectividad depende del concurso de los tres órganos del Estado. Es difícil, pero no imposible, la ejecución y debida aplicación de las medidas propuestas, si es que realmente se pretende sanear las instituciones de la República. Por supuesto, no faltarán quienes critiquen las recomendaciones, sin proponer otras mejores, pero a palabras necias oídos sordos. La comisión fue nombrada, ha hecho su trabajo preliminar, y quien debe convertirse en promotora de la ejecución de sus recomendaciones es la presidenta de la República. Muy triste sería que nada se hiciera.