Lo siento, ¡se lo dijimos!

Más importante es desplegar acciones y actitudes contra la maldita corrupción rampante que debemos eliminar en beneficio del país

Hemos repetido hasta la saciedad que sería ocioso enumerar los incidentes y circunstancias que sumergieron a la administración Moscoso en las presentes honduras de corrupción o de percepciones de corrupción. En cada instancia hubo muchas personas que sugerían soluciones inmediatas, principalmente que se hicieran públicos los documentos que probaban que tal corrupción o percepción de ella no se basaba en hechos.

Hoy día, dos de esas sugerencias ocupan un prominente primer lugar: Divúlguese todo lo concerniente a las partidas presidenciales discrecionales y elimínense las partidas circuitales. Esto no necesita pruebas. Estoy seguro de que en muchos círculos se estará vociferando el incómodo y desagradable, “se lo dijimos”. De nada sirvió a la presidenta exigirles, a los que sugirieron medidas y a los que acusaron, que presentaran pruebas. Por favor, la investigación de los delitos le toca al Ministerio Público.

Estoy de acuerdo en que la más reciente denuncia de Chito Montenegro de que el contralor “enterró” una auditoría relacionada con la impresión de los billetes de lotería pareciera ser un poco apresurada. Sin embargo, no deja de ser interesante la denuncia en vista de las investigaciones de coimas, sobornos, en los casos de la aprobación del CEMIS y los recientes nombramientos de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente pienso que es lógica la objeción del legislador Blandón F. a que los 71 legisladores se despojen de su inmunidad cuando no todos han sido implicados en la epidemia de cemisitis. No obstante, es evidente que las denuncias de corrupción son intensas y de vieja data. Por lo tanto, todos tenemos que hacer algo efectivo para erradicar la corrupción. Nada pierden los legisladores con despojarse de su inmunidad en los casos citados. Mucho más importante es desplegar acciones y actitudes contra la maldita corrupción rampante que debemos eliminar en beneficio del país.

La propuesta del presidente del Legislativo de llegar a un acuerdo político relativo a una Ley General de Sueldos para reducir los salarios del alto funcionariado gubernamental es buena. Ojalá que la presidenta Moscoso aproveche esto para rebajar los salarios de sus altos funcionarios quienes, hay que admitirlo, no son vistos como los más eficientes servidores públicos. Está muy bien que se haga énfasis en que el presidente y los vicepresidentes legislativos cobran altos salarios. Pero está mal que después de tantas veces que se ha sugerido esta medida, el Ejecutivo se resista a aplicarla. No hay duda de que esto le daría una leve esperanza al pueblo, de que a lo mejor se van a tomar medidas efectivas, de ahora en adelante, para probar que es verdad que el Gobierno se preocupa por los más necesitados y por la eliminación (el inicio de ella, digo yo) de la corrupción que un alto porcentaje de la ciudadanía denuncia…con pruebas o sin ellas.

Aplaudimos la aparente inclinación presidencial por extender el plazo de 30 días estipulado para el informe de la “Comisión presidencial para combatir la corrupción”. Existe la convicción de que la comisión nombrada está haciendo y hará un buen trabajo. Pero lamento señalar que la iniciativa de eliminar las partidas discrecionales y las partidas circuitales debió haberse tomado hace tiempo.

Es preciso reconclavar que el Ministerio Público debe investigar cabalmente los notorios casos de “presunta” corrupción que mantienen en vilo al país. De más está decir que toda la ciudadanía debe colaborar en este empeño. Si no lo hacemos ahora, muy pronto podremos señalar que no lo haremos nunca. Insto a la presidenta de la República a agarrar ese toro por los cachos. Puede hacerlo inmediatamente con acciones que todos aplaudiremos y que no se deben posponer. ¡Panamá es inmortal!

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