Para todos los efectos prácticos, Colombia se encuentra en estado de guerra interna con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, eventualmente, otros grupos irregulares podrían sumarse a la lucha. Los países limítrofes han tomado las medidas necesarias para custodiar sus fronteras, y Panamá no ha sido la excepción. Poco tiempo después de que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunciara la ruptura del proceso de paz y el fin de la zona desmilitarizada, el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional anunció medidas concretas para reforzar la vigilancia en las fronteras, en los puertos y aeropuertos del país. Otro tanto debe hacerse en el espacio aéreo y marítimo, así como en las tareas de inteligencia, ahora más importantes que nunca. Es un problema muy serio que depende de complejas circunstancias sobre las cuales Panamá no tiene ningún control. Lo único que podemos hacer es adoptar las medidas que la prudencia aconseja. Sin embargo, hay que ir más allá para prepararnos en caso de que la situación se agrave a extremos que no podamos manejar. Para ello es indispensable realizar las gestiones pertinentes ante los organismos internacionales y países que nos puedan proporcionar ayuda de seguridad y de atención a los refugiados, que fácilmente pueden rebasar nuestros recursos y capacidades.