Aumentan a 920 los reclusos en huelga
LIMA, Perú (AFP). —Nuevos reclusos condenados por terrorismo se plegaron a la huelga de hambre que iniciaron el 11 de febrero en las cárceles peruanas los ex líderes guerrilleros Abimael Guzmán (67) y Víctor Polay (50), con lo cual ya suman unos 920, mientras el Gobierno reafirma que no negociará con ellos.
Guzmán, fundador y jefe de la agrupación de tendencia maoísta Sendero Luminoso, y Víctor Polay, jefe del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista) desafiaron al gobierno de Alejandro Toledo al informar a la Defensoría del Pueblo que no depondrán su actitud pese al pedido de esa institución.
“No hemos logrado persuadir a los líderes de la huelga para que suspendan su medida, y el número de huelguistas subió a unos 920 al haberse plegado más internos a pesar de algunas deserciones”, declaró a la AFP Wilfredo Pedraza, defensor adjunto para asuntos penales.
El funcionario indicó que Guzmán y Polay, sentenciados desde 1992 a perpetuidad y presos en la base naval del puerto El Callao, vecino a Lima, le comunicaron que mantendrán la huelga hasta que el gobierno de Toledo cambie su actitud de negarse a discutir sus demandas de mejores condiciones carcelarias y nuevos procesos.
En el Perú hay un total de dos mil 600 presos por el delito de terrorismo. La huelga es acatada en prisiones de Lima y provincias, y representa un serio desafío para el gobierno de Toledo tratar de resolverla sin recurrir a medidas represivas.
Pedraza aseveró a la AFP que la Defensoría renovará este viernes sus gestiones humanitarias para persuadir a los dirigentes de la huelga, cuando retorne a la base naval a ver a Guzmán y Polay.
“Trataremos de que entiendan de que no habrá ninguna reacción (positiva) del Gobierno, mientras ellos mantienen esa actitud. Tenemos que convencerlos -agregó- que su decisión no ayuda en nada a solucionar sus demandas”.
El ministro de Justicia, Fernando Olivera, de su lado, calificó de “chantaje” pretender que se negocie desde una posición de fuerza y advirtió que el Gobierno aplicaría la ley con firmeza.
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