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Los supuestos herederos de la Panama Railroad Company reclaman derechos sobre terrenos en la Zona Libre y amenazan con desalojar a varios comerciantes del área

Hablar de un encontronazo con un tren nos trae a la mente ideas de desastre y fatalidad. En el caso de la sociedad denominada Panama Railroad Company, a pesar de que no hay un caballo de hierro de por medio, la connotación —al menos en términos económicos— ha sido la misma para los empresarios colonenses que han tenido la mala suerte de encontrarse en su arrollador camino.

Hasta ahora, siempre se ha creído que las tierras administradas por la Zona Libre de Colón (ZLC) eran propiedad de la Nación. Pero resulta que hay un grupo de personas que, amparándose bajo un supuesto derecho de propiedad sobre terrenos que en un momento pertenecieron a la Panama Railroad Company, amenazan con usurpar los inmuebles de varios comerciantes establecidos dentro e incluso fuera de la zona franca.

Entre los que reclaman figuran Legrande Norris Lamb —presidente y representante legal de Panama Railroad Company— y su hermano Donald Lynn Lamb. Además, Joseph Debella, Iván Harris, Aristides Valdés, Luis Alberto Alvares, Robert More, Anel Guillén Villarreal y Santiago Guillén Peralta.

Todas estas personas han sido querellados criminalmente por supuesta falsedad de documentos, usurpación, estafa, encubrimiento, asociación ilícita y extorsión por la Cámara de la Propiedad Urbana de Colón —gremio que agrupa a varias de las empresas afectadas— representada por la firma forense Rubio, Alvarez, Solís y Abrego.

De acuerdo con el abogado David Alberto Davarro, la Panama Railroad Company obstaculiza el proceso mediante el cual los comerciantes de la Zona Libre obtienen el título de dominio sobre los inmuebles que construyen en los terrenos que les arrienda la Administración de la ZLC para establecer sus negocios. Con ello, la empresa busca obtener una “injustificada e ilegal compensación económica”, asegura Davarro.

A tal extremo ha llegado el asunto que Panama Railroad Company ha secuestrado bienes muebles e inmuebles y, en algunos casos, hasta cuentas bancarias de los comerciantes.

Al parecer, para nada ha contado una reciente opinión de la Procuraduría de la Administración, que advirtió que las áreas que fueron revertidas a Panamá a raíz de los Tratados Torrijos-Carter son de dominio de la Nación y, por lo tanto, no proceden las reclamaciones de los supuestos herederos de Panama Railroad Company.

Carlos Moore, abogado de Panama Railroad Company, reveló que su cliente tiene “como 25 casos” contra empresarios colonenses, interpuestos en diferentes tribunales de la provincia atlántica, entre ellos, Alma Import & Export, Attia & Attia, Corporación de Costas Tropicales Panamá y Colón (Colón 2000), Oficina Quijano, S.A., Víctor Lum Lee, Panama Canal Railway Company, Rada Internacional, S.A., y Nirzvi, S.A.

Las dos últimas —Rada y Nirzvi— son las únicas que mantienen procesos judiciales pendientes con Panama Railroad Company.

¿Qué ocurrió con el resto de las empresas demandadas? ¿Quién es el verdadero dueño de las fincas en litigio? ¿Existe la Panama Railroad Company?

El 21 de diciembre de 1999, Rada y la Administración de la ZLC suscribieron un contrato de arrendamiento del lote No. 912, sobre el cual Rada desarrolló un inmueble de cinco plantas. Como es de rigor, la empresa acudió a los tribunales a solicitar la expedición del título constitutivo de dominio sobre las mejoras construidas en el terreno arrendado.

Pero de repente, en medio del proceso, apareció la Panama Railroad Company, que alegaba ser titular de los terrenos amparándose en un contrato-ley de concesión del Gobierno de la República de Nueva Granada —hoy Colombia— publicado en la Gaceta Oficial 1128, de 9 de junio de 1850.

Este contrato otorga a Panama Railroad Company varios privilegios exclusivos, entre ellos, la operación del ferrocarril y la navegación por el río Chagres.

El 28 de marzo de 2001, el abogado Carlos Moore, en nombre de Panama Railroad Company, interpuso incidente de oposición contra el proceso para obtener el título constitutivo de dominio solicitado por Rada.

“Panama Railroad Company se considera sin duda de buena fe dueña de esa área, en la cual ha ejecutado constantemente actos de dominio”, alegó Moore.

Lo mismo ocurrió con Nirzvi. Los abogados de Lamb —en este caso Aubrey Oliver Dawkins Samuels y Gisela Dudley— presentaron otro incidente de oposición contra el proceso para obtener el título constitutivo de dominio que solicitó Nirzvi el 26 de julio de 2000. En este caso, Panama Railroad Company (PRC) también alega ser propietaria de la finca concesionada.

Moore reconoció que el resto de las empresas afectadas por los reclamos de la Panama Railroad Company ha decidido solucionar el problema mediante “transacciones” extrajudiciales a favor de la PRC.

El gerente de la ZLC, Jorge Fernández, reconoce que eso ha pasado: “hemos tenido casos de empresarios que nos dicen que ciertas personas se le acercan y le dicen que esto es un proceso largo, pero que con 'X' cifra de dinero, ellos retiran la demanda”.

Donald Lamb no parece muy contento con estos arreglos, porque se queja de que ninguno de los empresarios aludidos ha pagado lo que supuestamente ha acordado con la Panama Railroad Company.

Pero, ¿por qué emprenderla contra empresas establecidas en la zona franca?

Resulta que, según Donald Lamb —accionista de la Panama Railroad Company— la ZLC fue creada en 1948 sobre la finca 464, propiedad de la Panama Railroad Company. “La Zona Libre tenía nada más el usufructo” de la tierra, no así los empresarios establecidos en ésta, se queja.

Los abogados de Lamb aseguran que la finca en donde está asentada la zona franca —la No. 3442, inscrita en el tomo 402, folio 247 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Colón— no es más que un “traslape ilegal” sobre la finca 464. En ello concuerda Lamb, quien insistió en que “la Zona Libre no tiene el título ni la propiedad” y de eso dice “tener pruebas".

Lamb mostró a La Prensa un documento expedido por el Registro Público el 2 de febrero de 2002, que certifica que la Panama Railroad Company es propietaria de la finca No. 464, inscrita el 9 de febrero de 1915, al tomo 47, folio 460, actualizada al rollo No. 28697, documento No. 5, de la Sección de la Propiedad del Registro Público de la Provincia de Colón. (Ver facsímil).

Tan convincente parece ser la Panama Railroad Company que logró que una familia colonense instalara su residencia dentro de una bodega en la ZLC, lo que afectó a los comerciantes arrendatarios del terreno.

Dado que se supone que los terrenos que reclama la Panama Railroad Company son propiedad de la Nación, a la Administración de la ZLC no le ha quedado otra que intervenir en el asunto.

Así, en noviembre de 2001, los abogados Andreas Vasilópulos y Sae Anh Park, apoderados legales de la ZLC, interpusieron tercería en el proceso para obtener el título constitutivo de dominio por mejoras construidas en terrenos ajenos que habían solicitado Rada Internacional, S.A, y Nirzvi.

Con esta acción, la ZLC pretende demostrar legalmente que los contratos de arrendamiento a favor de Nirzvi y Rada se verifican sobre terrenos propiedad del Estado, administrado por la ZLC, explicó Vasilópulos.

Según los abogados de la ZLC, el contrato realizado por la República de Nueva Granada el 9 de junio de 1850 fue anulado con la Constitución de la República de Panamá de 1904. De hecho, el artículo 147 de la Carta Magna disponía que “todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella ni a las Leyes de la República de Panamá”.

Vasilópulos y Park recuerdan que Panamá, al adquirir su independencia y soberanía de la República de Nueva Granada en 1903, suscribió con el Gobierno de Estados Unidos el tratado para la construcción del Canal, con lo cual dejó totalmente sin efecto concesiones realizadas con antelación contrarias a la Constitución.

Según Alberto Davarro, el abogado de la Cámara de la Propiedad Urbana de Colón, el grupo de Lamb se apropió de todas las fincas inscritas en el Registro Público a nombre de la Panama Railroad Company, “aun cuando las inscripciones de estas fincas debieron ser canceladas desde 1959, según el Decreto 434” de ese mismo año.

¿Qué es Panama Railroad Company?

Donald Lamb, quien dice ser accionista de Panama Railroad Company, muestra los documentos que supuestamente acreditan a la compañía.

Es una sociedad constituida en el Estado de Nueva York el 7 de abril de 1849 e inscrita en el Registro Público panameño apenas a partir de 1999. Fue adquirida por la sociedad francesa Compañía Universal del Canal Interoceánico en 1881, la que, a su vez, fue comprada por la Nueva Compañía del Canal de Panamá en 1894, también de capital francés. Finalmente, la Panama Railroad Company pasó a manos del Gobierno de Estados Unidos en 1904.

Se supone que la compañía dejó de existir en 1948, cuando fue reincorporada como un brazo operativo del Canal, que era por entonces una agencia federal de Estados Unidos, que posteriormente fue nombrada Compañía del Canal de Panamá, en 1950, y que subsistió como la Comisión del Canal de Panamá de 1979 a 1999.

Donald Lamb —quien dice que heredó las acciones de su bisabuelo, J.J. Buchanan, director de la Panama Railroad Company en 1903— afirmó que no existe ningún documento que avale la compra-venta entre el Gobierno estadounidense y la compañía francesa. “Y sin ese documento —dice— no se puede probar que el Gobierno americano es dueño de nada [sic]”.

Pero Davarro dice tener pruebas que demuestran que el Gobierno estadounidense sí adquirió la totalidad de las acciones de la Panama Railroad Company, hasta que la sociedad fue incorporada a la Comisión del Canal de Panamá (hoy Autoridad del Canal de Panamá).

Como se sabe, posteriormente Estados Unidos, en virtud del Tratado Torrijos-Carter, transfirió a Panamá todos los derechos, títulos e intereses que mantuviera en las propiedades, instalaciones y equipos del ferrocarril.

Pero, aunque al revertir a Panamá dichos bienes fueron inscritos nuevamente a nombre de la Nación, subsistieron en el Registro Público las inscripciones de fincas inscritas a nombre de Panamá Railroad Company. Estas inscripciones debían ser canceladas en cumplimiento del decreto No. 434 de 1959, emitido en su momento por el entonces presidente de la República, Ernesto de la Guardia. No obstante, esto no ocurrió.

Actualmente, hay una comisión interinstitucional —integrada por abogados de la ZLC, la Autoridad de la Región Interoceánica y los ministerios de Economía y Comercio— que trabaja en una propuesta para solicitar al Registro Público que ordene la cancelación de la inscripción de varias fincas que están a nombre de personas naturales o jurídicas, pero que traslapan propiedades del Estado.

Ese “desliz” es el que sirve de base para los reclamos de los supuestos herederos de la Panama Railroad Company.

Según Davarro, Lamb y su grupo, “valiéndose de declaraciones falsas en instrumentos públicos, se han apropiado de acciones de la sociedad Panama Railroad Company y se auto nombraron directores, dignatarios, apoderados y propietarios de dicha corporación” con el propósito de “hacerse como dueños de las inexistentes fincas que aún, por error, se mantienen inscritas en papel en el Registro Público de Panamá”.

Para Donald Lamb, en cambio, el asunto es muy simple. “¿Quién tiene las acciones? Ellos [la ZLC y los abogados del caso] nunca van a poder probar que el Gobierno americano compró nada —recalcó—. La compra no existe entre los franceses y Estados Unidos; no existe en Washington ni existe en París”.

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