Los contratos del Consorcio San
Lorenzo
Redacción de La Prensa
planas@prensa.com
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El contrato-ley del CEMIS fue aprobado por la Asamblea Legislativa por unanimidad, después de que se le introdujeron varias modificaciones.
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Ha sido la noticia de este año. El polémico contrato del Consorcio San Lorenzo que le permitía la construcción de un parque industrial y un aeropuerto en una concesión de 40 años prorrogables más otros beneficios. Pero, tras múltiples críticas, los contratos fueron modificados y se terminó con una concesión a 30 años más otros 30 prorrogables. Finalmente, el 31 de diciembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de forma unánime.
Pero la verdadera polémica comenzó cuando el legislador Carlos Afú denunció, dinero en mano, que él y otros legisladores habían recibido dinero para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS). El cuento aún no termina. En el Ministerio Público se adelanta una investigación que podría pellizcar, por primera vez, peces gordos del mundo político y empresarial. No obstante, todo está por escribirse en esta historia que se escribe por capítulos.
13 de mayo de 2001
Entregan en acto público bajo la modalidad de llave en mano la licitación pública al Consorcio San Lorenzo para desarrollar el Centro Multimodal y de Servicios (CEMIS) en la provincia de Colón.
12 de junio de 2001
Se ordena hacer una serie de modificaciones al contrato del Consorcio San Lorenzo
3 de septiembre del 2001
Se presenta a la Asamblea Legislativa el contrato entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo para desarrollar el CEMIS. El proyecto comienza a ser discutido sin intervenciones ni mayores comentarios de los legisladores de la Comisión de Comercio e Industrias.
3 de noviembre de 2001
La Zona Libre de Colon compró a la Caja de Ahorros, a un cómodo precio, más de 22 hectáreas de terreno para ser utilizadas por el consorcio para el desarrollo del CEMIS. La Caja de Ahorros traspasó a título de venta a la ZLC la finca número 11554 para que el Consorcio San Lorenzo desarrolle el CEMIS.
12 de noviembre de 2001
Stephen Jones, representante legal del Consorcio San Lorenzo, se muestra preocupado de que la Asamblea Legislativa no apruebe el CEMIS y declara que aceptará las modificaciones al contrato que sean necesarias al contrato.
27 de noviembre del 2001
Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio, anuncia que, por sugerencias de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre (AU), el CEMIS debe recibir una serie de modificaciones.
7 de diciembre de 2001
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, entrega al ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, las modificaciones al CEMIS.
10 de diciembre del 2001
Arrecian las críticas contra el Consorcio San Lorenzo. La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón denuncia graves perjuicios para los empresarios de llegar a aprobarse el CEMIS. Los usuarios denuncian que habrá competencia desleal. Piden reformas integrales al contrato. La AU denuncia que el contrato otorga una serie de privilegios fiscales al consorcio San Lorenzo.
12 de diciembre del 2001
Legisladores de Gobierno y del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la dirigencia de la AU se reúnen en el “edificio inteligente” para hablar sobre el CEMIS.
29 diciembre del 2001
Tres meses después de haber sido presentado, la Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad el Contrato del Consorcio San Lorenzo para desarrollar el CEMIS.
15 de enero del 2002
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, y el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, sancionan el contrato del Consorcio San Lorenzo en la ciudad de Colón. Ese mismo día, el contralor Alvin Weeden lo refrenda.
16 de enero de 2002
El legislador del PRD, Carlos “Tito” Afú confiesa haber recibido 6 mil dólares a cambio de su voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, por medio del cual se desarrollará CEMIS en Colón.
17 de enero del 2002
Se publica en la Gaceta Oficial el contrato-ley.
El primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, afirmó que aunque “sea cierto el reparto de dinero entre algunos legisladores” del opositor partido PRD, eso “para nada afectará” el desarrollo del CEMIS.
Por su parte, la procuradora de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, ordena la conducción del Carlos Afú y le toma declaración jurada a los también legisladores perredistas Balbina Herrera, Miguel Bush y Héctor Alemán, por las denuncias de soborno.
18 de enero de 2002
Se contradicen en sus declaraciones los legisladores del PRD Mateo Castillero y Tomás Altamirano Duque sobre soborno en la Asamblea.
19 de enero de 2002
El secretario general del PRD, Martín Torrijos, afirma que su partido nunca ha negociado ni ordenó negociar el voto de sus legisladores para aprobar en la Asamblea el proyecto del CEMIS.
Torrijos acusa al Gobierno de utilizar “armas corruptas” para lograr la ratificación de los magistrados, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, en alusión al millón y medio de dólares que presuntamente recibió Carlos Afú.
20 de enero de 2002
En medio del escándalo de sobornos, los ex presidentes Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares se suman a la petición de varios sectores al solicitar la renuncia de los nuevos magistrados de la Corte, Spadafora y Cigarruista.
Pérez Balladares advierte, además, sobre las intenciones del Gobierno de destituir al procurador José Antonio Sossa para apoderarse del Ministerio Público.
21 de enero de 2002
El legislador del PRD Carlos “Tito” Afú ratifica sus denuncias al reiterar que fue su copartidario Mateo Castillero quien le entregó un sobre con 6 mil dólares para que votara en favor del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo
22 de enero de 2002
En medio del escándalo de soborno, finalmente la presidenta de la República, Mireya Moscoso, sanciona la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que establece el acceso público a la información.
22 enero de 2002
Los magistrados Winston Spadafora, César Pereira Burgos y José Manuel Faúndes apoyan inicialmente un proyecto de borrador del magistrado sustanciador Alberto Cigarruista que considera como no viable la indagatoria ordenada por el Ministerio Público contra el legislador perredista Carlos Afú, por las denuncias de soborno en la Asamblea Legislativa.
23 de enero de 2002
Distintas organizaciones obreras marchan hacia la Presidencia de la República en contra de los actos de corrupción.
24 de enero de 2002
El Ministerio Público inicia investigaciones de compra de votos de legisladores para la aprobación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.
Se solicita una serie de evidencias documentales, como actas y videos de la sesión extraordinaria del 9 de enero pasado, cuando fueron ratificados los magistrados.
25 de enero de 2002
El Ministerio Público lleva a cabo una inspección ocular en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, durante la cual se recuperaron documentos y un video de las cámaras de seguridad incompleto, relacionados con las sumarias que se adelantan por las denuncias de soborno dentro de este órgano de Estado.
27 de enero de 2002
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias, Iván Cohen, pide que las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre supuesto soborno en el nombramiento de los magistrados de la Corte, no se “dilaten” porque se corre el riesgo de que la democracia “se caiga”.
31 de enero de 2002
El arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, solicita a las autoridades del Ministerio Público que investiguen las denuncias sobre los casos de corrupción que se han ventilado en los últimos días en la ratificación de los magistrados y soborno a legisladores.
4 de febrero de 2002
La Procuraduría General de la Nación ordena el impedimento de salida a Martín Rodin y Stephen Jones quienes figuran entre los principales accionistas del consorcio San Lorenzo.
6 de febrero de 2002
Denuncian que un mensajero de la empresa Eberhard Trading Company —de la cual Martín Rodin es uno de sus principales accionistas— cambió al menos siete cheques, que suman más de 300 mil dólares contra cuentas del CEMIS en Banistmo.
7 de febrero de 2002
Encuesta de Dichter & Neira muestra que la mayoría de los panameños cree que sí hubo soborno en el proceso de ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, y en la aprobación del contrato ley para el desarrollo del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS).
14 de febrero de 2002
El secretario del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, denuncia que el contralor Alvin Weeden “enterró” un áudito que realizaba la Contraloría General de la República contra la empresa Impresora Técnica Especializada, S.A., del legislador Tomás Gabriel Altamirano Duque, para que este votara a favor de las ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.
17 de febrero de 2002
Cuatro emisarios de Martin Rodin sacaron documentos de la oficina de Lew Rodin, informó el propio empresario afectado. Esos documentos pueden ser claves en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, dijo Rodin padre, de 82 años, quien además acusa a su propio hijo Martin de ser “un ladrón”.
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