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La “Comisión presidencial para combatir la corrupción”, designada por decreto ejecutivo el pasado 22 de enero, tiene que rendir informe de sus actuaciones el próximo 22 de febrero. Es obvio que, aunque mucho puede haber adelantado en el diagnóstico de la situación general en la cultura de la corrupción que permea casi todos los estratos políticos, mercantiles, sociales y gremiales del país, hay muchas cosas en particular que requieren de más tiempo para precisarlas y evaluarlas. Afortunadamente, el término de 30 días establecido en el decreto no es fatal ni improrrogable. Específicamente el decreto señala que la comisión “...rendirá un primer informe ante la Presidencia de la República, a los treinta días de su instalación”. Por ello, parece prudente que la comisión rinda su informe sobre los 30 días de labores, pero que a la vez solicite una ampliación de su vigencia para atender los asuntos que no ha podido considerar por la falta de tiempo. No se puede pretender que una comisión ad-honorem, logre evaluar las normas y procedimientos de la administración pública, identificar sus deficiencias y elaborar las normas y trámites “...que eviten, en todas sus modalidades, la práctica de actos de corrupción”. La misión es ambiciosa y, por supuesto, requiere de mayor tiempo para que realmente rinda los frutos que se esperan de ella.

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Panamá, 18 de febrero de 2002