Constituyente e institucionalidad

Si todos ponemos de nuestra parte, saldremos de la crisis con la nación –o lo que queda de ella– intacta

Una verdad de a puño: la Asamblea Nacional no podrá funcionar más. El escándalo en pleno desarrollo la ha despojado de todo derecho político y moral a tomar decisiones que afectan al país. Para reconclavar, su planilla (con la constelación de botellas y los sueldos desaforados que pagan a funcionarios de cuyos servicios puede prescindirse sin que nadie note la diferencia) expuesta al escrutinio público, ha completado la obra de descrédito iniciada por los propios legisladores. Además, no sé cómo estos van a verse las caras en la plenaria y resistir la tentación de rompérsela unos a otros. Cuando cualquiera de ellos se levante a hablar, los otros se preguntarán: ¿cuánto le habrá tocado a éste? Ningún cuerpo legislativo puede funcionar en tales condiciones. La lógica política más elemental aconseja disolver la Asamblea y convocar a una Constituyente. En otra parte expliqué por qué considero que ésta no es una verdadera solución, pero ¿qué otra queda? Mejor dicho: no es una solución, sino una salida a una de las peores crisis políticas de nuestra historia. Ahora bien, ¿cómo optar por ella sin poner en peligro la institucionalidad (porque una Constituyente paralela sería un ejercicio inútil)? Estoy seguro de que los abogados, especialistas en el arte de cuadrar el círculo, darán con la fórmula adecuada.

Alguien es partidario de que la presidenta encargue a un grupo de juristas independientes la tarea de redactar una nueva ley fundamental. Porque no importa cómo evolucione la crisis, desembocará en una Constituyente. Y es preferible trabajar sobre un texto escrito por expertos, a que inexpertos diputados improvisen uno en caóticas sesiones plenarias.

Son muchas las razones que militan a favor de una nueva constitución. ¡Hay tantas cosas que cambiar! Para no salirnos del plano político: es preciso reducir el número de legisladores a 40. Panamá no necesita, ni puede pagarse, los 71 actuales. Urge eliminar, también, los suplentes (a quienes pagan sueldazos que ponen los pelos de punta). ¿En lugar de los suplentes qué? Es muy sencillo: si fina un legislador, se convoca a elecciones para escoger sucesor en su circuito, como hacen en otras latitudes. Resultaría más barato, en todo caso, que mantener a 142 gandules. Tampoco necesitamos dos vicepresidentes; con uno solo basta. La única función del vice es, en caso de muerte, reemplazar al presidente. Eso de los dos vicepresidentes (como los dos suplentes del diputado) es una fórmula para facilitar a los partidos la concertación de alianzas electorales; pero el resto de los panameños no tenemos por qué financiar sus maniobras y pactos.

Hace tiempo que la Asamblea de Representantes de Corregimiento dejó de existir en la realidad, no así en la planilla del Estado. Es hora de convertir una situación de hecho en una de derecho. En vez de los representantes, ¿qué? Volver a los concejales y fortalecer el municipio, célula y bastión de la democracia. Nadie pretende que trabajen por amor al arte, sino que les paguen por el sistema de dietas, vale decir, a destajo.

Cuando llegue la hora, los ministros deben renunciar en masa para que pueda nombrarse un gabinete que sea una garantía para todos los bandos políticos y para la opinión pública. Y si todos ponemos de nuestra parte, saldremos de la crisis con la nación –o lo que queda de ella– intacta. Eso sí, nada de parches ni de curitas: soluciones de fondo, porque lo que está en cuestión no es sólo la Asamblea, sino los otros dos órganos del Estado, sobre los que flota una negra nube de dudas y sospechas, muchas de ellas justificadas.

¿No contradice esto lo que dije en mi artículo “Entre Maquiavelo y Savonarola”? Para evitar que se cumpla el sombrío vaticinio, habría que tomar algunas providencias. Una de ellas: reinstaurar la figura del diputado nacional, que enunció brillantemente Guillermo Andreve en 1928, y que con tanto éxito se puso en práctica en las elecciones de 1945 para constituyentes. Se trata de que los principales partidos postulen y se echen al hombro a 10 personas eminentes –en diversos campos del saber–, porque los electores (que tienen debilidad por los pillos sonrientes y palmeadores) jamás votarían por ellos. Los 10 diputados, elegidos por ciudadanos de todo el país, elevarían el tono general del debate, dirigiendo y encarrilando a los diputados agrestes y peludos (a quienes también considero indispensables, otro día explicaré por qué), para que no ahoguen las sesiones plenarias en un mar de minucias, intereses de campanario y vociferaciones demagógicas. Sólo así podremos llegar a un documento por lo menos de la misma calidad que el del 46.

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