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Investigaciones y obstáculos

Se adicionó un eslabón más a este escándalo de sobornos a funcionarios

Las diligencias que emprende el Ministerio Público, tras el escándalo sobre el presunto soborno a funcionarios, registró un bajón en términos informativos durante la última semana. Sus razones no obedecen exclusivamente a las fiestas carnestolendas. Los agentes de instrucción responsables de las investigaciones –junto a un equipo especializado de auditores y contables– entraron en una etapa de importancia suprema para las indagaciones que llevan a cabo: el análisis de transacciones bancarias y el estudio de los registros de llamadas telefónicas.

Sus primeras tareas, como se recuerda, consistieron en la recepción de declaraciones juradas a legisladores, funcionarios y particulares que puedan aparecer directa o tangencialmente vinculados con los hechos delictivos denunciados. Tras la información recabada como consecuencia de la práctica de varias diligencias, la Procuraduría General de la Nación ordenó la toma de declaración indagatoria no solo a los legisladores Carlos Afú Decerega y Mateo Castillero Castillo.

Dos altos ejecutivos del Consorcio San Lorenzo, que suscribió un contrato con el Estado que contempla el desarrollo del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) en Colón, también serán sometidos a una declaración indagatoria.

Martín Rodin, quien figura entre los principales accionistas del consorcio, y su representante legal, Stephen Jones, podrían enfrentar cargos tras los últimos hallazgos.

Previo a ello, el Ministerio Público había ordenado asimismo el impedimento de salida del país de ambos ejecutivos, pero la medida aparentemente llegó tarde. Rodin había viajado a Cuba y su socio Jones, junto con su familia, salió de Panamá rumbo al viejo continente.

Con esa medida, Rodin y Jones se convertían en la tercera y cuarta persona a quienes se les restringe salir del país. Actualmente tienen el mismo impedimento de salida del territorio nacional, los legisladores Afú y Castillero. Ayer jueves estaba previsto que Martin Rodin acudiera a la Procuraduría a cumplir con la orden girada en su contra. Se desconoce si Jones emulará las acciones de su socio.

Pero la presencia ayer de Edgar Enrique Montenegro Diviazo, secretario general del Frente Nacional contra la Corrupción, en la sede principal de la Procuraduría, dio un giro sorprendente a la agenda informativa del día. Y no solo eso: en el Ministerio Público se tomaron acciones inmediatas.

La petición de Montenegro fue directa: verificar la existencia de una auditoría a la Compañía Impresora Técnica Especializada, S.A., cuyos resultados arrojaron un supuesto sobreprecio de 7 millones de dólares en el cobro de la impresión de chances y billetes de lotería. De acuerdo con la información entregada por Montenegro al Ministerio Público, el contralor Alvin Weeden, presuntamente, ordenó el archivo del expediente. Todo ello, según la información que se le facilitó al Frente Nacional contra la Corrupción, luego que se ratificó en la cámara legislativa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.

Adicionalmente, el Frente Nacional contra la Corrupción solicitó al procurador Sossa que investigue las razones por las cuales se aumentó de 38 millones de dólares a 47 millones de dólares el beneficio económico que obtiene la referida empresa por la mencionada impresión de los billetes. Ayer la fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, encabezó una diligencia de inspección en la Contraloría, tras ser comisionada para ello por el procurador José Antonio Sossa.

Un eslabón adicional se incorporó a este escándalo sobre sobornos a funcionarios. Las investigaciones que realiza la Procuraduría podrían enfrentar otro obstáculo: dentro de 10 días, los legisladores retoman su inmunidad parlamentaria, debido a que el 1 de marzo próximo reinician las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Y la Constitución política es clara sobre este particular: “ Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad”. Si las matemáticas no fallan, el próximo domingo 24 de febrero, los 71 legisladores reasumen su inmunidad.

Argentina busca una salida

No es fácil obtener el respaldo de una población afectada por el hambre, el desempleo y la pobreza

¿Qué sucederá con Argentina? Es impredecible definir el futuro de los argentinos, sobre todo cuando la crisis económica continúa y el gobierno del presidente Eduardo Duhalde toma medidas riesgosas, pero necesarias, para buscar alguna salida.

Lo único seguro es que se avecinan nuevas tempestades para Argentina. Su presidente, Duhalde, acosado casi a diario por las protestas de los desempleados, ha redoblado la presión para destituir a los miembros de la Corte Suprema y recortar el gasto de la burocracia, mientras surge el temor de que el abandono del sistema de convertibilidad cambiaria –que desde 1991 ataba el peso con el dólar– pueda hacer que se dispare la inflación.

Aunque en estos primeros días no se han cumplido las profecías de los analistas, que esperaban una brusca devaluación del peso al flotar libremente, todavía no se puede bailar tango.

Lo lamentable es que ya se han registrado alzas en renglones del sector alimentario como carnes y cereales, y se ha comprobado el encarecimiento de medicamentos y bienes de consumo como automóviles y electrodomésticos, hecho que puede aumentar el conflicto social.

Con la destitución y el enjuiciamiento de los miembros de la Corte Suprema de Argentina, cuestionados popularmente por haber respaldado los planes económicos que desembocaron en la actual crisis, Duhalde pretende obtener el respaldo de un país con una deuda pública de 142 mil millones de dólares y un alto índice de desempleo.

No es fácil obtener el respaldo de una población afectada por el hambre, el desempleo, la pobreza, y que se siente traicionada por la clase política; y como si fuera poco, entre la espada y la pared por el denominado corralito financiero, decreto que limita el retiro de los escasos ahorros ante la falta de capital de los bancos. El mes pasado la Corte declaró inconstitucional el corralito financiero, pero el Gobierno recurrió de nuevo a un decreto para mantenerlo vigente. Tampoco será un paseo el enjuiciamiento de los magistrados (sobre quienes pesan 30 pedidos de juicio político, y generalmente son ligados al ex presidente Carlos Menem), lo que podría desencadenar una batalla política en un país donde la democracia peligra.

Las medidas adoptadas en el campo económico (la liberación del peso y la flexibilización del corralito financiero), aunque riesgosas, son necesarias para intentar obtener dinero del FMI, que en diciembre hizo estas exigencias al suspender el desembolso de mil 300 millones de dólares que formaban parte del plan econó mico en ese entonces.

En ese aspecto, Argentina va por buen camino al restablecer el diálogo con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, lo que además le sirve para tratar de recuperar la credibilidad mundial. Argentina estima que necesita entre 22 mil ó 23 mil millones de dólares para empezar a reconstruir su economía.

Pero cualquier plan económico que se acuerde con el FMI tendrá que incluir un componente social para generar empleo y combatir la pobreza.

Acertadamente, Duhalde ha propuesto una reforma en su país, de tal manera que la Constitución contemple la reducción de los gastos de las entidades públicas.

Dicha reforma política abriría paso a una nueva República: con la ratificación del actual sistema presidencialista o bien el establecimiento de un régimen parlamentario. Más importante aún es que se limitaría el gasto del Parlamento nacional y de las legislaturas provinciales. De igual forma, eliminaría los gastos reservados, fondos extras libres de rendición de cuentas de que disponen tanto la Presidencia, como los ministerios, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y otros organismos gubernamentales.

En conclusión, las medidas económicas ya se han comenzado a implementar y la reforma política que las complementa ya se promueve. Ahora solo hace falta que el tiempo determine si se ha hecho lo correcto para evitar el colapso del país.

Cicerón en tiempos de Afú

“Los legisladores no son merecedores de ese reconocimiento, puesto que en vez de servir a la patria, se sirven de ella”, dice Gina Rodríguez

De los romanos nos quedan muchas enseñanzas: su arte, sus costumbres, sus letras, pero, sobre todo, su derecho. Y es que el aporte de los romanos dejó una huella imborrable en la historia y en el desarrollo de las instituciones jurídicas que todavía hoy reflejan su influencia.

Constantemente, y para cualquier caso, se citan pasajes de la época romana. A los legisladores, por ejemplo, se les llama los “padres de la patria”, frase que también tiene su origen en tiempo de los romanos.

Marco Tulio Cicerón fue un político y gran orador romano. Por el año 63 a.C. un aristócrata, Sergio Catilina, tramó un complot para tomarse el poder, aprovechando la ausencia del general Pompeyo. Catilina agrupó a su alrededor cuanto había de corrompido entre la juventud de la nobleza, junto con romanos y proscritos, y concibió el propósito de asesinar a los magistrados. Sin embargo, su plan fracasó. Cicerón, quien ocupaba un cargo en el consulado, descubrió la conspiración y la desbarató a través de sus célebres discursos “las catilinarias”. Por ello se le distinguió con el título de “padre de la patria”.

El pasado 16 de enero, el legislador Carlos Afú denunció que sus colegas del PRD recibieron dinero a cambio de sus votos en beneficio del Centro Multimodal Industrial y de Servicios, S.A. (CEMIS).

Inicialmente, la cifra que se les “adelantó” fue de 6 mil dólares. Afú, cual Cicerón, asegura que él los recibió como prueba del soborno.

¿Se merecen todos los legisladores la distinción de “padres de la patria”? ¿Se merece Afú ser llamado “padre de la patria”?

Julio González, un buhonero, dice que no. Para él, los legisladores no merecen ni ser llamados honorables ni mucho menos “padres de la patria”, porque no han hecho nada para que se les distinga de esa manera.

Gina Rodríguez, secretaria de profesión, concuerda con González. Para ella “los legisladores no son merecedores de ese reconocimiento, puesto que en vez de servir a la patria, se sirven de ella”.

Sin embargo, esta aversión que siente la gente hacia muchos legisladores puede invertirse. Para ello se necesita de un compromiso, de una visión de Estado, y la democratización de la clase política panameña.

La legisladora Susana Richa de Torrijos, catedrática de español en la Universidad de Panamá, cuando asumió su puesto en la Asamblea comenzó a hacer una lista con todas las palabras, frases y construcciones mal empleadas por sus colegas. Al poco tiempo dejó de hacerlo. “Siempre uno comete errores... esto se debe a una deficiencia en la enseñanza...”, explicó la legisladora.

Cicerón era un hombre muy educado. Estudió con los eruditos griegos. Su mayor aporte se verificó, sin lugar a dudas, en la literatura; con él la lengua del Lacio alcanzó gran brillo y esplendor, al punto de que se llega a hablar de un “estilo ciceroniano”.

Si los líderes del país, en este caso los legisladores, están en un nivel tan deplorable que hace que la gente sienta por ellos aversión, es necesario y urgente cambiar el sistema de elección de los mismos.

Los partidos políticos, en gran parte, por no decir que en todo, son responsables de esta situación.

Por conveniencias electoreras, durante muchos años, se ha preferido cantidad en vez de calidad. Es necesario y urgente bajar el número de legisladores y que estos sean elegidos a nivel provincial y nacional, y no por circuitos electorales como ocurre actualmente.

La democracia debe empezar por casa. Ya basta del “dedo seleccionador”. En manos de los actuales legisladores está que esto cambie. Las reformas electorales que tienen en sus manos debe reflejar, al menos, que todas las candidaturas vayan a primarias, no solamente la presidencial