Desde hace muchos años, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se ha pronunciado en contra de las restricciones a la información pública, porque considera –con razón– que los periodistas y cualquier persona tienen derecho a saber qué hace el Gobierno, cuándo lo hace, por qué lo hace y cuánto les cuesta a los contribuyentes. La reciente aprobación, sanción y promulgación de la ley panameña sobre transparencia en la gestión pública, ha sido acogida por el presidente de la SIP con “satisfacción cautelosa”. A qué obedece la cautela. Es sencillo: Panamá tiene muy malos antecedentes en estas materias. Muchos gobiernos en dictadura y en democracia hicieron formales promesas de eliminar la legislación restrictiva de la libertad de expresión y el derecho a la información, y todavía están vigentes más de un centenar de normas que restringen el derecho a la libre expresión. Por mucho tiempo ha prevalecido en Panamá una cultura de secretismo, porque los funcionarios consideran que los asuntos públicos son parte de su patrimonio privado. La ley, en general, es buena, pero su aplicación práctica, dada la idiosincrasia de la burocracia gubernamental, está por verse. De allí la cautela de la SIP, por lo cual el organismo y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, así como otros organismos que defienden los derechos humanos, deben supervisar muy de cerca el cumplimiento de la nueva ley.