Periodismo y poder, corrupción e incapacidad

Es necesario cambiar conductas, fortalecer los valores y, sobre todo, profundizar en la investigación

Gerardo Berroa Loo
gberroa@prensa.com

De acuerdo con la tradición popular de la prensa, los medios informativos pueden cambiar la dirección de las normas públicas poniendo al descubierto los sobornos y la corrupción.

Según el periodista estadounidense J. Herbert Altschull, un ejemplo que ilustra esta creencia es la renuncia forzada del ex presidente estadounidense Richard Nixon como resultado de los artículos sobre el Watergate. Sin embargo, –afirma Altschull– quienes creían que Nixon era un malvado y buscaban derrotarlo, pudieron hacer un uso inteligente de la mitología, manipulando a la prensa para que hiciera el trabajo por ellos.

Esto no quiere decir que los periodistas carezcan de poder; de hecho, más de unos cuantos periodistas han alcanzado la prominencia y el poder por medio de sus escritos y han tratado de ejercer ese poder en la arena política. Sin embargo, solo cuando las metas de los periodistas coinciden con las de la sociedad en la que viven, es cuando pueden alcanzar sus fines.

Los últimos acontecimientos que han estremecido a la opinión pública panameña, los supuestos sobornos en la Asamblea Legislativa para la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para la aprobación del proyecto que desarrollará en Colón el consorcio San Lorenzo, llaman a la reflexión sobre el papel que juegan los periodistas.

Jactarse de pertenecer al cuarto poder no es suficiente. Es necesario cambiar conductas, fortalecer los valores y, sobre todo, profundizar en la investigación.

La práctica del periodismo declarativo hay que superarla. El periodismo panameño descansa en la objetividad. Pero el periodismo, más que objetivo, tiene que ser justo. No es suficiente transcribir objetivamente lo que afirma un político de otra persona, si lo que dice de ésta no es cierto. Es necesario que el periodista investigue más para llegar a la verdad.

Esa cultura del periodismo declarativo es utilizada por quienes detentan el poder y por los que aspiran a lograrlo. Es por eso por lo que el periodismo panameño debe profesionalizarse. Hay que profundizar en la investigación; no basta con la declaración y, para muestra un botón: en 1997, cuando se privatizó el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) desde el ex presidente Ernesto Pérez Balladares hasta sus ministros aseguraban que la privatización de esta empresa traería rebajas para los consumidores. Los periodistas nos quedamos con esas declaraciones, no investigamos. Tres años después nos sorprendió el hecho de que en el contrato de privatización se establecía un aumento escalonado del servicio telefónico.

Es cierto que los medios informativos pueden cambiar la dirección de las normas públicas, pero para ello debe existir una prensa profesional. Y es que los gobernantes de todas partes –como ha sido la práctica a lo largo de la historia– aprovechan cualquier oportunidad para tener una prensa favorable. Recordemos sólo un caso.

Entre los líderes políticos del siglo XIX que reconocieron la utilidad de una prensa favorable se halló Otto von Bismarck, el principal arquitecto de la Alemania moderna. Bismarck utilizó la táctica más moderna de “administración de noticias”: Dispuso de una gran cantidad de dinero que la prensa liberal calificó de “Reptilien-Fonds”, o “fondo para reptiles” para sobornar a la prensa, a fin de que hiciera propaganda de sus leyes y de otros objetivos políticos. No titubeó en emplear a quienes el historiador Erich Eyck llamó sus “perros de la prensa” para alcanzar sus fines políticos, algunos internos y otros externos.

Si examinamos el problema a conciencia, vemos que este fondo de reptiles ha existido a lo largo de la historia, existe y seguirá existiendo, y no solo en la esfera gubernamental.

Un periodismo profesional evita todos estos problemas. En los últimos días se ha acentuado la presión en la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la incapacidad sigue durmiendo el sueño eterno. La corrupción es un grave problema y la incapacidad es otro peor, pero el daño es mucho mayor si ambos males van de la mano, que es lo que ha ocurrido en los últimos años.

Los periodistas también desempeñan un papel importante en la lucha contra la incapacidad. No se trata solamente de publicar currículos bonitos de “me gradué en tal universidad y trabajé aquí y allá”, sino de publicar qué hizo esa persona en esas empresas antes de ser funcionario. Publicar su trayectoria profesional. Para ello es necesario investigar.

Es tarea fundamental del periodismo panameño denunciar la corrupción y la incapacidad gubernamental, ya que de esa manera se fortalece la democracia. Esta labor la lleva a cabo el periodista con la investigación y la denuncia de todo acto de corrupción e incapacidad del que tenga sospecha.

El autor es periodista

Elecciones inéditas

A los dos candidatos archirrivales les toca convencer al 26% de los electores que votaron por Solís o al 31% de los que decidieron no votar

Juan Luis Batista
jlbatista@prensa.com

Definitivamente las elecciones del 3 de febrero en Costa Rica fueron inéditas. Por primera vez, en medio siglo de democracia, los costarricenses se van a una segunda vuelta electoral el próximo 7 de abril.

Ninguno de los 13 candidatos llegó al 40% de los votos requeridos para llegar a la Presidencia de la República.

El desencanto por los partidos tradicionales, canalizado en el nuevo Partido Acción Ciudadana (PAC) y su candidato Ottón Solís, ha sido un factor clave para que se dé este fenómeno.

Sin embargo, el próximo 7 de abril volverán los mismos de siempre a la contienda: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con su candidato Abel Pacheco de La Espriella y el Partido Liberación Nacional (PLN) con Rolando Araya Monge.

Por supuesto que el escenario es diferente. La Asamblea Legislativa quedó totalmente dividida en cuatro grandes bloques, que tendrán que ponerse de acuerdo.

Aparte del PLN, el PUSC y el PAC, la cuarta fuerza importante es el Movimiento Libertario que eligió a seis diputados de los 57 que tiene Costa Rica.

Ahora a los dos candidatos archirrivales les toca convencer al 26% de los electores que votaron por Solís o al 31% de los que decidieron no votar. Estos dos grandes grupos podrían inclinar la balanza a favor de cualquiera de los dos candidatos.

Abel Pacheco, que alcanzó el 38.5% de los votos, parece que se ha lanzado a su nueva estrategia política.

Esta semana sorprendió a todo el mundo al anunciar que su candidato a vicepresidente, Luis Fischman, no continuaría como parte del comando de su campaña.

Fischman, un abogado de 54 años, diputado del PUSC y ex ministro de seguridad, era considerado como el poder detrás de Pacheco.

Los liberacionistas ven en Pacheco a un hombre de ideas sueltas sin un programa sólido de gobierno. “Para todos nosotros es evidente que Fischman es el lazarillo de don Abel”, decía hace poco al diario La Nación el liberacionista Oscar Campos.

Al parecer Pacheco está empeñado en ofrecer una imagen de energía y fortaleza durante este período.

El autor es periodista

Darle al ratón el cuidado del queso

¿Quién garantiza que este dinero realmente se manejará con transparencia y que en el camino no vaya a esfumarse parte del mismo?

Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com

Desde que tomó posesión, el 1 de septiembre de 1999, Mireya Moscoso ha planteado la necesidad de utilizar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) y desde entonces ha presentado un sinnúmero de propuestas.

La primera consistió en usar 500 millones de dólares, casi el 40% del total del Fondo, para mejorar el servicio y la infraestructura del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Luego se propuso el uso de este ahorro de todos los panameños para la recompra de deuda externa y para inversión social, alternativa que todavía está en el tapete.

El tema no sale de la agenda del Gobierno y en la mesa del diálogo nacional es la prioridad número uno, y es el asunto que prácticamente impide que el diálogo avance.

Muchísimo se ha escrito sobre la conveniencia o no de gastarse este ahorro. Se trata, exactamente, de mil 252 millones 751 mil 622 dólares (que corresponde más o menos al 14% del Producto Interno Bruto).

Panamá está en la mira de las calificadoras internacionales, que están muy pendientes de los resultados del diálogo nacional. Ya el banco de inversión Bear Stearns advirtió de la posibilidad de una nueva baja en la calificación de riesgo del país, lo que dependerá de lo que suceda en el foro económico.

Todos reconocen que, con la baja en las tasas de interés, el FFD tiene un pobre rendimiento y que la recompra de bonos Brady podría ser una alternativa positiva para el país.

Pero con el escándalo de considerable magnitud que se ha destapado en las últimas semanas, ya no se habla de rendimiento sino de seguridad. E inmediatamente me viene a la mente lo que sucedió con el famoso programa de viviendas de la Caja de Seguro Social, con Van Dam y con la compra-venta de licencias y certificados marítimos en el Consulado de Filipinas, por ejemplo.

Y el sobresalto es mayor cuando pienso en el escándalo mayúsculo de la compañía energética Enron. La cuna de la democracia, la justicia y la transparencia, ya lleva un muerto y una sucesión de incidentes originados en este escándalo financiero.

Con el panorama nacional y los ejemplos internacionales nada edificantes, sobradas razones hay para desconfiar hasta del santo padre, si bien me confieso ferviente cristiana. Lamentablemente el dinero todo lo corrompe.

En medio de todas las denuncias de sobornos, compra de votos, abultadas planillas, botellas y todo lo que falta por destaparse, el momento es el menos propicio para hablar del uso del Fondo Fiduciario.

En la mesa del diálogo se analiza la posibilidad de usar parte de este dinero para inversión social, pago de deuda y compra de bonos globales.

Hay que pensarlo hasta un millón de veces para dar un voto afirmativo. ¿Quién garantiza que este dinero realmente se manejará con transparencia y que en el camino no vaya a esfumarse parte del mismo? Insisto en que no hay garantías, pero sí mucha desconfianza.

Hay quienes hablan de nombrar una comisión fiscalizadora, pero, ¿quiénes la integrarían, qué requisitos se les exige, dónde se encontraría a estas manos inocentes que no vayan a sentir la tentación de llevarse algo al bolsillo? ¿Dónde estarán los insobornables?

Por la tranquilidad de los ciudadanos de este país creo que el Gobierno debe olvidarse de esta opción de financiamiento, porque no ha dado muestras de verdadera transparencia en su gestión pública.

En las actuales circunstancias sería como poner al ratón a cuidar el queso.

La autora es periodista