Castro renuncia como curador judicial de Sears
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Dos semanas después de asumir el cargo como curador judicial del proceso de quiebra de Sears, el ex contralor Gabriel Castro Suárez presentó su renuncia por motivos de salud.
El juez sexto civil, Arcelio Vega, procedió a nombrar en su reemplazo a Carlos Strah Castrellón, escogido entre una lista de candidatos.
Castro Suárez fue juramentado como curador judicial de este caso el miércoles, 17 de enero. Es función del curador custodiar los bienes de la empresa.
Inversiones Juno, S.A., uno de los acredores de Sears, solicitó la quiebra de la sociedad International Department Stores Inc. (IDS), una de las subsidiarias de IDS Holding que, a su vez, es la empresa tenedora de las acciones de Sears.
La petición de quiebra la hizo el abogado Aldo Ayala Martínez, y fue fijada en la puerta del almacén Sears de Plaza Agora.
En la resolución, con fecha 17 de enero, se autorizó a Aquilino de la Guardia y Epiménides Díaz a firmar conjuntamente todos los documentos públicos y privados que sean necesarios, a fin de refinanciar las obligaciones pendientes con Tierra Securities Ltd., compañía que representa a la solicitante de la quiebra. Según la resolución, dichas obligaciones alcanzan la suma de un millón 222 mil 222 dólares.
Las deudas de Sears a varios bancos ascienden a 29 millones de dólares.
Se informó de que pese a las dificultades económicas, los 250 empleados que trabajaban para el almacén, recibieron el pago completo de sus prestaciones. Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación por las autoridades judiciales.
En 1997, cuando se inauguró el almacén, IDS Holding Corporation, propietaria de Sears - y cuyos accionistas eran, a partes iguales, la familia Tzanetatos y el grupo ADELAG- , lanzó con éxito una emisión de 400 mil acciones comunes, recibiendo 5.6 millones de dólares.
Sin embargo, fuentes vinculadas al caso atribuyen los problemas a gastos excesivos y deficiencias administrativas, las cuales se complicaron debido a la difícil situación económica.
Por una parte, los salarios de algunos ejecutivos eran superiores a los 12 mil dólares mensuales. Por otra, el inventario de mercancía era excesivo y eran abundantes los robos. A finales de 1998, se reportó un faltante de mercancía en el centro de inventario en Tocumen por casi un millón de dólares.
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