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Una experiencia ‘gris’

Les pido disculpas a los funcionarios de menor jerarquía, cuyos salarios fueron expuestos públicamente

Lorenzo Abrego
labrego@prensa.com

Particularmente me aterran los mundos absolutos, me parecen complicados y cargados de un misticismo que pocas veces puede brincar en la tierra sin que el tiempo acalle su terquedad.

No acabo de entender las purezas ni mucho menos las lecciones de moralidad que se dictan constantemente en los pasillos del poder de nuestra ciudad y que chocan generalmente con la sabia humildad que reina en las callejuelas y que sin mucho alarde es silenciada por la pobreza real. La que se vive y se siente.

A pesar de este pesimismo congénito, guardo leves esperanzas de la actuación humana y sobre todo de la práctica pública que es remunerada por la sociedad con sus impuestos.

Cuando estallaron las denuncias de corrupción entre el poder político-económico y viceversa, sobre el país cayó un manto oscuro que no acaba de romperse. Es tan grueso que ni Sansón con toda su fuerza podría reventarlo. Es una oscuridad peligrosa que da miedo, porque toca niveles encumbrados que de una u otra forma están vinculados con las decisiones vitales para la supervivencia de la democracia.

Este hecho sirvió sin duda para que la sociedad organizada se sacudiera y exigiera al Ejecutivo la sanción de la Ley 6 del 22 de enero del 2002 sobre transparencia en la gestión pública. A mi entender, lo único bueno que nos puede quedar de este despelote de denuncias es esta herramienta legal que ya comenzó a preocupar a más de cuatro funcionarios.

A los servidores públicos con rango o sin él, les llegó la hora de cumplir su discurso. Ahora hay que decir y hacer. De lo contrario, se rasgará el velo y –aun mintiéndole a los periodistas con el suministro de información incompleta– la ciudadanía sabrá juzgar hasta dónde llega su capacidad de maniobra para poder escaparse, cual Tío Conejo en competencia de campo.

Tengo que reconocer como parte de mi experiencia que he calificado como gris, que antes que la ley entrara a regir asistí al Colegio Nacional de Abogados, donde el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, habló con esmero y orgullo de su política de transparencia e instó a los demás sectores a emular las prácticas que en este terreno ellos iniciaron.

Inmediatamente llegué a la redacción, escribí la nota sin muchos aspavientos como es habitual, pero posteriormente me propuse comprobar si el discurso del defensor compaginaba con la práctica, y por ello le solicité, sin formalidad, la planilla completa de su institución. Esta información no estaba disponible en la página web de la agencia estatal.

La reacción del funcionario fue simple: en menos de dos días nos mandó la planilla completa, la puso en la web a disposición de los ciudadanos y rompió un mito. Se pudo saber con nombre propio quién trabajaba en la Defensoría y cuánto ganaba. Debo confesar que la planilla se publicó de manera completa, porque era la primera vez que una institución revelaba sus intimidades. Les pido disculpas a los funcionarios de menor jerarquía, cuyos salarios humildes fueron expuestos públicamente. Créanme, es un cargo de conciencia que no puedo olvidar.

Antes de este episodio bastante aleccionador, por iniciativa personal y debidamente consultada, tratamos de comprobar qué tan consecuente era la Caja de Seguro Social con un memorándum de transparencia que emitió su director, Juan Jované, en noviembre del 2001. Usamos un trámite parecido y le remitimos una nota (26 de diciembre del 2001) por medio de los canales a los que tendría que recurrir cualquier ciudadano, pero para desventura nuestra transcurrieron los 30 días y no hubo respuesta, y lo que es peor, después se recurrió a tecnicismos legales tratando de aclarar un confuso memorándum que debió cumplirse sin ningún tipo de reservas.

Después de estos hechos, la ciudadanía sabrá comparar las actitudes y disposiciones de los funcionarios, y además podrá valorar si se ha dicho todo sobre asesores (nacionales o extranjeros).

Lo más reciente ha sido la divulgación parcial de la planilla de la Asamblea; obviamente es un paso adelante, pero solo el tiempo dirá si los legisladores –incluyendo a los 71– son capaces de divulgar cómo manejan sus partidas circuitales y a quién benefician con sus contratos temporales. Ya, con la divulgación parcial de la planilla, se han conocido algunos nombres que no solo levantan inquietud, sino que generan todo tipo de comentarios, porque a algunos funcionarios permanentes ni siquiera se les ve por el Palacio Justo Arosemena. Lo bueno es que ya la ciudadanía los conoce, sabe quiénes son y qué medios usan para defender sus emolumentos.

Sin duda, en poco tiempo ya hay historias que contar y lo mejor de todo es que no son blancas ni negras, sino grises. Ya se conocen algunas planillas, y aunque esto no debe convertirse en un festín de números, lo cierto es que los ciudadanos comentan estos hechos y comienzan a reaccionar, porque se han dado cuenta de que sus impuestos valen y que se usan mensualmente para pagar salarios bajos y altos.

El autor es periodista

La mujer del César...

Los contribuyentes queremos saber cómo se distribuye el resto del presupuesto de la Asamblea, especialmente las cuestionadas partidas circuitales

Yasmina Reyes
yreyes@prensa.com

El tema de los últimos días es la corrupción. No hay manera de soslayarlo porque las denuncias hechas, tanto por la legisladora Balbina Herrera como por su copartidario Carlos Tito Afú, solo han venido a confirmar lo que desde hace muchos “se oía en los pasillos”.

Pero en medio de las tinieblas que se ciernen sobre el país, dos hechos que considero puntuales echan alguna luz y muestran que, aunque la situación es tan grave que donde se aprieta sale pus, sí hay esperanzas para el país.

El miércoles pasado, la Asamblea Legislativa firmó un acuerdo de “Transparencia de la gestión pública” con la Defensoría del Pueblo e inmediatamente divulgó en su página de internet (www.asamblea.gob.pa y www.defensoriadelpueblo.gob.pa) la información sobre la planilla de esa institución. Queda mucho por hacer; aún los contribuyentes queremos saber cómo se distribuye el resto del presupuesto de la Asamblea, especialmente las cuestionadas partidas circuitales. Este es un primer paso; esperamos que no sea el último.

Este debería ser también el primer paso para que otras de las cuestionadas instituciones estatales abran sus libros de contabilidad y le muestren al país cómo se manejan los dineros. Después del edificante ejemplo dado por la Defensoría del Pueblo (semanas atrás) y ahora de la Asamblea (que atraviesa por una terrible crisis de credibilidad), el Ejecutivo está en la obligación de hacer suyo el ejemplo.

Y no solo el Ejecutivo, la Caja de Seguro Social debería cumplir con el reglamento que su propia junta directiva firmó en noviembre de 2001. Y hacerlo con seriedad. Hace unos días, un periodista de La Prensa los dejó en evidencia al mostrar que violentaban su propio reglamento y retenían información de carácter público: la cantidad de personas que cumplen labores de asesoría del director de la CSS y dan asesoría legal, y sus salarios. Una vez bajo el haz de luz, entregaron la información solicitada acusándonos de montar una campaña. Pero, por un descuido que quiero pensar fue totalmente inocente, se quedaron por fuera varias decenas de funcionarios... justamente algunos de los que más ganan.

La mujer del César no solo debe ser honesta, también debe parecerlo.

La autora es periodista

Corrupción puede romper el bipartidismo de Costa Rica

Franco Rojas
frojas@prensa.com

Las graves denuncias de corrupción y el desgaste de los actores políticos de la democracia más antigua de América Latina han llevado a los costarricenses a la posibilidad de romper su tradicional bipartidismo, durante las elecciones presidenciales de este domingo, las primeras del siglo XXI en el vecino país.

Entre los 13 aspirantes a la primera magistratura de la nación, solo tres tienen opciones de triunfo, entre ellos Ottón Solís, un economista de 47 años que se ha convertido en menos de un año en fenómeno político al abrazar la bandera contra la corrupción.

Solís abandonó hace poco las toldas del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), luego de haber confesado que fracasó en su lucha contra la corrupción encubada, según dijo, en la cúpula dirigente.

“Decepcionado” por ello decidió fundar el Partido de Acción Ciudadana (PAC), al frente del cual mantiene el 28.4% de las preferencias electorales, según el último sondeo divulgado por la empresa Unimer y publicado por el diario La Nación.

El candidato presidencial con más opciones es el psiquiatra Abel Pacheco, de 68 años, y representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien ha marcado el 33.5% de la intención de voto de los 2.3 millones de costarricenses aptos para acudir a las urnas.

Tras Pacheco figura con opciones el ingeniero Rolando Araya, de 54 años, candidato presidencial del PLN, con el 29.7% de las preferencias electorales, según la firma Unimer.

De acuerdo con estos resultados, los costarricenses prevén que deberán acudir a una segunda vuelta electoral el primer domingo de abril próximo, porque, de acuerdo con la Constitución, el presidente debe ser elegido con el mínimo del 40% de los votos válidos, requisito que, hasta ahora, ninguno de los tres candidatos cumple, según la última encuesta.

En los últimos 20 años, Costa Rica se ha repartido el poder entre el PUSC, actual partido en el poder, y el PLN.

Ottón Solís ha logrado calar entre la población y escalar posiciones hasta convertirse, en menos de un año, en alternativa política tras haber hecho graves denuncias de corrupción, un mal que parece haber tomado fuerza en varios países latinoamericanos en los últimos años.

Según Solís, tanto el PUSC como el PLN se han visto envueltos en grandes escándalos de corrupción, entre los que mencionó la quiebra del estatal Banco Anglo, el multimillonario desvío de fondos de la seguridad social y el supuesto abuso de privilegios que llevan a cabo algunos ministros, diputados y otros funcionarios.

Solís ha reiterado en la mayoría de los foros que en las últimas décadas han sido robados unos mil 500 millones de dólares del erario público, casi la mitad de la deuda exterior de ese país centroamericano, sin que ninguno de sus responsables haya sido juzgado por esos delitos.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Fonseca Montoya, ha dicho que la democracia no se va a romper y que la gente está descontenta con los actores, no con el sistema.

Fonseca Montoya prevé que el abstencionismo durante las elecciones generales del domingo será entre el 18 y 20%, lo que calificó de “cifra manejable”.

El autor es periodista