Los periodistas de radio, prensa o televisión, y los medios de comunicación social donde ejercen su oficio tienen el derecho y también el deber de informar. Esa fue la razón por la cual los reporteros de Telemetro, al filo de la medianoche, siguieron al legislador Carlos Afú, cuando abandonó las oficinas de la Procuraduría General de la Nación, luego de sus controversiales declaraciones. Simplemente, querían saber dónde se hospedaba. Para sorpresa de ellos y de casi todos, la residencia a la cual se dirigió resultó ser la del contralor general de la República, quien reaccionó airado contra Telemetro, diciendo públicamente que “el mensaje que yo mando a ese canal, es que sigan su campaña, que en un momento dado van a tener que explicarle al país, por qué son concesionarios y beneficiarios de toda una serie de prebendas”. Si el contralor tiene razón, ha tardado demasiado tiempo en descubrirlo y, más lamentable aún, se ha enterado en el peor momento. Como ciudadano, y no como contralor, debe interponer la denuncia respectiva ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos para que se hagan las investigaciones correspondientes; y si no está de acuerdo con el resultado, para eso están los organismos jurisdiccionales competentes. Como suele olvidarse a menudo, conviene recordar el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que fue firmada y ratificada por Panamá, cuya letra dice: “Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.