Y ahora... ¿qué?

La enfermedad la tenemos todos: yo, tú y aquel. Nosotros somos los que elegimos a la maleantería. Somos nosotros los que seguimos permitiendo la maleantería

Todos sospechábamos desde hacía tiempo lo que estaba ocurriendo, pero cuando uno de los participantes en la compra y venta de votos legislativos hizo confesión pública quedamos indignados, rabiosos. “¡No puede ser tanta la porquería!”, nos repetíamos al conocerse el destape. “Los políticos son una vergüenza”, “los partidos son antros de corrupción” –se oía por doquier–. Y entonces comenzaron las declaraciones públicas insensibles de los políticos y empresarios. Afú: “espero los 14 mil dólares que faltan para dedicarlos a mi comunidad”. ¡No se le ocurrió que había confesado un delito, uno que conlleva una pena mínima de dos años de cárcel!

La presidenta: “es un problema interno del PRD”. El vicepresidente Vallarino: “la vida continúa”...como si aquí no hubiera pasado nada. Fito confirma: “a mí me ofrecieron el sobre, pero no lo quise”...pero tampoco dijo nada. Martín Torrijos: “es una movida del Gobierno para tapar su corrupción, proyectando a todos los políticos como corruptos”. ¿El magistrado ponente del habeas corpus preventivo solicitado por Afú?: Tito Cigarruista...¡y qué! Y los de un partido pequeño, pero con política supuestamente moralizadora: “el pacto META continúa sin problema ya que se refiere a una agenda legislativa”. ¿Los representantes del consorcio privado?: “No, nada que ver. Ni siquiera conocemos a Afú”. Como si Afú no hubiera dicho que fue un arreglo hecho a través de otros de la cúpula de su partido. Pérez Balladares: “dos legisladores de oposición me pidieron 50 mil dólares cada uno para, con ocho votos más, pasar la Sala Quinta”, y no dijo nada sino tres años después, y sin nombrarlos.

En conclusión: las primeras reacciones de todos, absolutamente todos, no hicieron más que enterrar aún más los cascos. Pareciera que no entienden la diferencia entre el bien y el mal; no tienen idea de lo que es un conflicto de intereses. Pareciera que ante la acusación de unos, los otros solo saben decir: “pero si ustedes también lo hicieron”, y viceversa. Viven tan enterrados en el estiércol que ya ni les hiede. Lo peor de todo esto es que la impresión que dan es que estos no son hechos aislados sino un hábito: lo normal. Según ellos, lo único malo es que por errores de pasión acusadora de Mateo Castillero, Afú derramó las empanadas...¡qué vaina! ¡Ya no se puede tapar! La APEDE tuvo una buena reacción, la que no tuvo cuando hace poco se perdieron 50 millones de dólares en una empresa de miembros de su gremio, para mencionar solo uno de los casos de empresas corruptas. Veamos si dice algo sobre la empresa corruptora, que amerita –si no la cancelación de contrato– por lo menos una multimillonaria multa para comenzar. Si APEDE no lo hace, se descalifica de salida como dirigencia de una cruzada anticorrupción. La Cámara de Comercio y el CoNEP ya se pronunciaron bien sobre el tema.

Angélica Maytín, directora de Transparencia, lo dijo muy bien en Canal 13: “La sociedad está enferma”. Sí, la enfermedad la tenemos todos: yo, tú y aquel. Nosotros somos los que elegimos a la maleantería. Somos nosotros los que seguimos permitiendo la maleantería. Los corruptos y corruptores no son de otro planeta; son panameños (as). Son nuestros y están allí porque los llevamos allí. Cuando empresarios corruptos abren la maleta llena de billetes y compran privilegios a diestra y siniestra, nos hacemos que no vemos porque se trata del primo, del cuñado, o del compadre de mi suegro, o sepa Dios qué relación personal o comercial que nos produce un silencio cómplice. O, aun cuando se percibe que un “periodista” o “politólogo” recibe el cartuchito para que ajuste su opinión a los intereses del pagador, no reaccionamos y lo seguimos escuchando como si realmente fuera periodista o politólogo.

Estamos...sí, estamos...enfermos. No es cosa de “ellos”; somos “nosotros”. La pregunta es si la indignación es suficientemente profunda como para que los ciudadanos –dueños colectivos del Estado– nos preguntemos: y ahora ...¿qué? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, nuestra acción? Algunas sugerencias para comenzar:

1) Poner a prueba, con justificadas solicitudes inmediatas muy públicas, la nueva Ley de Transparencia sancionada por la presidenta. Esta debe ser tarea prioritaria de periodistas y de la propia Transparencia Internacional.

2) Iniciar el trabajo de ciudadanía con la nueva comisión presidencial anticorrupción y el PNUD para crear el Plan nacional de integridad, con el apoyo de las cabezas de los tres poderes del Estado (la presidenta de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el presidente de la Asamblea Legislativa).

3) Exigir la inclusión, en el Proyecto de Reforma Electoral, de la transparencia de los fondos recibidos por partidos y campañas. Para esto tanto el PRD como el arnulfismo tienen que cambiar su posición.

4) Exigir la declaración pública de bienes a legisladores y funcionarios con mando y jurisdicción.

5) Exigir la publicación por internet de la planilla y contratos personales de los que trabajan en todas las instituciones públicas.

6) Estar atentos –día a día– del trabajo de la Procuraduría General de la Nación (bien iniciado de oficio por la procuradora suplente Mercedes A. de Grimaldo).

7) Exigir a la Corte Suprema la publicación transparente de la producción de cada entidad judicial, y de los nombres y tiempo de encarcelamiento de reos cuyos casos no han sido atendidos, y las razones de estos atrasos.

8) Pedir a la presidenta que reitere en forma definitiva que no actuará contra la Asamblea, pero que –en cumplimiento con su plan de gobierno– nombre una comisión presidencial respetada por la ciudadanía que comience a estudiar la forma menos traumática de proceder a la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente, y que produzca el primer borrador de una nueva Constitución democrática con una gran dosis de participación ciudadana.

9) Exigir la reducción inmediata de salarios exagerados en las cúpulas del Estado, que se ha comprobado no ha servido en lo absoluto para evitar la corrupción, y resultan ofensivos para un pueblo que sufre grandes necesidades económicas.

10) Una decisión y compromiso profundo de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos, no solo de no pagar sino de denunciar con firmeza cualquier sugerencia de coima hecha por cualquiera (sea policía o funcionario de cualquier jerarquía). ¡No a la coima! ¡Denuncia automática del coimero! Cada ciudadano, ejemplo de integridad. Cada ciudadano, auditor anticorrupción.

Está en nuestras manos curar nuestro cuerpo enfermo; no hay otra, y ¡mañana es tarde!

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