En Arraiján se encuentra el tramo panameño más conflictivo de la carretera Panamericana. El cierre de la vía, la presencia de la policía antidisturbios, la desesperación y el pleito son lugares comunes del área. Un día cierran los usuarios; otro, los propietarios de autobuses. El malestar es general y la regulación estatal no funciona. No falta el abuso de autoridad. Aún el país no ha olvidado el caso de un agente policial que detuvo un taxi y pidió a los ocupantes, hombre y mujer, que se besaran para verificar si en realidad constituían un matrimonio. Con un acentuado crecimiento demográfico, Arraiján es un microcosmos del caos del transporte urbano en buena parte de la región metropolitana. Es cierto que muchos vehículos, sobre todo taxis, carecen de los permisos respectivos para transportar pasajeros entre la capital y las urbanizaciones y barrios del distrito dormitorio de Arraiján. Se ha incrementado tanto la población en esa área que no son suficientes los autobuses ni es eficiente el servicio que prestan. Ni Kafka se lo imaginaría: cuando se registran las operaciones policiales, los usuarios se amontonan en torno a las paradas mientras los agentes obligan a los pasajeros a bajar de los llamados taxis-pirata. Se desborda entonces la ira de los usuarios, que llegan a destiempo a sus labores. ¿Es tan difícil para la Autoridad del Tránsito sentar a toda las partes y ponerle sentido común a esta historia?