Colombia, entre la paz y la guerra

Sady Tapia G.
stapia@prensa.com

El acuerdo entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado el pasado domingo y que permitió salvar el proceso de paz en ese país, contiene plazos y temas concretos, algo inédito en tres años previos de negociaciones.

Sin embargo, a pesar de que el acuerdo representa una esperanza para los colombianos, la realidad que se vive en el país no es la mejor.

Si bien es cierto que el acuerdo fija el 7 de abril próximo como límite para una negociación de cese el fuego y las hostilidades, no establece una medida concreta para que disminuyan los intensos conflictos que en las últimas semanas se han registrado en la región tras la firma del acuerdo.

Muestra de ello es la oleada de ataques perpetrados por la guerrilla la semana pasada que dejó un saldo provisional de 77 muertos, y que prosiguió con toda intensidad esta semana.

Igualmente, en dicho acuerdo no se hace mención del futuro de las personas que actualmente están en manos de los rebeldes.

Esto nos deja algunas incógnitas como ¿qué ocurrirá entre el 20 de enero y el 7 de abril desde el punto de vista del desarrollo militar del conflicto?

A pesar de que existe un plazo para tratar de concretar “la paz” (7 de abril), las FARC han cuestionado dicha fecha y advirtieron sobre la posibilidad de que la solución al conflicto no sea tan rápida como desean los colombianos, mientras que las autoridades colombianas piden que se llegue a un acuerdo antes de la fecha.

A esto se suma los ataques y secuestros que durante ese periodo continuarán por parte de los rebeldes colombianos, situación que aumenta la tensión entre los pobladores.

Lo que sí debemos tener claro es que el acuerdo logrado con la mediación de las Naciones Unidas, El Vaticano y 10 países “amigos del proceso de paz”, evitó el colapso de la negociación de paz que se inició en 1999.

Cabe señalar que las Naciones Unidas, Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela, participan como “facilitadores” en la negociación.

Si hacemos un pequeño recuento de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC, tenemos que en julio de 1998, Andrés Pastrana, días antes de asumir la presidencia, se reúne con el máximo jefe de los rebeldes, Manuel Marulanda, alias Tirofijo.

Luego, en noviembre del mismo año, Pastrana ordena la desmilitarización de una zona selvática del sur del país de 42 mil km2 para facilitar el inicio de las conversaciones de paz.

Posterior a esta fecha se dan una serie de inconvenientes que desestabilizan el proceso de paz en Colombia.

Es así que el presidente Pastrana anuncia, en octubre del 2001, que extenderá la vigencia de la zona desmilitarizada hasta enero del presente año, motivo por el cual el pasado 9 de enero se complica la situación en el país, ya que el mandatario da un plazo de 48 horas para evacuar el enclave rebelde de San Vicente del Caguán.

La dificultad para llegar a una paz duradera en la región también afecta a los países vecinos con Colombia; el conflicto no se circunscribe solo a Colombia, por lo que es de extrema importancia que se llegue a la solución definitiva.

Lo cierto es que la solución del problema está en manos tanto del gobierno de Andrés Pastrana como de los rebeldes de las FARC, y es a ellos a quienes les tocará ponerse de acuerdo y negociar la paz o vivir en guerra. Si esta anhelada paz no se concreta habrá muchos perjudicados, pero los principales seguirán siendo los ciudadanos de ese vecino país.

La autora es periodista

Corrupción y subdesarrollo

Probar que alguien recibió una coima es casi tan imposible como lo es probar que alguien la ofreció

Franklin Castrellón
fcastrellon@prensa.com

La cantidad de basura, por no decir una palabra más apropiada, que ha aflorado a la superficie como consecuencia de las disputas internas en el seno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) han impulsado varias corrientes, todas aparentemente dirigidas a combatir la rampante corrupción que corroe la sociedad panameña, especialmente a la clase política.

Apenas se produjeron las primeras denuncias contra prominentes miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, surgieron algunas voces recomendando “cordura”. Es decir, que se devolviera la basura al fondo de donde salió para evitar peores perjuicios al partido y, por extensión, a una clase que, en términos generales, ha demostrado ineficiencia en la conducción de los asuntos públicos y baja calidad moral.

Algunos dirigentes del PRD apelaron al viejo recurso de desviar las acusaciones mutuas hacia el Ejecutivo, señalando actos de corrupción en el manejo del propuesto Centro Multimodal Industrial y de Servicios (Cemis) y en la designación y eventual elección de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora. Otros del Partido Popular también coincidieron en dirigir las acusaciones de corrupción hacia el Ejecutivo. Y ambos grupos, aparentemente lograron su propósito, pues la atención originalmente concentrada en el PRD se ha diluido para alcanzar al Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa y al Organo Judicial.

Mejor aun para la causa de la alta dirigencia del PRD, el principal acusador (Carlos Afú) terminó siendo reclamado por la justicia para que formalizara sus declaraciones; mientras los presuntos intermediarios del soborno declararon su inocencia y casi estuvieron a punto de exigir ser canonizados.

Son muy pocas las personas responsables de delitos que reconozcan su culpabilidad. Probar que alguien recibió una coima es casi tan imposible como lo es probar que alguien la ofreció. Se habría necesitado de un Vladimiro Montesinos que hubiese grabado los escandalosos episodios, para que entonces se pudiese probar con toda claridad quiénes son los culpables en este burdo reflejo de la rampante corrupción que impera en Panamá.

Los grupos empresariales se han lanzado a una campaña contra la corrupción, que ojalá llegue a rendir frutos. Por otro lado, grupos populares también han exigido acciones concretas contra la corrupción en todos los frentes, incluido el de los empresarios. Y ambos han reclamado de las autoridades competentes una exhaustiva investigación que lleve a los culpables a rendir cuentas. Algo improbable, pues como he señalado, es tarea muy difícil probar actos de corrupción en casos como los señalados.

En medio de toda esta efervescencia, algunos fanáticos de la vieja dictadura comenzaron a acariciar la posibilidad de un cambio institucional, es decir de un golpe de Estado. Por fortuna, creo que la conciencia nacional está clara en que las instituciones democráticas hay que respetarlas; de manera que los amigos de las anacrónicas dictaduras tendrán que esperar eternamente por una nueva oportunidad.

La presidenta reaccionó a las presiones –algo tarde pues su agenda de la campaña política contra la corrupción había quedado encarpetada hasta ahora– y designó una Comisión Anticorrupción, integrada por notables de incuestionable trayectoria. Esta comisión tendrá la responsabilidad de estudiar la situación a fondo, identificar áreas de corrupción y presentar un informe con recomendaciones al Ejecutivo.

Confiamos en que la Comisión Anticorrupción cumplirá su cometido, y que la presidenta, en esta oportunidad, honre su promesa de la campaña política y tome las medidas pertinentes, aunque ello implique poner distancia con algunos de los “maleantes” que la rodean para aprovechar su influencia y sacar provecho a lo “invertido” durante la campaña.

La corrupción debe ser atacada por todos los flancos, si es que deseamos tener un país con posibilidades de alcanzar algún día el desarrollo. Esos flancos incluyen la formación de conciencia cívica, para que los ciudadanos elijan a personas realmente honorables en los cargos de elección. Y que no lo hagan por simple amiguismo o porque les hizo un favor. Ser presidente, legislador o concejal requiere mucho más que de una relación familiar o personal; debe tener capacidad y cualidades de servidor público, además de integridad personal. En esta tarea docente deben trabajar en forma complementaria tanto los distintos establecimientos educativos, desde los parvularios, hasta los universitarios, como los clubes cívicos, las organizaciones empresariales y los medios de comunicación.

Por supuesto que uno de los grandes flancos que debe ser atacado, aparte del de la representatividad política, es el de las entidades responsables de administrar justicia y combatir la corrupción, como son la Contraloría General, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Técnica Judicial, la Policía y, sobre todo, el Organo Judicial. Allí se requiere de gente preparada, de trayectoria honorable y comprometida con los intereses de la Nación, que son los que, en definitiva, están en juego en este momento.

El autor es periodista

De expedientes e imputados

Hasta el momento ninguno de los dos denunciantes (Afú y Herrera) ha presentado pruebas contundentes que respalden sus señalamientos

José Otero
jotero@prensa.com

Tan solo 12 horas después de que el legislador del PRD Carlos Afú lanzara públicamente sus denuncias sobre sobornos a lo interno de la Asamblea Legislativa, la procuradora de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo (José Antonio Sossa estaba en Washington), anunció que iniciaba una investigación de oficio con dos expedientes por separado y con un equipo de investigación compuesto por dos fiscales y tres asistentes.

La procuradora encargada no solo abrió las sumarias sobre las denuncias hechas por Afú el 16 de enero, cuando confesó públicamente que él y otros colegas de la Asamblea habían recibido un sobre con 6 mil dólares como primer pago de un total de 20 mil dólares por votar en favor del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, un proyecto que cuesta 400 millones de dólares.

Mercedes Araúz de Grimaldo también dijo que su despacho investigaría las declaraciones que hizo el 9 de enero pasado en el pleno de la Asamblea la presidenta del PRD y miembro de este órgano de Estado, Balbina Herrera, en las que aseguraba que hubo “maletines con dinero” para comprar varios votos de su bancada en favor de la ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema (Winston Spadafora y Alberto Cigarruista).

En la primera de estas denuncias, Afú y su copartidario Tomás Gabriel Altamirano Fito Duque aparecen como denunciantes. Afú señala a su copartidario Mateo Castillero como la persona que le entregó un sobre con dinero. Fito Duque también aseguró que Castillero le intentó entregar un sobre que nunca recibió ni abrió, y por lo tanto desconocía su contenido.

En este caso también se menciona a los legisladores Balbina Herrera, Miguel Bush y Héctor Alemán. Tito Afú denunció inicialmente que los tres integrantes del CEN del PRD habían recibido 150 mil dólares por apoyar el contrato-ley con el Consorcio San Lorenzo, pero luego en su indagatoria en el Ministerio Público se retractó y señaló que no tenía pruebas de esto, sino que solo había escuchado rumores por los pasillos.

También se mencionó en este expediente a los legisladores Denis Arce y Manuel De la Hoz, del PRD.

El primero, según Afú, lo acompañó al despacho de Castillero cuando le fue entregado el sobre antes mencionado. Arce declaró en el Ministerio Público que nunca fue a esa reunión ni vio sobre alguno.

Por su parte, De la Hoz fue señalado por Afú en su relato al indicar que estuvo presente cuando se entregaron los sobres. De igual manera, De la Hoz negó rotundamente estas aseveraciones al ser interrogado por los fiscales, asegurando que no vio ni escuchó nunca nada de sobres con dinero.

Después de estos hechos, el Ministerio Público giró órdenes de conducción, indagó y formuló cargos contra Afú y Castillero por el delito de corrupción de funcionarios y les impuso a ambos las medidas cautelares de país por cárcel y la obligación de reportarse cada 15 días al despacho de instrucción.

Mientras tanto, en el expediente sobre las denuncias de Balbina Herrera se ha avanzado más lento. Se le ha tomado declaración jurada a la propia denunciante (Balbina Herrera), a Mateo Castillero, quien dijo que la esposa de Afú, Leida Brandao, había recibido un maletín con un millón de dólares por el voto favorable para la ratificación de los magistrados.

En este segundo expediente, Afú rindió declaración jurada al igual que Tomás Gabriel Altamirano Duque, y también será interrogado Carlos Alvarado, que fueron los tres legisladores del PRD que votaron en favor de la ratificación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema.

Hasta el momento ninguno de los dos denunciantes (Afú y Herrera) ha presentado pruebas contundentes que respalden sus señalamientos. Los supuestos testigos que han presentado ambas partes, principalmente los que mencionó Afú, no han ratificado las denuncias y todo parece indicar que al final los denunciantes pueden quedar como imputados.

El autor es periodista