La creación de una Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción, integrada por personas de reconocida trayectoria profesional, es preocupante aunque el propósito sea bueno. Ocurre que obvias limitaciones constitucionales, particularmente en cuanto a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la de la Administración, imponen muy serios límites a lo que la comisión puede hacer. Fundamentalmente por esas razones, muchos consideran que el nombramiento de la comisión es una especie de cortina de humo para hacer ver que se intenta luchar contra la corrupción, cuando básicamente lo único que puede hacer es recomendar cambios en la legislación y las instituciones. Sería muy lamentable que las ilustres personalidades que forman parte de la comisión presidencial terminen frustradas y frustrando -aunque no lo quieran- la esperanza que su designación ha despertado en la mayor parte de los ciudadanos. El país sufre una crisis de dimensiones colosales y ninguna burla más será tolerada, porque todo tiene un límite y nos estamos acercando peligrosamente a él, lo que no conviene a nadie. Hay que resolver la crisis, y para contribuir a ese objetivo todos los legisladores deben imitar el ejemplo de su colega Rubén Arosemena, y renunciar a sus inmunidades para facilitar las investigaciones. También ayudaría que los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia aceptaran el consejo de dos ex presidentes de la República: renuncien.