Entre Maquiavelo y Savonarolas
Una vez le oí decir a un ilustre constitucionalista colombiano que si las constituciones solucionaran algo, Nuestra América sería un paraíso
Guillermo Sánchez Borbón
Frente a la atroz crisis política y moral de la nación, yo propongo que ante todo dejemos de hacer aspavientos y de decir frivolidades.
Para empezar, los actuales legisladores no fueron nombrados de a dedo, ni impuestos por la fuerza o por un gran paquetazo. Fueron escogidos libremente por el pueblo panameño en unas elecciones puras. Nadie lo obligó a votar por ellos. Y que no me vengan ahora con el cuento de que no los conocía. Los conocía perfectamente y sabía bien a qué atenerse. Entonces, ¿quién tiene derecho a quejarse ahora por el resultado de su decisión? ¿Qué no tenían alternativa? Sí la tenían. Pondré un solo ejemplo. Méndez Fábrega fue un legislador serio y laborioso, cuyas intervenciones en el hemiciclo se caracterizaban por su sensatez. Atacó sin cesar el ausentismo de sus colegas; incluso llegó a pedir sanciones monetarias para los que no respondieran al primer pase de lista. ¿Qué hicieron los ciudadanos de su circunscripción electoral? Le negaron el voto para dárselo a los mismos vagos denunciados por Méndez Fábrega.
Y esto no es nuevo. Diógenes de la Rosa y José A. Brower, los dos constituyentes (1945-48) del Partido Socialista, contribuyeron decisivamente a darnos la mejor constitución de nuestra historia. En las elecciones de 1948 recibieron el premio por sus desvelos. Creo que no sacaron ni quinientos votos. En cambio, muchos tipos, a quienes (para emplear una frase de Eduardo Ritter Aislán) “se disputaban con igual derecho la cárcel y la escuela primaria”, fueron elegidos por 20 y hasta 30 mil votos. ¿A quién culpar por nuestra propia torpeza moral?
Los legisladores actuales (que no se cayeron de un platillo volador, ni mucho menos) son representativos del pueblo que desgraciadamente hemos llegado a ser. Nadie tiene derecho a indignarse por los escándalos que han escenificado en la Asamblea y que escenificará (cuando lo investiguen a fondo —o alguien hable—) el Organo Ejecutivo.
Cuando cayó Noriega, yo era partidario de que declararan provisional al nuevo gobierno, entre otras razones por las circunstancias trágicas en que asumió el poder. Mientras se cambiaba todo lo que había que cambiar, un grupo de juristas prepararía una nueva constitución y modernizaría nuestros vetustas leyes y códigos. A los dos o tres años, se convocaría a una constituyente. No sólo para remplazar al adefesio que todavía nos rige, sino para poner de manifiesto la voluntad política de la nación de crear una nueva República, más limpia y más justa. Nadie me hizo caso, naturalmente. En vez de usar el poder para incitar a los panameños a realizar grandes cosas, los políticos, a quienes no sienta bien la ardorosa aridez del peladero, se conformaron con llegar al poder, simplemente.
Yo sigo convencido de que Panamá necesita una nueva constitución. Pero si ahora convocamos a unas elecciones para escoger los constituyentes, el pueblo va a votar por personas idénticas a las que hoy han convertido a la Asamblea en un híbrido de circo y de mercado. Y los ignorantes que con toda seguridad van a salir electos, redactarán una constitución peor aún de la que tenemos. Si se ahonda aún más la crisis, es posible que la constituyente sea una salida. Pero es una salida que con toda seguridad dará a un berenjenal peor del que queremos escaparnos.
Una vez le oí decir a un ilustre constitucionalista colombiano que si las constituciones solucionaran algo, Nuestra América sería un paraíso, porque ninguna otra región del mundo ha estrenado tantas constituciones. En cambio, agrego yo, Estados Unidos tiene la misma (ha sufrido muy pocas enmiendas) que aprobaron sus próceres hace doscientos y pico de años. En Inglaterra, tan admirable por muchas razones, ni siquiera tiene una constitución escrita. Pero en Panamá le atribuimos un poder mágico a las leyes. Esto no pasa de ser una superstición, pero es así. Me decía un amigo que razonamos de esta manera: “¿Que hay un endemoniado problema de tránsito? Pues se aprueba una ley, que naturalmente no resuelve nada, y asunto concluido”. Y así con todo. ¿Que la familia, por razones muy complejas, está en crisis? Pues hacemos una ley, y hasta creamos un ministerio condenado a funcionar en el vacío y a ser tan ineficaz como una homilía contra la corrupción.
Redactar constituciones, aprobar nuevas leyes, dictar cursos de ética a los empresarios, pedir moralización general desde el pulpito, barajar abstracciones: todo esto puede resultar muy divertido, pero no conduce a ninguna parte. Si queremos ser honrados, debemos reconocer que antes de cambiar las leyes, es preciso cambiar al pueblo panameño. Y esto tomará muchos más años de los que están dispuestos a esperar los impacientes Savonarolas, que exigen resultados inmediatos.
El autor es director emérito de La Prensa
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