No es solo la Asamblea
MONICA GUARDIA
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Teresita de Arias
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“El caso de Carlos Afú no es más que una cortina de humo para distraer la atención de la ciudadanía”, afirmó ayer la legisladora Teresita de Arias.
De acuerdo con la legisladora, las acusaciones que ha hecho Afú en las que se ven involucrados otros legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes supuestamente recibieron sobornos para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), solo intentan desviar la atención de las presiones -dinero incluido- que ejerció el Organo Ejecutivo para la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista.
“Durante tres meses, la Asamblea estuvo sometida a un acoso con el fin de que aprobara los nombramientos”, dijo la legisladora.
Entre las presiones del Ejecutivo, según Arias, estuvo un recorte del 30% del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea.
Este recorte, incluido en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Asamblea, hubiera afectado el funcionamiento del Organo Legislativo en aspectos tan fundamentales como el mantenimiento, la compra de equipo y de material impreso, así como la labor de 300 funcionarios –abogados, guardias de seguridad, personal, asesores legislativos –que “no son botellas”, y que brindan servicios a la Asamblea, según la legisladora.
“Se dijo que el recorte se debía a la situación económica que sufre el país, pero si esto hubiera sido cierto, se hubiera aplicado a todas las otras instituciones del Estado”, señaló.
Otra de las presiones que, según la legisladora, ejerció el Ejecutivo, fue el recorte de las partidas circuitales.
Algunos legisladores de la Comisión de Presupuesto se percataron, dijo Arias, de que el presupuesto propuesto por el Ejecutivo “eliminaba las partidas circuitales de los legisladores de oposición, pero incluía dentro del presupuesto de diversos ministerios proyectos que correspondían a los circuitos electorales de los legisladores de gobierno”.
Con relación al caso del CEMIS, la legisladora especificó que antes de ser llevado a la Asamblea, “el contrato primero pasó por el Ejecutivo”.
“De allí viene la primera sospecha: ¿qué tuvo que hacer esa empresa acusada de soborno para que le aceptasen ese contrato en el Ejecutivo?”, se preguntó Arias.
De acuerdo con la legisladora Arias, una vez el proyecto llegó a la Comisión de Comercio, Laurentino Cortizo procedió a reunirse durante tres meses con los usuarios de la Zona Libre, con la Asociación de Ejecutivos de Empresa de Colón, con grupos de trabajadores y expertos en el tema.
La presión de la Asamblea y de la opinión pública obligaron al Ejecutivo a retirar, por primera vez en la historia republicana, un contrato de la nación de la Asamblea.
“El proyecto del CEMIS experimentó 45 modificaciones fundamentales, y luego fue aprobado por una mayoría de los legisladores”, señaló.
“Si se repartió dinero no fue para la segunda discusión, en la que fue aprobada, sino para la primera. Allí es donde debería investigarse”.
Panamá, un país empobrecido por la corrupción
“Panamá es un país empobrecido por la corrupción, sostuvo Arias. Según ella, el fenómeno no está enquistado únicamente entre la clase política, sino en toda la sociedad.
“Se da entre las asociaciones de padres de familia, las eclesiásticas, los gremios empresariales, hasta en la administración de condominios”, dijo.
En la clase política, resulta grave y demerita toda la labor del gobierno.
“Cuando se toma una decisión porque 'me pagaron', y no porque es lo más justo, lo más conveniente, lo más legal, lo más acertado, lo más racional, las decisiones tienen un sesgo que no tiene que ver nada con el bien común”.
De acuerdo con Arias, la gran lección que se desprende de todo este escándalo de corrupción es que “la opinión pública va a tener que pensarlo dos veces antes de emitir su voto”, y “que debe haber sanciones ejemplares para los culpables”.
“En Panamá ningún individuo con dinero o con poder ha terminado en la cárcel”.
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