La ley de libre acceso a la información pública, sancionada ayer por la presidenta de la República, es digna del reconocimiento ciudadano, especialmente en las circunstancias tan críticas que vive el país. El suministro de información de cualquier oficina gubernamental ha dejado de ser asunto discrecional del funcionario. Es un derecho que exige el solicitante y si se le niega, tiene la facultad legal de interponer un recurso de Hábeas data, para que los tribunales competentes le ordenen al funcionario el cumplimiento de la petición del interesado. Si se incumple la orden judicial, el funcionario será sancionado por desacato. Ahora es cuestión de ponerla en práctica y fiscalizar su estricto cumplimiento, especialmente por los más interesados en que se divulgue la información pública de interés general, que son los periodistas. La ley fue producto de distintos anteproyectos que se armonizaron en un texto único. Tal vez tenga deficiencias, pero en términos generales es una buena ley. Con el tiempo, la práctica indicará qué modificaciones o adiciones conviene introducirle para hacerla más efectiva. No es una ley que requiera de especialistas para entender su alcance; tiene el propósito de facultar a las personas, individual o profesionalmente interesadas, para que contribuyan a disipar la densa bruma que ensombrece muchos de los actos de gobierno de pasadas, presentes y futuras administraciones. Lo que el país necesita es transparencia en los actos gubernamentales y esta ley es un instrumento valioso para lograrla.