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La inmunidad de los legisladores de la República

¿Qué ocurre cuando los investigados son legisladores, quienes gozan de inmunidad parlamentaria?

Rafael Pérez
rperez@prensa.com

Antes de entrelazar las primeras líneas de este artículo, recibimos informes de que el despacho de la Procuraduría General de la Nación inició de oficio una investigación tras la denuncia pública que formuló la noche del pasado miércoles el legislador perredista Carlos Afú.

Igualmente, el mismo despacho resolvió abrir un expediente adicional relacionado con la denuncia que formularon el pasado 9 de enero en el pleno de la Asamblea Legislativa, miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre ellos, su presidenta, Balbina Herrera.

Y el anuncio de la procuradora general de la Nación suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, no debe ser recibido como una reacción complaciente a la petición en cadena que lanzara un porcentaje significativo de personalidades del círculo empresarial, político y profesional panameño, tras escuchar las acusaciones que formuló el legislador santeño en contra de sus copartidarios al mismo tiempo que confesaba su delito.

La determinación de la procuradora Araúz de Grimaldo figura entre las obligaciones que establece el cargo que desempeña, y la sustentación legal de la medida se encuentra en la ley 39 del 19 de julio del 2001, la cual tipifica una de las formas como se comete el delito de corrupción. El artículo 331 de la referida ley es claro sobre este particular: “El servidor público que personal o por interpuesta persona acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribuciones a sus funciones que no se deba, será sancionado con pena de 2 a 4 años” de prisión.

Pero ¿qué ocurre cuando los investigados son legisladores de la República, quienes gozan de inmunidad parlamentaria?

“Cinco días antes del período de cada legislatura, durante ésta y hasta cinco días después, los miembros de la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad. En dicho período no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa” , se anota en el artículo 149 de la Constitución Política.

Aunque en la actualidad los legisladores no están protegidos por la denominada “inmunidad parlamentaria”, la mandataria de la República, Mireya Moscoso, anunció que llamaría a sesiones extraordinarias, y con ellas se activaría nuevamente la protección aludida en líneas anteriores.

Y para que el legislador pierda su inmunidad se requiere de tres supuestos: que el legislador renuncie a la protección, posibilidad casi remota (solo el actual legislador Elías Castillo se despejó de su inmunidad a principio de la década del 90 para ser investigado); cuando el legislador sea sorprendido en “flagrante delito” (recuerden el caso de Mario Miller y el caso de Anel Ramírez, acusado de introducir droga a Estados Unidos) o cuando la cámara legislativa, por mayoría absoluta, le levante esa protección, aunque en este último punto se requiere una solicitud previa que emane de autoridad competente.

Y existe jurisprudencia sobre este particular. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo de 1991, el pleno fue enfático al señalar que “...mientras dicho período sea el comprendido entre cinco días antes y cinco días después de cada legislatura ordinaria, solo durante ese lapso será necesaria la llamada autorización de la Asamblea para juzgar a un legislador por delitos comunes que haya cometido”.

Pero la correlación de fuerzas en la cámara legislativa plantea un escenario opuesto a los deseos expresados por la mayoría de los ciudadanos, en el sentido de que se lleve a cabo una investigación que arroje resultados concretos. ¿Le levantará la Asamblea Legislativa la inmunidad a los legisladores investigados? Las apuestas están abiertas.

El autor es periodista

Pero ¿quién dijo miedo? A palabras del mismo ministro Lacayo, el sector bancario salvadoreño está más que ansioso por competir con el panameño

Vianey Castrellón
vcastrellon@prensa.com

Medio broma y medio en serio, uno de los comentarios escuchados durante la conferencia de prensa que anunciaba la culminación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador y Panamá, decía que nuestro país se vería inundado de “pupusas”, uno de los platos típicos salvadoreños.

Pero la preocupación en estos momentos en el país centroamericano no es cómo aumentar su producción de pupusas para exportar, sino convertirse en lo que los titulares de la prensa salvadoreña han calificado como un “país indefenso ante bancos de maletín”.

El indefenso es El Salvador, y los bancos de maletín son los bancos offshore que proliferan en Panamá.

No bien el ministro de Economía salvadoreño, Miguel Lacayo, anunciaba al país que finalmente se había llegado a la culminación de las negociaciones del TLC, el sector bancario salvadoreño comenzó a revelar sus preocupaciones.

Y es que a pesar de que los bancos offshore quedaron excluidos del TLC, banqueros salvadoreños como Claudio Rosa, director ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), opinan que esto no es garantía de que esos bancos no vayan al país.

El TLC incluye solo los servicios de banca con sede en Panamá que tengan cinco años de haberse constituido formalmente en el país.

Según datos de esa asociación, en El Salvador operan 50 bancos offshore, 35 de los cuales mantienen carteras de préstamos.

Pero ¿quién dijo miedo? A palabras del mismo ministro Lacayo, el sector bancario salvadoreño está más que ansioso por competir con el panameño.

Según el ministro salvadoreño, la dolarización del país el año pasado los ayudó a adquirir una competencia que les permitirá, por ejemplo, pelear con Panamá para ofrecer las mejores tasas de interés en toda Latinoamérica.

Mientras que Panamá es un novato en lo que a TLC se refiere, El Salvador tiene un poco de práctica con los firmados con México, República Dominicana y Chile.

Las intimidades sobre los términos específicos del TLC aún son un misterio; solo se han revelado los detalles que cada uno de los ministerios de Comercio ha querido dar a la luz pública.

El ministro Lacayo anunciaba a su llegada a El Salvador que los rubros con un crecimiento potencial gracias al TLC incluían medicinas, pasta de dientes, cajas de cartón, textiles, productos de café y herramientas agrícolas.

Y aunque los buenos pronósticos dicen que se espera que los presidentes Mireya Moscoso y Francisco Flores ratifiquen con sus firmas el TLC antes de que se acabe el primer trimestre, el documento aún debe ser aprobado por el Consejo de Gabinete y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.

No bien Panamá le ponga punto final a su TLC con El Salvador, deberá ocuparse de culminar las negociaciones que inició el año pasado con Nicaragua, e iniciarlas con Costa Rica, Honduras y Guatemala.

Panamá tiene en su agenda futura el ojo puesto en México y en Chile, y lograr que la fase exploratoria para un posible TLC con Estados Unidos pase a una etapa más prometedora.

La autora es periodista

¿Es necesario un tratado tributario con EU?

Lo que estaría en juego es la fiscalización de las cuentas de unos bancos que componen el centro Bancario, cuyos activos representan unos 37 mil millones de dólares

Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com

El 8 de enero de 2002 será una fecha de no tan grata recordación para algunos círculos bancarios, firmas de abogados y sectores empresariales.

Ese día el Gobierno panameño dio el primer paso con el inicio de las conversaciones con Estados Unidos (EU) para la firma de un Tratado de Intercambio de Información Tributaria.

EU ha comenzado a presionar a Panamá para que firme un tratado tributario con el objetivo de perseguir el crimen fiscal.

Como se sabe, Panamá es considerado un paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tras el inicio de las conversaciones, las autoridades no han informado con suficiente transparencia sobre lo conversado con EU.

Lo poco que han dicho algunos funcionarios que viajaron a Miami, EU, a conversar con los norteamericanos, es que sabrán defender los intereses de Panamá al momento de entrar en negociación.

Es más. el texto del borrador del tratado tributario no fue dado a conocer por el Gobierno. Se pudo conocer cuando el documento fue publicado por La Prensa y otro medio de comunicación.

El borrador publicado es el que EU ha utilizado para firmar tratados de intercambio de información tributaria con unos 70 países. Como todo tratado, el texto del borrador contiene una serie de párrafos confusos y no muy claros.

Pero el artículo cuarto es quizás el más específico.

Según los puntos de dicho artículo, EU podría llevar a suelo norteamericano u otro lugar, no sólo a los que ellos consideran evasores de impuestos, sino a cualquier persona que tenga conocimiento de aquellos que evaden al fisco norteamericano.

El Ministerio de Economía, que encabeza las conversaciones, ha informado que desconoce el borrador publicado y que es un documento que no ha sido consensuado.

El inicio de las conversaciones ha caído como un balde de agua fría en algunos sectores bancarios, de abogados y empresariales, que aseguran no haber tenido conocimiento de lo que el Gobierno panameño estaba haciendo.

El tratado tributario ha encontrado mayor rechazo en las firmas de abogados.

¿Pero qué es lo que está en juego?

Se ha dicho que un tratado de intercambio de información tributaria acabaría con la economía de servicios, porque tocará el centro bancario y financiero y la venta de sociedades anónimas.

Lo que estaría en juego es la fiscalización de las cuentas de unos 87 bancos que componen el Centro Bancario cuyos activos representan unos 37 mil millones de dólares.

También se ha argumentado que un tratado tributario afectaría directamente el negocio de la venta de sociedades anónimas organizadas por centenares de firmas de abogados y que en concepto de impuesto de Tasa Unica aportan más de 20 millones de dólares al año.

Según los sectores afectados, lo peor de todo es que Panamá no necesita negociar un tratado de intercambio de información tributaria, porque los panameños no tienen nada que intercambiar.

El sistema tributario panameño se basa en el principio de territorialidad, que consiste en que los ciudadanos que están en el país, sólo pagan impuestos por lo producido aquí. Mientras que EU aplica el principio de universalización tributaria para gravar a sus ciudadanos en el extranjero.

Por la magnitud del tratado, lo menos que el país espera es que el Gobierno proporcione la mayor cantidad de información posible para que el país tenga claro a lo que se está enfrentando.

El autor es periodista