La sabiduría campesina advierte que cuando el río suena, piedras trae. Lo mismo suele ocurrir en política, como han demostrado los hechos recientes. Desde hace buen tiempo se han multiplicado los rumores de compra de votos en la Asamblea Legislativa, que no podían comprobarse para publicarlos responsablemente, pero el Ejecutivo debía conocerlos a través de sus múltiples organismos de inteligencia. Sin embargo, los ignoró, y ahora la presidenta Mireya Moscoso se limita a decir que no hará declaraciones sobre la corrupción en la Asamblea, porque ese es un asunto interno del PRD. Se equivoca, porque se trata de un asunto que afecta y compromete a un órgano del Estado, indispensable en la tarea de gobernar. Más aún, algunas de las denuncias, afectan directamente al partido gobernante y el país necesita saber la verdad, toda la verdad. Por ello, es digna de encomio la actitud de la procuradora general de la Nación, encargada, al disponer investigaciones de oficio sobre las denuncias. Pero eso no es suficiente. El contrato-ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), es ya ley de la República, y entró en vigencia tan pronto se publicó en la Gaceta Oficial. Lo que debe hacer el Ejecutivo es convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias, exclusivamente para considerar la suspensión de los efectos del contrato-ley del CEMIS, hasta tanto no se investiguen las acusaciones de compra de votos. Y que no se diga que no se puede modificar unilateralmente un contrato-ley, porque cualquier estudiante de derecho sabe que los vicios del consentimiento son causales de nulidad en los contratos.