Panamá, 15 de enero de 2002
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La extrema gravedad de la situación colombiana ante la decisión del presidente Andrés Pastrana de dar un ultimátum de cuarenta y ocho horas para que los guerrilleros de las FARC desalojen el territorio de cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados (mayor que la mitad de la República de Panamá), al que se le denominó zona desmilitarizada, no es ajena a nuestro país, por las posibles repercusiones que podría tener en la zona fronteriza común. Si los guerrilleros se retiran voluntariamente, si negocian otra tregua o si se retiran, probablemente lo harán de manera parcial, particularmente en las zonas urbanas. El resto se mimetizará como campesinos, con esa habilidad tan especial que tienen las guerrillas. En todo caso, un fracaso de las negociaciones de paz, aunque no imputable al presidente Pastrana, sería muy mala noticia para Colombia, agobiada por más de medio siglo de violencia demencial. Los guerrilleros volverían a sus viejas prácticas de tomar la iniciativa al elegir un blanco de oportunidad, donde quieran, cuando quieran y como quieran. El asunto puede tener serias implicaciones para Panamá, primero por los refugiados que huyen de los enfrentamientos entre los guerrilleros y el ejército o los grupos paramilitares de las llamadas Autodefensas campesinas, y luego porque los mismos guerrilleros pueden hacerse pasar por refugiados. En cualquier caso, hay que reforzar la vigilancia en el área fronteriza y pedir la cooperación de las Naciones Unidas para poder hacer frente al problema de los refugiados. Es un problema demasiado serio para enfrentarlo solos.

 




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