Magistrados, Gobierno, legisladores y equilibrio

Es la Asamblea, como institución, libre de amenazas y presiones, la que debe ejercer su voluntad de cuerpo para jugar el papel de equilibrio que le corresponde

Rousseau postula que cuando la voluntad particular obra contra la voluntad general, el Gobierno actúa contra la soberanía, que cuanto más intensamente lo hace, más se altera la Constitución, y que si no existe otra voluntad de cuerpo que, resistiendo a la del Ejecutivo, la equilibre, tarde o temprano ha de ocurrir que el Ejecutivo oprima al soberano y rompa el Contrato Social. Y agrega, lapidariamente, que ese es el vicio inherente que, desde el nacimiento del cuerpo político, inevitablemente tiende sin tregua a destruirlo.

A mi juicio, la ruptura del Pacto Social y la destrucción del cuerpo político son los mayores riesgos que se corre la clase política y la sociedad en su conjunto, en la coyuntura actual, que gira alrededor del nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quienes apoyan las designaciones, usan argumentos banales. Alegan que los nombramientos han sido siempre hechos de la misma manera; que el presidente anterior nombró los suyos y que ahora le toca a la presidenta; que si los rechazan, se cercena una prerrogativa del Ejecutivo; que la oposición quiere co-gobernar; que tienen que apoyar a tal o cual candidato porque es amigo, paisano, copartidario o colega; algunos se preguntan, ¿qué tal si voto u opino en contra, y lo ratifican; entonces cómo quedo yo, mi empresa o mi bufete? Pregunto, entonces, ¿qué cabida tienen la amistad, la coterraneidad, el partidismo o el compañerismo y los intereses particulares cuando de lo que se trata es de servir a la justicia?

Si antes se cometieron errores, ¿no fue una promesa electoral de los actuales gobernantes introducir un cambio a las alegadas malsanas prácticas imperantes? Si eran malsanas, ¿por qué perpetuarlas? ¿No descalificaron el método que están usando ahora, cuando decapitaron la Sala Quinta? En los anales de la Asamblea reposan los alegatos de uno de los candidatos y de otros legisladores de la bancada de Gobierno en torno al rechazo de los motivos de la creación de dicha Sala y de la descalificación que hicieron de sus magistrados. ¿Eran argumentos válidos entonces o existe un doble discurso? Afirman que el sólo hecho de cumplir los requisitos formales que exige la Constitución es suficiente pero, ¿dónde queda la potestad de ratificar de la Asamblea? Si se tratara de un mero trámite formal, esa facultad jamás hubiese sido elevada a norma constitucional.

El legislador propuesto, aparte de rechazar el método que hoy acepta, ha sido uno de los más enconados exponentes de la xenofobia anti-PRD. Era su derecho y dentro de los parámetros criollos cumplió con su papel. Mucho disfrutó los aplausos de sus conmilitones. ¿Cómo podría despojarse ahora de todo ese odio y encono para obrar en derecho en un cargo que exige equidad y ausencia de prejuicios? Si es que no fue sincero en el caso de la Sala Quinta ni en su posición política, ¿fue falso? ¿Fue hipócrita? ¿Fue charlatán? Si así fuera, no debería ser miembro de la CSJ; él mismo se descalificó. Le pasó lo que al pez.

El ex ministro presentó el proyecto que eliminaba la Sala Quinta y lo apoyó; según consta en los anales de la Asamblea, un legislador de oposición denunció que la documentación estaba incompleta, que faltaba un acta y que la misma fue “producida” a posteriori por el despacho del candidato. Niegan que haya sido partícipe de hechos públicos y notorios que se produjeron durante su gestión; no habría razones para dudar, si el manejo que se dio a los casos del HP-1430, las rebajas de pena a los narcotraficantes y las acusaciones de enriquecimiento ilícito y otros, no hubiera sido tan poco profesional. En muchas situaciones pesa más la percepción que los hechos. Al alegar que todo eso, si es que se hizo con dolo, fue sin su aprobación y conocimiento, también lo descalifican, porque no debería ser magistrado quien, en el ejercicio de su cargo, no se da cuenta de los abusos, desmanes y hasta delitos que se puedan haber cometido en su despacho.

Ante esta situación, es la Asamblea Legislativa, como institución, libre de amenazas y presiones, la que debe ejercer su voluntad de cuerpo para jugar el papel de equilibrio que le corresponde. Los del Gobierno y quienes lo apoyan en estos nombramientos, critican la revocatoria de mandato, pero aceptan la revocatoria de conciencia a que los ha sometido el Ejecutivo para obligarlos a votar por los candidatos propuestos, a pesar de lo que piensan y de lo que dijeron.

Por último, da pena el silencio cómplice de los gremios cívicos, laborales, profesionales y empresariales, y sobre todo el mutismo de los abogados que no se atreven a exponer su opinión. Si sienten aunque sea el más mínimo temor a las represalias que les acarrearía expresar lo que sienten, esa sería la mejor señal de que lo que se está haciendo no está bien y debe ser rechazado, para no permitir la ruptura del Contrato Social ni la destrucción del cuerpo político

El equilibrio del que habla Rosseau no es sólo responsabilidad de los legisladores y de los partidos políticos, también lo es del Gobierno y del resto de la sociedad.

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