Mentiras y verdades en Argentina
Carlos Alberto Montaner
Primera mentira: la explicación más reiterada del desastre es que los argentinos tenían una deuda externa muy alta –150 mil millones de dólares– que generaba unos intereses impagables. No es cierto. Cuando se tiene un PIB de 350 mil millones de dólares –la mitad del español– el monto proporcional de la deuda no era excesivo. El problema estaba en otra parte: el aumento irresponsable del gasto público y la utilización del crédito externo y del producto de las privatizaciones para financiarlo.
Segunda mentira: el caso argentino ha demostrado el fracaso de las medidas liberales, o «neoliberales», etiqueta hoy absolutamente negativa. Lo que ha fracasado es la propuesta keynesiana de activar la economía mediante un alto nivel de gasto público y un creciente déficit fiscal. En 1991, cuando comienza la reforma, el gasto público ascendía a 32 mil millones de dólares. En el 2000 había subido a 81 mil. Desde hace varios años los liberales argentinos, con Ricardo López Murphy a la cabeza, venían advirtiendo que el país se acercaba al despeñadero si no adoptaban una política fiscal ortodoxa. Es fácil crecer –como sucedió en la primera mitad de los noventa– cuando existe un flujo de inversiones externas que se dedican a gasto y consumo, pero en el momento en que se paraliza ese ingreso de recursos, inevitablemente sobreviene una aguda recesión.
A grandes rasgos esta es la parte técnica del conflicto. Sólo que esta visión deja fuera el aspecto más importante de la cuestión: la ignorancia de las normas básicas de la economía de mercado. Cuando los prestamistas internacionales examinaban los datos macroeconómicos de Argentina veían señales de alerta y eso se transformaba en intereses más altos. En las economías libres esa es la regla de oro: la desconfianza cuesta muy cara. El creciente déficit fiscal y los síntomas de que Argentina, en algún momento, no podría hacerle frente a sus obligaciones, aumentaba el riesgo-país y eso se traducía en tasas mayores de interés, lo que agravaba el riesgo-país, y, a su vez, repercutía en nuevas tasas. O sea: la espiral perpetua hasta que el sistema llegó a la bancarrota.
Y fue entonces cuando al señor Cavallo, desesperado, se le ocurrió agravar el problema hasta el infinito convirtiendo en pánico lo que, hasta entonces, era una racional desconfianza. ¿Cómo lo hizo? Congelando los depósitos de las cuentas bancarias «por 90 días» y transformando los ahorros de las cuentas de jubilación en obligaciones del Estado. Era un robo disfrazado de patriotismo. Pero un robo absurdo, suicida. ¿Qué pensaba el señor Cavallo que iba a suceder en el día 91? ¿No era obvio que para esa fecha, si la medida no hubiera sido derogada tras la renuncia de De la Rúa, los argentinos hubieran corrido hacia los bancos a extraer sus ahorros para llevárselos a Montevideo, a Suiza, a Miami, a cualquier lugar lejos de las manos peludas de los políticos de su país? Eso hubiera destruido el sistema bancario, sencillamente porque los argentinos habían dejado de creer en él.
Tal vez la lección más importante que debería aprender la clase dirigente argentina es que el sistema de economía de mercado está basado en el respeto a la ley, el cumplimiento de los pactos y –si se quiere ser próspero y eficiente– en el manejo prudente de las políticas públicas. Todo eso se traduce en confianza hacia el país y hacia la sociedad que vive bajo la autoridad de este tipo de conducta. Y la confianza permite hacer planes a largo plazo y estimula el ahorro, la inversión y la capitalización creciente. Pero este clima sosegado –el de Suiza, el de España hoy, el del primer mundo– no puede alterarse cada cierto tiempo sin graves consecuencias. De donde se deduce que la primera tarea de quienes sucedan a De la Rúa sea tranquilizar a extranjeros y argentinos con hechos y proyectos sensatos. Lo que está por delante es una labor a medio camino entre la economía y la siquiatría. Dios reparta suerte.
El autor es analista político
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