Con motivo de una prematura invitación para dar la bienvenida a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se han producido toda suerte de lamentables especulaciones. Algunos piensan que los nuevos “magistrados” ocuparán sus cargos aunque la Asamblea no haya aprobado sus nombramientos, lo que es una aberración constitucional imposible de sostener con seriedad. Basta leer el artículo 195 de la Constitución para entender que el Consejo de Gabinete tiene, entre sus funciones, la facultad de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a otros funcionarios, “con sujeción a la aprobación de la Asamblea Legislativa”. Ante la claridad y contundencia del texto constitucional, toda discusión solo es atribuible a fanatismos políticos que nada bueno auguran a la República. Es lamentable que personas indiscutiblemente versadas en derecho ofrezcan torcidas interpretaciones, obviamente destinadas a confundir a la opinión pública. Las disidencias políticas son inevitables, pero el secreto de la democracia es que tiene mecanismos institucionales para conciliarlas. Lo preocupante es que las rivalidades políticas puedan romper la institucionalidad para tratar de imponer una posición. En política, como en física, toda acción causa una reacción en sentido contrario, y la imposición de dos magistrados no ratificados, podría causar el enjuiciamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El país no está para esos peligrosos juegos.