Presidencialismo y corrupción

El agobiante problema del desempleo y la pobreza no es lo que prioriza el gobernante, sino su apetito por la hegemonía arbitraria

Los regímenes presidencialistas no hacen distancia de las dictaduras cuando quien funge como presidente cree en el autoritarismo por educación o por convicción, que, si bien puede ser garantía de realizaciones, también se presta para exabruptos, abusos y corrupción.

Y, cuando no permite –por buenas razones- ni siquiera el aliviante de las realizaciones, aboca a los pueblos a una pobreza extensa y profunda, como aboca el monstruo al terror y al espanto. Esa línea frágil que la Constitución democrática demarca con celo y miedo se quiebra, se penetra o se borra ante la avasalladora actitud del gobernante ciego o del gobernante mal intencionado. Pero, no está el gobernante solo, porque tendrá –entre gratuito y costoso- un coro no exactamente angelical, de fieles e infieles que prefieren el dictado a la consulta, la imposición forzuda al ejercicio intelectual, el “juega vivo” al respeto y el decoro. La Constitución Política de Panamá está, entre otras cosas, para garantizar la independencia de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Eso quiere decir que ninguno de esos poderes debe atentar contra la independencia del otro o de los otros. Y es importante que reconozcamos el derecho a disentir, que no es un atentado.

El escenario de hoy es el del atentado contra la Constitución Política de Panamá. Por un lado se construye cuidadosamente una campaña de desprestigio contra el poder Legislativo y por el otro lado se trata de tomar el poder Judicial. No es pues, el agobiante problema del desempleo y la pobreza lo que prioriza el gobernante, sino su apetito por la hegemonía arbitraria. Imponer candidatos, por buenos que sean, a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, es un atentado a esa independencia. Sugerir candidatos, por malos que sean, no lo es. Alcanzar lo intentado o aspirar ese logro con amenazas o decisiones de contener o liberar derechos o prebendas es extorsionar.

Desconocer la letra constitucional que ordena, por ejemplo, el mecanismo de aprobación del presupuesto anual de la Nación, es un acto de ignorancia que, aunque se podría perdonar no se debe excusar, o un acto violatorio insensato y premeditado que, incluso, merece serio análisis. Detrás de las tantas elucubraciones románticas sobre el nombramiento de un magistrado u otro a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué es lo que se está realmente buscando? A ver si tiene alguien el coraje, el valor y la rectitud de desenmascarar los verdaderos propósitos. Porque, de hecho, pareciera que ya pasaron los tiempos de exigir hombría o varonil postura.

No se engañe el ciudadano común. En el marco de la difícil situación económica por la que vamos la mayoría de los panameños, la urgente necesidad del gobernante es la de tener un hombre de confianza y andanzas en la Corte Suprema de Justicia.

Como se percibe entre garzas y otras aves, sin agotar malicia y alevosía, aun en las condiciones más adversas y manifiestas ya entre quienes tienen que ratificar tal decisión, hay que insistir porque ese es, sin denuedos, su derecho. Lo delicado del asunto es la caja de instrumentos que se utiliza para forzar la cerradura. Instrumentos rutinarios, sí, pero de una inmoral amalgama de metales.

Mi humilde malicia indígena no me permite creer que sea el ciego amor, quien nos tiene metidos en tanto vericueto. Estamos lejos aún del 14 de febrero y tenemos el 25 de diciembre encima. ¿No estará en juego, por ejemplo, las tantas veces deseada cabeza del procurador general de la Nación? Y, ¿las otras cabezas que rodarían más tarde? O, ¿la tranquilidad después del poder? O, ¿el poder absoluto después de la tranquilidad? Si no se ataca a la corrupción -y toda la metodología de este tedioso proceso de ratificación con candidato virtual, lo que es un acto de corrupción- no se resolverá el problema económico del país. Por ello, toda discusión nacional sobre las finanzas del país terminan en la escudería ítalo-azuerense.

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