Actualidad

Los Juliao deben responder

Nosotros, los ciudadanos, debemos hacer valer los derechos democráticos de participación y transparencia

Mónica Guardia
mguardia@prensa.com

En la calle se dice que el político que solucione los problemas de tránsito de la ciudad de Panamá tiene su carrera hacia la Presidencia asegurada.

Y es que los tranques monumentales que sufrimos a diario no solo provocan pérdidas millonarias, sino que deterioran nuestra calidad de vida y hasta nuestra salud mental.

No hay duda de que todos deseamos una solución a estos problemas y, cuanto antes, mejor.

Pese a esto, la primera propuesta de un megaproyecto por parte de un Gobierno por aliviar el congestionamiento vehicular no ha sido bien aceptada por la ciudadanía. Se trata de la construcción de un tren ligero a nivel por la ruta San Isidro-Plaza Cinco de Mayo, a un costo de 204 millones de dólares.

¿Necedad? ¿Tendencia a oponerse a cualquier medida que tome el gobierno de turno? Difícilmente.

Quienes que han manifestado su oposición a la construcción del tren ligero son ciudadanos serios, de trayectoria y con conocimientos que los acreditan como críticos válidos de la decisión del Ministerio de Obras Públicas.

Entre las críticas que se le han hecho al proyecto están las siguientes:

- El costo del proyecto, de 204 millones de dólares, es demasiado para un país pobre con una ya abultada deuda externa. Pero no se trata solo de Panamá. La tecnología de trenes ligeros está concentrada geográficamente en Europa y Asia, ya que los costos son enormes.

- Las instituciones bancarias multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo no están ya prestando dinero para construir trenes interurbanos, al haber llegado a la conclusión de que son alternativas muy caras que requieren de subsidios eternos.

- Las ciudades latinoamericanas que descartan el tren ligero están adoptando el sistema de bus rápido, que con sus carriles especiales y su tecnología barata resulta una solución mucho más viable para países como el nuestro.

- El proceso de decisión no se ha llevado como es debido. El artículo 24 del capítulo IV de la ley 34 de 1999 señala que las funciones de diseño y desarrollo de transporte estarán en manos de la Autoridad Nacional de Transporte, y esta autoridad ni siquiera ha sido consultada.

- Es natural que el gobierno de Francia intente vender tecnología que ellos producen. Las autoridades del MOP aceptaron una donación de 600 mil dólares para el Estudio de Factibilidad de un Sistema de Transporte Público Masivo, que fue hecho, precisamente por la empresa francesa BCEOM, Société Française D’Ingénierie. Este estudio, que recomienda la tecnología del tren ligero, presentas cifras que difieren de las del Banco Mundial.

En la licitación para adjudicar el diseño, celebrada en el mes de noviembre, participó, precisamente, la empresa francesa BCEOM.

Los cuestionamientos son serios. Ahora, corresponde a los hermanos Juliao, Víctor y Alvaro, ministro de Obras Públicas y encargado de proyectos especiales de ese ministerio, respectivamente, responder las dudas de la ciudadanía.

El deseo de solucionar un problema de tan grave magnitud como es el del tránsito, no debe hacer olvidar a los gobernantes la necesidad de buscar una solución tan buena como viable económicamente.

Nosotros los ciudadanos debemos hacer valer los derechos democráticos de participación y transparencia, imprescindibles para la honesta administración de la cosa pública.

Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir cuentas de nuestros gobernantes. Y los gobernantes, tienen la obligación de responder.

La autora es periodista

Un nuevo presupuesto a cambio de qué

Según algunos legisladores, el Gobierno aprobaría elpresupuesto mediante decreto Ejecutivo, sin considerar el parecer de la Asamblea Legislativa

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El debate que se generaba días antes de finalizar el año fiscal en la Asamblea Legislativa, para aprobar o desaprobar el presupuesto general del Estado del siguiente año, esta vez se trasladó a la opinión pública. Sin entender mucho sobre las cifras del presupuesto, la ciudadanía se encuentra enmarañada en una discusión entre el Legislativo y el Ejecutivo, cuyos motivos parecen ser las partidas circuitales.

En el 2001, las partidas circuitales representaron un gasto de 38 millones de dólares, es decir unos 550 mil por cada uno de los 71 legisladores. Desde que se inició el debate sobre este tema, el legislativo afirmó que el Ejecutivo se ha involucrado en sus asuntos internos al recortar el presupuesto en un 33%, afectando, con ello, su funcionamiento. El proyecto de presupuesto del 2002, que asciende a 6 mil 280 millones de dólares, fue rechazado en primer debate el pasado 14 de noviembre, entre otras cosas, por supuesta falta de viabilidad financiera. Desde entonces el presupuesto se mantiene estancado en la Asamblea Legislativa. Por un lado los legisladores del opositor Partido Revolucionario Democrático exigen al Ejecutivo que presente las modificaciones necesarias para rechazarlo, mientras que este solicita el rechazo formal del proyecto, para presentar un nuevo proyecto de presupuesto.

El debate parece no terminar. El ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, afirmó que en el nuevo proyecto de presupuesto que el Ejecutivo formulará, no están incluidas las partidas circuitales. Sin embargo, en el nuevo documento se recortan unos cien millones de dólares de diferentes ministerios e instituciones. Por su parte, el legislador Mateo Castillero, presidente de la comisión legislativa de presupuesto propone que el presupuesto para el 2002 se recorte en unos 200 millones de dólares. El impasse en la aprobación del presupuesto se mantiene, mientras los representantes de ambos órganos del Estado continúan los ataques verbales a través de los medios de comunicación social. El Ejecutivo sigue esperando que la Asamblea rechace el documento y el Legislativo a la espera de que se le presenten las modificaciones para llevar un nuevo presupuesto.

Sin embargo, también el Legislativo acusa al órgano Ejecutivo de dilatar el proceso para presentar el nuevo presupuesto unos días antes de finalizar el año. De esta manera, según algunos legisladores, el Gobierno aprobaría el presupuesto mediante Decreto Ejecutivo, sin considerar el parecer de la Asamblea Legislativa. Este parece ser el lema que mantendrá, hasta que alguna de las dos partes se decida a dar el paso para que el Estado cuente con su respectivo presupuesto para el 2002.

El autor es periodista

Los tropiezos del agro

En el campo hay dinero, el problema radica en la forma de cómo administrarlo para que sea mejor repartido

Julio César Aizprúa
jaizprua@prensa.com

Con un aporte de tan solo un 7% al Producto Interno Bruto (PIB), el sector agropecuario mantiene un estancamiento que cada día es más evidente. El último golpe recibido por este sector se dio con la disminución de las exportaciones bananeras, que según cifras de la Cámara de Comercio se estima en un -8.7%. Aunado a esto, el sacrificio de ganado vacuno y porcino también ha caído en un -4.1%.

Tan solo durante la pasada conferencia de ejecutivos de empresa CADE 2001, se hizo patente que en los últimos años el empleo en las labores agrícolas ha disminuido, dando como resultado que un 65% de los pobladores de las áreas rurales son pobres. Esto contrasta notablemente con la situación experimentada en las áreas urbanas, en donde la pobreza alcanza al 19% de la población.

Lamentablemente, este panorama negativo que rodea al sector agropecuario parece no llegar a las altas esferas de los encargados del sector, quienes en no pocas ocasiones se vanaglorian del “desarrollo” que viene alcanzando este sector.

Para justificar sus argumentos, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) insisten en que el sector está avanzando, apoyándose sobre todo en el hecho de que las agroexportaciones muestran un repunte notable.

No obstante, los tropiezos del sector saltan a la vista. La reciente implementación de la Ley 24 de 4 de junio de 2001 por medio de la cual se establecen medidas de ayuda a los productores afectados por la sequía y otras contingencias, se ha convertido en un verdadero escándalo.

Este programa es por un total de 15.8 millones de dólares, de los cuales 5.8 millones iban dirigidos al sector arrocero afectado por la sequía de la pasada zafra 2001.

Para el año próximo el monto del programa de la ley 24 puede variar, ya que el mismo está sujeto a las presentación de la situación en que incurran los diferentes rubros, ya sea por la caída de precios o por contingencias climáticas.

Una minuciosa investigación periodística ha dejado al descubierto que muchos productores de la provincia de Coclé cobraron dineros del Estado sin cumplir con las más mínimas exigencias que se establecieron en dicha reglamentación.

Algunos cobraron sin sembrar, otros cobraron de más y hubo incluso quienes por su relación con funcionarios del MIDA tomaron la delantera a la hora de cobrar los emolumentos.

Pero, pese a las denuncias presentadas, la Contraloría General aun no ha emitido el resultado de esta investigación, llamando poderosamente la atención que altos funcionarios de esta entidad han declarado que no esperan encontrar una lesión patrimonial considerable.

La duda surge en momentos en que se está a pocos meses de la implementación de la Ley 25, de apoyo a los productores que deseen cambiarse al cultivo de aquellos rubros que en un momento dado sean más rentables en el mercado local e internacional. Para la implementación de esta Ley se cuenta con 30 millones de dólares.

Como se observa, en el campo hay dinero, el problema radica en la forma de cómo administrarlo para que sea mejor repartido entre quienes de verdad tienen como trabajo primario el hacer producir la tierra.

El autor es periodista