Chávez es puesto a prueba

El presidente, en los días previos, había desafiadoa los empresarios a que paralizaran el país. Luego denunció una conspiración en su contra.

(BASADO EN SERVICIOS INTERNACIONALES).

Chávez, de fatiga, denunció una conspiración y amenazó con radicalizar su ”revolución”.

El presidente Hugo Chávez, que el pasado lunes toleró visiblemente disgustado un exitoso paro nacional de doce horas de empresarios y trabajadores y amenazó con radicalizar su revolución, debe ahora dar muestras de habilidad política para evitar la aceleración de la confrontación social en Venezuela.

La paralización fue detonada por un paquete de 49 leyes legisladas por decreto por Chávez, investido para el efecto de poderes especiales durante un año por la mayoritariamente oficialista Asamblea Nacional, que expiraron el pasado 13 de noviembre, cuando el presidente las anunció.

El empresariado considera estas leyes, especialmente las de tierra, hidrocarburos y pesca, como estatistas e inconsultas. Estima que alejarán la inversión y que marcan un viraje hacia una economía centralista y programada.

El organismo empresarial Fedecámaras, que agrupa a más de un millón de empresas que emplean a siete de los once millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa del país, llamó al paro reclamando del Gobierno la suspensión de las leyes hasta que no se discutan abiertamente.

Chávez no dio marcha atrás y la mayor central obrera, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que afilia 1.6 millones de trabajadores y con influencia en los 1.3 millones de trabajadores del Estado, se plegó al paro cinco días antes de su realización.

El presidente de la CTV, el socialdemócrata Carlos Ortega, asevera que aún se mantiene en alerta y dispuesto a convocar a una huelga general de 48 horas si el Gobierno no da marcha atrás.

El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, anunció que presentará un recurso de nulidad de los dispositivos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ya aceptó un recurso contra la ley de tierras.

El paro del lunes pasado tuvo un éxito rotundo: hubo transporte, pero los trabajadores no se presentaron. La enseñanza, pequeños y medianos comercios, cafés y bares, panaderías, restaurantes, grandes superficies comerciales, mercados, farmacias, bancos, la bolsa de valores de Caracas, el transporte de carga y muchas gasolineras pararon sus actividades casi plenamente. La semana anterior, Chávez había promulgado la ley de hidrocarburos y ese mismo día hizo lo propio con la de tierras.

El presidente, que en los días previos había desafiado a los empresarios a que paralizaran el país, programó para ese día tres actos: el primero, conmemorativo al aniversario de la fuerza aérea en el aeropuerto urbano La Carlota de Caracas, donde funciona la comandancia general del arma, y enclavado en el exclusivo este de la capital, corazón de la burguesía venezolana.

Allí le sorprendió el golpeteo de las cacerolas de protesta, no solo de los edificios vecinos, sino de cientos de personas que se aproximaron a las alambradas del aeropuerto para expresarle su repudio.

Chávez, vestido de militar, no pudo evitar su enojo y denunció una conspiración, cargo que repitió con la aseveración de que profundizará su revolución bolivariana en otro acto ante unos 4 mil campesinos en una plaza céntrica caraqueña, y en el poblado de Santa Ana de su natal y suroccidental estado de Barinas, prometiendo, además, ajustar las tuercas a los empresarios y a todos sus rivales “contrarrevolucionarios”.

El martes, en la turística isla de Margarita, donde ese día y el miércoles se efectuó la III Cumbre de gobernantes de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Chávez promulgó la ley de pesca, flanqueado por su amigo el presidente cubano, Fidel Castro.

Los analistas coinciden en que si el presidente no da marcha atrás y la situación se agrava explosivamente, no le quedará más remedio que apelar al estado de excepción, que la oposición anticipa como un “auto golpe”.

De otro lado, en el umbral de su tercer año de gobierno, sin duda Chávez luce desgastado y sin su otrora poder de convocatoria que le hizo ganar cinco consultas populares seguidas entre 1998 y el 2000.

Además, Washington está pendiente de sus actos, al tenerle bajo observación después de que criticara los bombardeos sobre Afganistán, aseverando que no se puede combatir el terrorismo con más terror, irritando a la administración de George W. Bush.

El miércoles 12 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano admitió evaluar la demanda de nulidad, por inconstitucionalidad, presentada por un diputado opositor contra la nueva y polémica Ley de Tierras.

Ayer sábado el ministro del Interior, Luis Miquilena, abogó por un consenso que logre bajar la conflictividad en Venezuela, agudizada tras el paro cívico.

Miquilena formuló sus planteamientos en un discurso, precediendo a una intervención de Chávez, al conmemorar este sábado la aprobación por referéndum en 1999 de la actual Constitución bolivariana de Venezuela, en la Asamblea Nacional.

“Tenemos necesidad de bajarle la cresta a la conflictividad”, dijo.

El octogenario Miquilena, mentor político de Chávez, planteó buscar mejoras en lo económico luego del “éxito en lo político” obtenido por el gobierno de Hugo Chávez, en sus dos primeros años.

El mandatario, en el poder desde febrero de 1999, ganó las elecciones generales del 2000, que le otorgan un periodo de gobierno de seis años, con probabilidad de reelección inmediata. Pero ahora su liderazgo está sometido a una dura prueba.

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