Controversias actuales, decisiones pendientes
Sabrina Bacal
La encuesta de Dichter & Neira realizada entre el viernes 30 de noviembre y el domingo 2 de diciembre, contiene valiosa información sobre cuatro tópicos que mantienen al país en vilo: la candidatura de Winston Spadafora para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la unificación de la tarifa de transporte público, la controversia que mantienen el Ejecutivo y el Legislativo por el presupuesto del año 2002 y la utilización del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Aunque la última palabra en estos temas la tendrán los gobernantes, la opinión de los gobernados arrojada por el sondeo, debiera impregnar de la forma más constructiva posible, los razonamientos que fundamenten las determinaciones finales.
La designación de Winston Spadafora como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, despierta el rechazo del 58.6% de los panameños. Esta censura a su candidatura, es mayor en la ciudad de Panamá (66.8%) que en el resto del país (50.5%). Tan solo un 29.3% del total de encuestados se manifiesta de acuerdo con un nombramiento que ha generado enardecidos desacuerdos, desde su anuncio. Mientras la ciudadanía espera que la Asamblea Legislativa oficialice su decisivo parecer sobre la denominación, queda la sensación de que la agria controversia política ha incidido enormemente en la popularidad del candidato a magistrado. Independientemente de la naturaleza y calidad de los argumentos que han alimentado el debate, lo cierto es que la existencia del mismo, ha menoscabado la legitimidad de la designación, y la incapacidad para aceptar este hecho por parte del Ejecutivo, ha terminado por afectar todo el proceso de elección y ratificación.
La unificación de la tarifa de transporte a 25 centésimos, genera también, fuertes desacuerdos. El 62.7% de los panameños no cree que se justifique el aumento en el pasaje, que está previsto a regir desde el 15 de diciembre. Los usuarios del vital transporte colectivo siguen recibiendo un pésimo servicio y a pesar del compromiso de los transportistas de mejorarlo a cambio del aumento en la tarifa, los ciudadanos no perciben relación alguna entre ambos aspectos: para la mayoría, el pasaje aumentará, sin que eso acarree un beneficio para ellos, como pasajeros. La impopularidad de la medida de unificación, recuerda cuán delicado es el tema del transporte público, sobre todo cuando el rechazo al aumento asciende hasta el 72.6% en las áreas capitalinas.
La controversia entre los Organo Ejecutivo y Legislativo, por el presupuesto del año 2002 se percibe con cierto disgusto, por parte de los ciudadanos. Para el 30.8% de los panameños, ninguno de los implicados en el debate tiene la razón, opinión que, seguramente, va de la mano de la impresión de que la ciega defensa de los intereses personales de los políticos está siendo colocada por encima del bien común. Un 20.3% le da el beneficio de la duda al Ejecutivo, probablemente aduciendo que fue la eliminación de las partidas circuitales la principal fuente de oposición legislativa al anteproyecto presentado por el Ejecutivo. Un porcentaje un tanto mayor (25.5%) se pone del lado de la mayoría legislativa, apoyando así, las críticas al presupuesto gobiernista, que lo calificaron de inconsecuente con la realidad económica y fiscal panameña. Lo cierto es que, dejando a un lado el que alguno de los dos haya tenido argumentos y/o voluntades más veraces o sinceras, los panameños son conscientes del daño que implica un prolongado desacuerdo en el tema.
La forma de utilización del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, genera algunos desacuerdos y crecientes consensos. Mientras los participantes del diálogo por la reactivación económica decidieron mejorar el rendimiento del Fondo, reducir el nivel de endeudamiento público y liberar recursos para proyectos de infraestructura, la opinión ciudadana se acerca en varios puntos a esa opción. Un 43.7% de los consultados piensa que este capital debe utilizarse parcialmente y eso implicaría usar la mitad ( 23.2%) o menos de la mitad (19.3%) en el pago de la deuda externa y usar la mitad (30.5%) o menos de la mitad (16.3%) en obras de infraestructura. A pesar del peso de tales opiniones, hay un 32.7% que está en desacuerdo con utilizar los recursos para la deuda externa y un 22.2% que piensa lo mismo acerca de su utilización para obras de infraestructura. Lo importante es que el público panameño parece estar informado sobre la necesidad de aumentar el aporte social y económico de una fracción de este capital nacional, sin consumirlo de forma apresurada y equívoca.
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