Los males del hermetismo

Cuando la información se restringe, aumentan incon-trolablemente los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos de poder

En esta ocasión, la Asamblea Legislativa ha tomado una decisión trascendental en nuestra historia. Ha decidido reconocer, de una vez por todas y de manera expresa, un principio fundamental de transparencia gubernamental: la información pública en Panamá será eso, pública y de libre acceso a la ciudadanía. Pero la Asamblea no se ha quedado allí. Además de reconocer mediante ley el derecho que tiene cualquier persona de acceder a dicha información, ha establecido un procedimiento sencillo y breve para garantizar su efectividad.

El proyecto de ley, que acaba de recibir tercer debate y está pendiente de la sanción y promulgación del Organo Ejecutivo, pretende acabar con el hermetismo oficial que ha arrastrado a la República prácticamente desde su fundación. Toda persona tendrá derecho a solicitar, sin necesidad de justificación o motivación alguna, información en poder o conocimiento de todas las instituciones del Estado.

La ley contempla, por supuesto, una serie de excepciones sobre determinada información, que será de acceso restringido, al menos por un tiempo, así como aquella relativa a la intimidad de los particulares que, aunque esté en manos de instituciones publicas o agentes del Estado, deberá ser confidencial. Las excepciones versan primordialmente sobre negociaciones diplomáticas, temas de seguridad nacional y procesos en etapa de investigación, y están claramente señaladas en la ley, pretendiendo así eliminar hasta donde sea posible la discrecionalidad caprichosa.

El ámbito de aplicación no se limita al Organo Ejecutivo pues abarca a toda agencia o dependencia del Estado, incluidos el propio Organo Legislativo, el Judicial, el Ministerio Público, el Canal de Panamá, los municipios y las autoridades locales. Creo relevante destacar que con esta ley cualquier fundación, patronato u organismo no gubernamental, que reciba fondos del Estado, queda automáticamente sujeto a esta norma, por lo tanto obligado a abrir sus registros a cualquier persona que tenga interés en conocer sobre el manejo que se le da a los mismos.

Una gestión transparente de gobierno exige que los funcionarios entiendan que su cargo conlleva la obligación de informar a la ciudadanía sobre todos los detalles de la gestión oficial. “La información pública —dijo el Relator de la OEA de visita en Panamá— no le pertenece al Estado, sino a toda la comunidad”. En esta sociedad democrática, los funcionarios responden a la ciudadanía de sus actos y omisiones. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre las decisiones que les afectan, sobre las obras y acciones de gobierno, sobre las actuaciones de sus gobernantes y especialmente, sobre el manejo de los bienes y recursos administrados por el Estado.

Estados Unidos fue pionero en materia de acceso informativo. En 1966 el Presidente Johnson sancionó la Ley de Libre Acceso Público a la Información (Freedom of Information Act) que ha sido reconocida como uno de los legados más importantes de su administración. Hoy en día, no se concibe una sociedad democrática moderna al margen de los principios de rendición de cuentas y transparencia informativa. Es más, las instituciones crediticias mundiales han empezado a medir la transparencia presupuestaria de los distintos países por el grado de participación o exclusión que tienen los ciudadanos de cada nación, que son quienes, a fin de cuentas, “financian y deben beneficiarse del gasto público”. Con esta ley, Panamá se coloca a la vanguardia legislativa en el tema, y no exagero al afirmar que el país contará con una de las mejores y más completas normas sobre acceso a la información en América Latina.

Además de las disposiciones sobre transparencia gubernamental, el proyecto de ley en mención incluye disposiciones a tono con la “era informática”. Se reconoce el derecho, cada día más relevante, que tiene cualquier persona de conocer acerca de la información que sobre sí misma mantienen las instituciones del Estado, y a corregirla en caso de que sea incorrecta o incompleta, mediante el recurso de habeas data.

El proyecto promueve una cultura participativa y abierta, en contra del secretismo imperante, contribuyendo con una sociedad que necesita estar mejor informada y en busca de nuevas ideas. En fin, se pretende contribuir a lograr una sociedad mucho menos tolerante de la corrupción.

Para Transparencia Internacional, que lleva casi dos años promoviendo esta iniciativa, una cosa está muy clara: cuando la información se restringe, aumentan incontrolablemente los actos de corrupción, el endeudamiento irresponsable y los abusos de poder. Un gobierno que no tiene nada que esconder, es un gobierno responsable, honesto y democrático. Por ello, me complace sobremanera, no solo el hecho de la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa, sino que tanto la discusión como aprobación del mismo contó con el voto favorable de todos los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, sin reservas.

Durante las sesiones de trabajo participaron representantes de la sociedad civil, de asociaciones gremiales, particularmente la APEDE, la Defensoría del Pueblo, Justicia y Paz y tantos otros particulares que no me queda duda alguna de que el alto grado de interés en este proyecto legislativo no es más que el reflejo de la enorme preocupación ciudadana por el tema de la corrupción.

Muchas de las malas decisiones del pasado y de los actos de corrupción se dieron a la sombra del secretismo y de una confidencialidad mal entendida. Es tiempo de hacer bueno el compromiso de construir una sociedad más abierta y participativa, acabando con este dañino hermetismo oficial.

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