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CAT por liebre

Le corresponde ahora al Gobiernoevitar que losseudoempresarios le sigan vendiendo CAT por liebre

Manuel Domínguez
mdominguez@prensa.com

La fórmula es, por decir lo menos, simple: invente un producto, invente que lo exporta y hágase millonario. Así de fácil. Usted pone un poco de imaginación y del resto se encarga un sistema caduco que se basa, a estas alturas, en la buena fe de quienes lo usan -y abusan.

Se trata de los Certificados de Abono Tributario (CAT). Un subsidio -¿premio?- ideado por el establishment económico de los militares en 1974 para motivar la exportación de los denominados productos no tradicionales.

Los mismos cuya vigencia (por acuerdos con la OMC iban a desaparecer en el 2002) el ministerio de Comercio e Industrias logró expandir en la reciente cita convocada por la Organización Mundial de Comercio en Doha, Qatar.

Son los mismos CAT que, últimamente, han hecho titulares dado los escándalos descubiertos al comprobarse que varias empresas han obtenido millonarias sumas de dinero al presentar información falsa sobre sus exportaciones.

Y sabemos, de buena fuente, que las operaciones de otras exportadoras de productos no tradicionales reflejan un éxito que da pie a la sospecha.

Sospecha también provoca el aumento de las exportaciones de este tipo de productos: en 1998, 330 millones de dólares; 352 millones 600 mil dólares en 1999; mientras que en el 2000 subieron a 468 millones 600 mil dólares (fuente: la Contraloría).

Solo en 1999, se emitieron mil 295 resoluciones de CAT por un monto total de 34.3 millones de dólares.

Los CAT pueden ser usados para pagar varios impuestos (entre ellos impuesto sobre la renta e ITMB); a mayor exportación, más grande es el CAT. Cuando se emite la resolución que luego dará origen al CAT en sí, el exportador la negocia en el mercado secundario y la convierte en efectivo. El CAT equivale al 15% del valor agregado nacional (VAN) que contenga el producto exportado.

Si la resolución es por 1 millón de dólares, por ejemplo, puede ser comprada en 800 mil. Así, el exportador se queda con un dinero que antes no tenía y el comprador se beneficia con un documento que cuando se haga efectivo valdrá considerablemente más de lo que le costó.

Originalmente, y esto me lo dijo alguien que cree en ellos, el propósito de los CAT era benévolo: impulsar el crecimiento de los exportadores para así crear empleos. Hasta aquí todo bien.

El problema surgió en el sistema de verificación de las exportaciones. Un repaso a los últimos casos hacen esto evidente. Algunas empresas simplemente presentaron a la Comisión de Incentivo a la Exportación documentos falsos sobre el volumen de sus “exportaciones”.

No hubo, ni hay, un funcionario verificando que realmente esa empresa exporta tantos contenedores por semana, o que efectivamente esos contenedores transporten algo.

Los funcionarios encargados de otorgar los CAT -no todos, por suerte-, más interesados en engrosar las estadísticas de exportación que en verificar la legitimidad de la información que reciben, firman rápidamente el visto bueno. Generalmente el daño se descubre cuando ya está hecho.

Se otorgan las resoluciones, el exportador las vende y todos felices. Hasta que se descubre que en realidad no hubo tales exportaciones y que, por consiguiente, los CAT fueron obtenidos fraudulentamente.

Las autoridades solo perciben que hay algo anómalo cuando las estadísticas de cierta empresa arrojan cifras escandalosas (cito el ejemplo de una empresa dedicada a la fabricación y exportación de cosméticos, con sólo dos años de operación, que reportaba exportaciones por 13 millones de dólares al año, lo que le permitió recibir más de tres millones en CAT en 1999).

Cierra este proceso el Gobierno que, con la plata de todos los panameños, cree en la buena fe de quienes compraron las resoluciones y da legitimidad a un documento negociable cuya génesis fue la corrupción.

Muchas empresas, eso me consta, obtienen los CAT de forma legítima. Subsidios como este son comunes en el mundo. Pero, en lugar de un incentivo, los CAT han degenerado en una tabla de salvación sin la cual muchas exportadoras desaparecerían.

El problema es que, pese a los importantes casos de irregularidades en la obtención de estos documentos, las autoridades no hacen mucho por ajustar los controles y evitar más corrupción.

Es un hecho: la OMC ha permitido a Panamá que los CAT se mantengan vigentes. Le corresponde ahora al Gobierno evitar que los seudoempresarios le sigan vendiendo CAT por liebre.

El autor es periodista

Alberto Vallarino también volvió

El inesperado, pero no sorpresivo encuentro, ha levantado una justificada polvareda política

Hermes Sucre Serrano
hsucre@prensa. com

“Volveremos”, las proféticas palabras pronunciadas por Arnulfo Arias Madrid aquel sangriento 10 de mayo de 1951, cuando salía de la Presidencia -con el saco al hombro y del brazo de su esposa, doña Ana Matilde Linares de Arias- luego de ser derrocado por un golpe militar, no pierden vigencia. Son muchos los arnulfistas que vuelven, uno de los último fue Alberto Vallarino Clement, ex candidato presidencial en las elecciones de mayo de 1999.

Arnulfo Arias cumplió su palabra en octubre de 1968, pero nuevamente fue derrocado por una rebelión militar encabezada por los oficiales Boris Martínez y Omar Torrijos Herrera. Sus seguidores aseguran que también regresó en mayo de 1984 cuando -supuestamente- perdió las elecciones frente a Nicolás Ardito Barletta. Otros que hicieron honor a la promesa del “Caudillo de Arco Iris” fueron Guillermo Endara Galimany, en 1989, y Mireya Moscoso Rodríguez, en 1999.

Hoy nos ocuparemos del regreso, a manera de acercamiento, de Alberto Vallarino Clement, quien esta semana se reunió con la presidenta Mireya Moscoso, y con otros jerarcas del arnulfismo. La presidenta anunció que a partir del 2002 se abrirán los libros de inscripción de esa agrupación política. Aunque Vallarino no habló de inscribirse, sí confesó que toda su vida, que incluye el episodio de su postulación presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en 1999, se ha sentido arnulfista.

El inesperado, pero no sorpresivo encuentro, ha levantado una justificada polvareda política, porque se trata de dos figuras relevantes en la política criolla. Nadie puede negar que Mireya Moscoso es una mujer con mucha fuerza política, y así lo demostró con su victoria en mayo de 1999 y con el dominio que ha mantenido desde hace muchos años a lo interno del Partido Arnulfista (PA). Además, en los últimos meses lidera una guerra sin cuartel con sus tradicionales adversarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Por su lado, Vallarino demostró tener poder de convocatoria cuando en mayo de 1999 obtuvo alrededor de 190 mil votos, a pesar de no estar acuerpado por una fuerza electoral comparable con el PA y el PRD.

Alberto Vallarino ha dicho que todavía las elecciones están muy lejos para hablar de candidaturas; sin embargo, esto mismo decía en 1999, antes de disputarse las primarias con Moscoso. A lo interno del arnulfismo se mencionan otros presidenciables como Víctor Juliao, José Miguel Alemán y José Manuel Terán. A muchas personas les sorprendió la reunión del pasado martes, no obstante, la pregunta que se hacen los que creen que en política todo es posible es: ¿pudieron haber estado Mireya Moscoso y Alberto vallarino más distanciados que el PRD y el PDC?

Vallarino sí quiere ser presidente de Panamá; así lo ha dicho y así lo siente. Su propuesta de gobierno de 1999 cobra hoy mayor vigencia que nunca. Además mantiene un contacto permanente con las comunidades pobres del país, mediante programas de asistencia social que desarrolla mensualmente en compañía de los empleados de todas las sucursales de su banco.

Muchos analistas políticos consideran que Vallarino es un “Napoleón sin caballo”, porque no tiene un partido político fuerte para ganar las elecciones del 2004. Pero su posible regreso a las filas arnulfistas significa que podría cambiar el panorama. Y no se necesita ser la reencarnación de Maquiavelo para pensar que lo último que desearía Mireya Moscoso es entregarle (en septiembre del 2004) la silla a un perredista. Sin embargo, en el tarot de la política no hay nada escrito.

El autor es periodista

El Fondo busca rendimiento

Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com

Corría el año 1994 cuando se intensificó la fiebre de los procesos de privatización de empresas estatales en América Latina. Por supuesto, Panamá no estaba aislada de esa inevitable corriente. El proceso lo inició aquí el gobierno de Guillermo Endara Galimani, cuando pritavizó lo que es hoy la Terminal Internacional de Manzanillo (MIT, por sus siglas en inglés).

El ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares acababa de iniciar su gobierno cuando emprendió un ambicioso plan de privatización de empresas estatales.

En los siguientes años de su gobierno, los principales sectores de la prestación de servicios públicos -electricidad, telefonía puertos, los casinos y otras instituciones estatales- eran entregados al sector privado.

Es así como en 1995 con Pérez Balladares nace el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), el cual está compuesto por los dineros provenientes de la privatización de empresas estatales y la venta de las tierras y propiedades de las áreas revertidas a Panamá por el Gobierno norteamericano.

La venta de las empresas estatales produjo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, constituido por poco más de mil 313 millones de dólares. Actualmente, ese capital ha disminuido a mil 252 millones 333 mil 407 dólares . Su disminución obedece a que el Gobierno ha “pellizcado” parte del capital, en lugar de limitarse a utilizar los intereses que genera. Esto no debería suceder, porque la ley establece que las obras se financiarían con los intereses producidos por el Fondo.

¿Qué hacer con el FFD?

En 1995, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 20 de 1995, por medio de la cual se creó el FFD. Desde entonces, el Fondo ha estado en la mira. Pero la ley del Fondo tiene una limitante: solo se puede invertir en instrumentos de títulos o valores en los mercados de capital nacional e internacional, a corto, mediano y largo plazo, y que garanticen una rentabilidad adecuada de acuerdo con las condiciones del mercado.

Hoy el Diálogo Nacional, donde covergen todos los sectores del país para encontrar una salida a la crisis económica que vive Panamá, también busca reformar la ley del FFD para tener otras opciones de utilizar el dinero.

En el diálogo se ha acordado recomprar deuda con el FFD. La fórmula que se utilizará aún queda pendiente, como también el monto a tomar y los instrumentos que se comprarán.

El mercado espera que sean los bonos globales que están a descuento (precio superior a 100), ya que son los que ofrecen mayor rendimiento.

Lo que habría que analizar con cuidado es si aún es rentable comprar deuda, toda vez que el rendimiento de las inversiones del Fondo se ha incrementado en 11.37%, al menos en el mes de octubre.

En casi todo el año 2001, la rentabilidad del Fondo aumentó a 6.39%. Antes de que se transfirieran en agosto 813 millones de dólares a los tres bancos de inversión (Goldman Sachs, Morgan Stanley y Black Rock), el Fondo tenía apenas un rendimiento de 3%.

En tiempos de volatilidad de los mercados, el Gobierno debe considerar con más detenimiento todas las opciones de inversión. No vaya a ser que, lejos de incrementar el capital del FFD, nos quedemos sin Fondo para siempre.

El autor es periodista