Cuando el pueblo quiere dictadura

WASHINGTON, D.C. - Los sondeos sobre el tema son alarmantes: un 53% de ciudadanos estadounidenses prefiere que el gobierno pueda censurar información que a su criterio amenace la seguridad nacional a que los medios puedan reportar lo que a su juicio sea de interés nacional.

Un 50% de los estadounidenses piensa que el Pentágono debiera poder ejercer mayor control sobre lo que se reporta de la guerra en Afganistán.

Un 65% apoya la idea de juzgar a presuntos terroristas extranjeros en procesos militares que ofrecen menos garantía de debido proceso.

Un 78% considera legítimo que el gobierno puede detener indefinidamente a cualquier extranjero, aun el que tengan residencia legal en Estados Unidos.

Un 76% aprueba de la labor del procurador John Ashcroft y un porcentaje aún mas abrumador aprueba de la gestión del presidente George W. Bush.

Eso -no lo puedo negar- es democracia. Si la gente quiere deshacerse de sus libertades ciudadanas, tienen todo el derecho de hacerlo. Si quieren mano dura, tienen derecho a celebrar el gobierno que se los proporcione. Y si “dictadura” es por definición un gobierno que se impone sin el consentimiento de su pueblo, no puede ser dictadura el estilo de gobierno que Bush ha venido desarrollando desde septiembre.

Pero yo lo deploro. Si el diciembre pasado se me rompió el corazón al ver el poco compromiso que el pueblo estadounidense tiene con celebrar elecciones limpias, este diciembre se me ha vuelto a romper al ver qué tan frágil es el compromiso que los norteamericanos tienen con sus libertades ciudadanas.

Solo hay que ver los procesos militares que el gobierno de Bush utilizará para juzgar a presuntos terroristas. Como ya expuse, la mayoría de los estadounidenses apoyan esta medida, pero solo para terroristas extranjeros, no para terroristas domésticos como Timothy Mc Veigh. No parece preocuparles que la justicia es cosa de derechos humanos, no de nacionalidad; tampoco les incomoda mucho que Estados Unidos desarrolle dos niveles de justicia, uno para ciudadanos y otro, inferior, para extranjeros.

Pero yo lo encuentro inaceptable. Como abogada penalista, no veo razón alguna para que un Timothy Mc Veigh tenga más derecho a un juicio justo que un Osama bin Laden. Rechazo, además, la idea de que esos procesos militares cumplirán con los mínimos requisitos de debido proceso. En testimonio ante el Senado el jueves, el procurador Ashcroft esquivó preguntas diciendo que todavía no se ha definido el aspecto procesal de esos juicios pero rehusó asegurar que esos reglamentos incorporarán las garantías normales de un proceso penal. Ashcroft ni siquiera quiso asegurar que se respetará la presunción de inocencia. Por otro lado, lo que se sabe hasta ahora de estos procesos es que serán juicios secretos donde el acusado podrá quedar ejecutado sin haber tenido el derecho a conocer todas las pruebas en su contra, escoger su abogado defensor, o apelar su condena. Eso no es debido proceso; es un levemente disfrazado linchamiento, que además nos devuelve al problema de hipocresía norteamericana. Cuando Perú se defendía del terrorismo del Sendero Luminoso, Washington protestó el juicio militar de Lori Berenson y exigió que la volvieran a procesar en un juicio público; sin embargo, Washington ahora adopta contra terroristas extranjeros las mismas medidas que no acepta que otros países apliquen contra terroristas estadounidenses.

Como si todo esto fuera poco, Ashcroft tilda de traidores a quienes critiquen sus tácticas. “Si cuestionar la competencia de nuestros líderes en tiempo de guerra es traición, llévenme al tribunal militar mas cercano”, respondió Frank Rich, columnista del New York Times, en una columna titulada “Confesiones de un traidor”. Es patriotismo puro, sentenció el Washington Post, “preguntar si el gobierno está adoptando los poderes más apropiados para la tarea, si los está utilizando prudentemente, si se han desestimado estrategias alternas, y hasta si se está persiguiendo descabelladamente a las personas equivocadas”.

Lamentablemente, esta es una perspectiva minoritaria. Como indica el apoyo masivo a Bush y Ashcroft, la primera reacción patriótica a la tragedia de septiembre ha degenerado en un chauvinismo intolerante que irrespeta el derecho de disentir y erosiona las demás libertades ciudadanas. No sé si estamos en el preámbulo a fascismo o dictadura.

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