Revocatoria de mandato contra voluntad popular
Es tremendamente positiva la iniciativa del Ejecutivo de eliminar las partidas circuitales
Lucas Castrellón Preciado
El 30 de septiembre de 1998 el pueblo panameño rechazó de manera abrumadora las tres reformas constitucionales que propuso el presidente Pérez Balladares. Estas tres eran la independencia financiera del Tribunal Electoral, la eliminación de la ley de revocatoria de mandato a los legisladores y la reelección presidencial. Naturalmente, la última de estas fue la que generó el rechazo del “paquete” y dejó la segunda, quizás la más importante, relegada al olvido. Sin embargo, por la tensa situación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la revocatoria de mandato a los legisladores ha despertado nuevamente interés entre la población.
La elección de un candidato para cumplir un mandato determinado es un contrato entre dos partes. En este contrato social, una parte es el pueblo y la otra el candidato a elegirse, en este caso, un legislador, que usa como vehículo un partido político. En pocas palabras, el mandatario le debe al pueblo su elección y por lo tanto, es su deber representar los intereses del mismo ante el Organo Legislativo. El partido político sólo sirve de intermediario en esta “transacción”. Es por eso que debe considerarse inaudito que un partido pase por encima de la voluntad popular y decida retirarle el mandato a un legislador por el simple hecho de que este tenga un criterio diferente a la dirigencia del colectivo.
Panamá es uno de los únicos tres países en el mundo que tiene en su carta magna la revocatoria de mandato y, al mismo tiempo, solamente dos colectivos contemplan esta medida en su reglamento interno. Uno de estos tiene sus raíces en un sistema de gobierno dictatorial y el otro, contrastando drásticamente su posición histórica, parece que va, como buen alumno siguiendo los consejos de su maestro, por el mismo camino de imposiciones del primero, burlando así los principios democráticos que ambos pregonan.
Además de lo anterior, la labor de un legislador debe ser exclusivamente la de proponer y aprobar leyes que beneficien al pueblo y a la nación y no legislar bajo pretexto de seguir la “línea” del partido. Por lo tanto, pienso que es tremendamente positiva la iniciativa del Ejecutivo de eliminar las partidas circuitales, que se han convertido en el botín político de algunos legisladores, y así comenzar un realineamiento de la verdadera función de la Asamblea por el bien de este órgano del Estado y del electorado en general. En aras del respeto a la voluntad popular y de la verdadera independencia de los legisladores, exhorto a la Presidenta que promueva la eliminación de la revocatoria de mandato en la Constitución. Lo anterior lo digo porque considero que el principio fundamental que debe mover a un individuo que ejerce un cargo por elección popular es el de emitir su opinión libre de cualquier encadenamiento político y económico. De lo contrario, el individuo pierde la capacidad de tomar decisiones por sí solo y estaremos por siempre a la merced de las camarillas políticas.
El autor es estudiante universitario
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