Panamá, 2 de diciembre de 2001
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Actualidad

De aquellos fondos; estos cerpanes

Lo único seguro es que el que negocie su CERPAN en las condiciones actuales del mercado perderá por partida doble

Juan Luis Batista

Es verdad que hablarle de inversiones a alguien que hace malabares para sobrevivir es una canallada. Pero engañarlo con falsas esperanzas y al final escamotearle, con su propio consentimiento, lo poco o mucho que ha ahorrado es una ruindad sin nombre.

Eso es lo que ha pasado y lo que pasará con el dichoso CERPAN. Y lo de canallada sin nombre es literal. Al final, el mercado será implacable con sus reglas y los ahorristas no sabrán exactamente quién se llevó un pedazo de su escuálida jubilación.

Retrocedamos en el tiempo para entender toda este fiebre de los CERPAN atizada por políticos miopes, inversionistas avispados y ahorristas desesperados.

En 1975 mediante la ley 16 del 31 de marzo se creó el Fondo Complementario con la idea de contribuir con la jubilación de los empleados públicos. Se les descontaba a los trabajadores el 2% del salario mensual para crear un fondo para que los empleados públicos tuvieran una jubilación un poco más jugosa que la que daba la Caja de Seguro Social, que se calcula en base al 60% del salario de los siete mejores años. El Estado, por su parte, se comprometía a poner un capital semilla para sustentar financieramente este sistema. No obstante, el Estado nunca puso el dinero.

En 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, la Asamblea Legislativa eliminó las jubilaciones especiales y creó el denominado Sistema de Ahorro y Capitalización de los Servidores Públicos (SIACAP) mediante la ley 8 del 6 de febrero de 1997. Los ahorros no irían a una cuenta común, sino a una cuenta individual en la que a cada quien se le registraban sus aportes, sumados a lo que ya había aportado en el Fondo Complementario.

El Estado emitió unos bonos por 360 millones de dólares que garantizaban el dinero de los servidores públicos. Sin embargo, quedó a voluntad del empleado público aportar o no al sistema.

Se acordó, igualmente, que el dinero lo manejarían cuatro administradoras de fondos de pensión y la Caja de Seguro Social para que ellos le sacaran provecho de acuerdo a las reglas del mundo financiero.

Todo marchaba en paz hasta ese momento. Los que se jubilaban recibían su jubilación, más los dineros del SIACAP.

Pero en febrero de este año cientos de empleados públicos fueron tentados con una propuesta a simple vista atractiva. Algunos “inversionistas” empezaron a decirles a los empleados públicos que si les “vendían” los ahorros les daban un 80% del total de las cuentas.

La historia reciente es bastante conocida. La Asamblea Legislativa aprobó, por petición de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), la Ley 29 del 3 de julio de este año que creó el Certificado de Participación Negociable (CERPAN). La idea es que los afiliados al SIACAP pudieran negociar con la banca de licencia general, con la CSS o en la Bolsa de Valores los dineros aportados entre 1975 y el primero de agosto de 1999.

Pero ocurre que la CSS no invertirá en CERPAN y probablemente la Bolsa de Valores sea una enredo demasiado grande para los ahorristas. Unicamente queda la banca general, que según la FENASEP solo ofrece cerca del 40%, lo que califican como un robo.

Actualmente los fondos del SIACAP superan los 460 millones de dólares (hay que incluir los intereses y aportaciones del primero de agosto a la fecha). Esos fondos tienen un rendimiento anual de 8.27%, según los últimos reportes de las empresas administradoras. Nadie paga tanto, a menos que se invierta en cerveza.

La dirigencia de la FENASEP ha pedido que se reforme la ley del CERPAN para permitir a otros negocios participar en la negociación de CERPAN. Les han dicho que negociarán los CERPAN a un 100%. ¿Será verdad o será el mismo cuento de febrero pasado cuando decían que pagarían 80%?

Lo único seguro es que el que negocia su CERPAN en las condiciones actuales del mercado perderá por partida doble y otros, con un poco de habilidad y sin mucho esfuerzo, le habrán arrancado un trozo de su jubilación con su propio consentimiento.

El autor es periodista


Hay esperanza en Afganistán

Según el punto de vista occidental, con la caída del régimen talibán, Afganistán gana, pero ¿los afganos comunes y corrientes ganaron algo?

Yasmina Reyes

Nada en Afganistán es sencillo. El país tiene una geografía accidentada que apenas refleja las complejidades de su historia y evolución, pero además las rivalidades de los diferentes grupos étnicos que conviven en el país complican la situación, si ello es posible en un lugar que tiene casi 30 años de vivir en guerra. Y ahora, la guerra contra el terrorismo, que Osama bin Laden, uno de sus más notorios “protegidos” y mecenas llevó hasta ellos, desde no solo miles de kilómetros de distancia, sino de una era a otra. Un país del siglo XXI que explora el espacio y tiene el poder para clonar seres humanos y para extinguir a la humanidad, ataca con armas del siglo XXI a un país atascado en el Medioevo.

Resulta irónico que una nación que ha derrotado a los más poderosos ejércitos que ha habido en el mundo desde hace siglos, haya sido vencida por la incapacidad de su gente de sentarse a negociar y decidir quién y cómo gobernará el país.

Según el punto de vista occidental, con la caída del régimen talibán, Afganistán gana, pero ¿los afganos comunes y corrientes ganaron algo? Digo, aparte de la posibilidad de escuchar música, ver películas, cortarse la barba o, en el caso de las mujeres, caminar solas por la calle sin ser apaleadas. Eso no sirve de mucho cuando se está hambriento, no tienes casa o pasas frío porque no tienes ni cobijas ni leña.

Pero hay esperanza. La reunión que se realiza en Bonn, Alemania, ha despertado muchas esperanzas entre aquellos optimistas que creen que si logran que los líderes de las diferentes corrientes políticas se reúnan y conversen se puede encarrilar al país. Pero, las cuatro facciones que asisten a la conferencia —la Alianza del Norte, la Asamblea de Pe-shawar (de mayoría pash-tún), el Grupo de Roma (nucleado en torno al ex monarca Zahir Shah) y el Grupo de Chipre (que aglutina a intelectuales exiliados)— parecen hablar idiomas diferentes y resultará difícil el que, aun cuando encuentren un idioma común, puedan conciliar diferencias tan grandes que han llevado al país al punto en donde está. Justamente por no conciliar esas diferencias, el Talibán, que sí tenía una visión clara de lo que quería y el empuje para concretar ese proyecto, se impuso. Y ahora, en la era post-talibán, Occidente sigue esperando milagros.

Pero los milagros existen. Los delegados están de acuerdo en los principios generales para la formación de una administración de amplia base que brinde estabilidad al país. Ahora viene lo difícil. ¿Quien encabezará esa administración? Y, el ministro del Interior de la facción afgana más poderosa que controla Kabul declaró: “Todos los grupos étnicos deben estar representados. Pero para ello tiene que haber democracia y comicios libres”. Esta declaración despejó el camino porque resulta crucial que la Alianza del Norte (o Frente Unido, como prefiere llamarse) que controla la mayor parte del país, esté dispuesta a compartir el poder.

Al final, la palabra clave para que Afganistán supere estos treinta años de privaciones parece ser: compartir.

La autora es periodista


El interés por el FFD

Otras propuestas de reformas se han hecho, pero han sido rechazadas de plano por la oposición, que controla el Legislativo

Gionela Jordán

Cinco son las alternativas que se analizan para determinar una fórmula que le dé un mejor uso al Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), de modo que esos recursos tengan incidencia directa en la reactivación de la economía nacional, la que se mantiene en un letargo de casi dos años.

La incidencia en la economía nacional de ese fondo ha sido cuestionada por sectores populares y por la actual administración, principalmente.

Son dos las modificaciones importantes que ha sufrido la Ley No. 20 de 1995, que creó el Fondo.

La primera se realizó durante las postrimerías de la administración de Ernesto Pérez Balladares. Esa vez se estableció que sólo se podrían utilizar los intereses del FFD para la realización de obras sociales. Los opositores dijeron que ese cambio se hizo para “amarrarle las manos” al Gobierno entrante.

La otra reforma se efectuó en junio del 2000, después de difíciles y largos debates entre la oposición y el Gobierno. Esta vez se acordó utilizar 559 millones producto de los rendimientos del capital para invertir en obras sociales.

Otras propuestas de reformas se han hecho, pero han sido rechazadas de plano por la oposición que controla el Organo Legislativo.

Pero ahora pareciera que se avecina otro cambio, ya que, en principio, los sectores participantes en el diálogo nacional para la reactivación económica han llegado a un consenso en ese sentido.

Al respecto, representantes del sector empresarial, laboral, de la oposición y del Gobierno, en el marco de esas discusiones, analizan cinco propuestas.

La primera de estas propone que se utilice el FFD para financiar proyectos de inversión en infraestructura, y de contenido social en condiciones blandas y manteniendo el 30% del capital de ese fondo.

A la vez que esta opción ayudaría a promover la reactivación económica, y a generar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los integrantes de la mesa del diálogo señalan que también incrementarán en 2 puntos porcentuales el costo de la deuda.

La alternativa dos, dispone utilizar hasta el 100% el FFD para comprar deuda externa (bonos globales como inversión, manteniendo el capital de esos recursos y aumentando su rendimiento.

Entre la incidencia que tendría esta propuesta, figura que los flujos de servicio se pueden reinvertir en el país. Sin embargo, esta opción es indiferente a la calificación del país, e imposibilita que se pueda invertir en bonos Brady, pero no afecta la relación deuda Producto Interno Bruto (PIB).

La tercera opción propone la recompra de deuda a través de una restructuración mayor de (5,000 millones) de la deuda externa utilizando el FFD como garantía a 30 años.

Según los analistas, esta fórmula pemitiría la reestructuración, en gran escala, de deuda externa, además de que disminuye las necesidades de financiamientos anuales y la obtención de recursos de emisión con un profundo descuento.

No obstante, duplica el saldo de deuda a mediano plazo y también genera carga negativa en la medida en que se ejecutan las recompras y pérdidas de ventajas en descuentos de precios, ya que se compran por encima del valor que está en el mercado.

Las dos últimas propuestas, que son bastante similares, establecen utilizar el FFD para recompra y cancelación de deuda externa (bonos Brady). La primera de estas propone utilizar la totalidad del fondo para esa transacción (unos mil 200 millones) y que se cancele hasta mil 600 millones.

En tanto que la otra dispone usar solamente la suma de 900 millones de dólares, manteniendo el balance en el FFD.

De acuerdo con los análisis técnicos, estas opciones reducirían la deuda por encima del 100% invertido y sería un componente importante a la solución del problema de la deuda externa panameña.

Los beneficios fiscales —agrega el análisis— con esta fórmula serían progresivos y de largo plazo, además de que habría ahorros en cuentas corrientes y revertirían re cursos que se van al exterior para ser invertidos internamente.

También se daría aproximadamente el 2% de ahorro en la tasa de interés, la posibilidad de obtener grado de inversión y se podría reestructurar la deuda bajo términos más favorables. Pero el balance en el FFD disminuye en la medida en que se ejecutan las compras.

La autora es periodista

 




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