Gobierno mexicano realizó torturas en 1970
Las víctimas -conocidas aquí como “los desaparecidos”- frecuentemente fueron sacados de sus hogares bajo cubierta de la noche
Ginger Thompson
CIUDAD DE MEXICO. -El Gobierno mexicano fue responsable de detener y torturar a cientos de hombres y mujeres que han estado desaparecidos desde la década de 1970, señala un informe dado a conocer el martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El informe gubernamental de 3,000 páginas está basado en gran parte en archivos ultrasecretos de inteligencia y registros sobre más de 500 personas desaparecidas, recabados por grupos de derechos humanos y parientes de las víctimas. El informe confirma que no menos de 275 de los desaparecidos fueron arrestados en su momento por fuerzas federales y estatales de seguridad.
Las víctimas -conocidas aquí como “los desaparecidos”- frecuentemente fueron sacados de sus hogares bajo cubierta de la noche, según el informe. La comisión encontró que todos los prisioneros habían sido torturados en instalaciones del Gobierno.
Las detenciones ilegales ocurrieron durante una década en la que el Gobierno mexicano se vio envuelto en una lucha contra varias agresivas fuerzas guerrilleras, la más importante de las cuales fue la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. Algunos de los detenidos, según el informe de derechos humanos del Gobierno, estaban afiliados a ese grupo subversivo, al que se responsabiliza de varios secuestros de personajes de alto nivel, atentados dinamiteros y ataques que costaron la vida a policías y agentes policíacos. No obstante, muchos otros de los desaparecidos eran estudiantes, trabajadores del campo, obreros o maestros.
“Es irrefutable que muchas de las reacciones de las fuerzas públicas fueron llevadas a cabo al margen de la ley”, dijo José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “en particular las desapariciones forzadas, que violaron gravemente todo tipo de legalidad al imponer un remedio autoritario a un problema político. Los derechos humanos de cientos de individuos fueron violados por grupos formados bajo los auspicios de la seguridad nacional”.
La entrega y publicidad de este informe, en una ceremonia en los Archivos Nacionales, constituye la primera vez que el Gobierno mexicano ha admitido un papel en las desapariciones de cientos de izquierdistas, y pinta una imagen inquietante de un gobierno que combatió el terrorismo con el terror. Soberanes dijo que las fuerzas especiales, llamadas “guardias blancas”, creadas en la década de 1970 bajo la égida de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad para combatir a la subversión, recurrió sistemáticamente a registros ilegales de casas, arrestos arbitrarios y tortura.
Para desaliento de parientes que han tratado de obtener justicia durante muchos años, el informe no da los nombres de los aproximadamente 74 funcionarios gubernamentales que la comisión de derechos humanos cree fueron los que ordenaron o participaron en las desapariciones. La lista, dijeron funcionarios de la comisión, ha sido entregada al procurador general Rafael Macedo de la Concha.
Grupos de derechos humanos dijeron que la pista de culpa podría llevar desde sicarios militares hasta ex presidentes mexicanos, incluyendo a Luis Echeverría y José López Portillo, los cuales han negado repetidamente cualquier relación con las desapariciones.
Soberanes inauguró la presentación el martes con la lectura del testimonio de una mujer identificada solo como T-300 -abreviatura de “testigo 300”-, quien dijo que fue desnudada y sometida a descargas eléctricas enfrente de su esposo. Su hija de un año de edad también fue torturada. Su esposo también fue desnudado, torturado con descargas eléctricas y más tarde desapareció.
El misterio del destino final de los desaparecidos se ha convertido en el núcleo de protestas de grupos internacionales y nacionales de derechos humanos y en un estigma para la credibilidad del largamente gobernante Partido Revolucionario Institucional, o PRI.
El presidente Vicente Fox, quien arrebató en las urnas el poder al PRI el año pasado, prometió establecer una comisión de la verdad. Pero miembros de su Gabinete y líderes del anterior partido en el poder, cuyo poder en el Congreso es crucial para llevar a cabo las iniciativas de Fox, se opusieron vigorosamente a la idea. Fox dio a conocer los archivos que sirvieron como base para la preparación del informe del pasado martes, pero no ha ordenado la creación de una comisión de la verdad.
Después, en semanas recientes, a raíz del asesinato de una prominente abogada defensora de los derechos humanos, surgieron insistentes llamados para la realización de una investigación a fondo de los abusos en el pasado.
En respuesta, Fox -que estuvo flanqueado por soldados cuando daba a conocer el informe- anunció el martes que designará a un nuevo procurador especial para investigar las desapariciones así como otros supuestos incidentes de abusos, incluyendo matanzas en los estados de Chiapas y Guerrero, entidades sacudidas por conflictos desde hace tiempo. La nueva oficina también enjuiciará a los responsables de los abusos y llevará a cabo los arreglos para compensar económicamente a los supervivientes de las víctimas.
En una entrevista, Fox admitió que la ley mexicana, que impone límites de tiempo a la responsabilidad legal por determinados crímenes, quizá pueda proteger a los culpables. Pero dijo que el Gobierno está abierto a escrutinio y a los fallos de los grupos internacionales de derechos humanos y de las cortes.
“Vamos a buscar y castigar a quienes son culpables”, dijo. “Y si la ley prohíbe que los culpables sean castigados con la cárcel, eso no los salvará del castigo político, ético y moral que genera el conocimiento público de sus crímenes”.
El autor es periodista del New Yok Times
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