Entre la pluma y el poder

"Para mantenerse en el poder, hay que tener dos cosas: pistola y pluma".Mao Tse Tung

NUEVA YORK. -Mao Tse Tung está muerto, pero su credo dictatorial sigue vigente en la China comunista y en muchos otros lugares: mantenerse en el poder requiere control de los militares y de los periodistas.

Felizmente, en todas partes del mundo hay periodistas que no se dejan ni controlar ni amordazar. El martes pasado (20 de noviembre) el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hizo su entrega anual de premios internacionales por valentía en el ejercicio del periodismo.

Gustavo Gorriti fue honrado con uno de estos premios mientras era editor de este diario; este año, el periodista galardonado de nuestro hemisferio fue el argentino Horacio Verbitsky, famoso por sus reportajes investigativos sobre la llamada “guerra sucia” de la dictadura argentina.

Verbitsky acaba de presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se trata de un caso en que el entonces presidente Carlos Menem se disgustó

cuando la revista Noticias informó de su relación extramarital con una diputada. Según CPJ, Menem no cuestionó la veracidad de estas informaciones, pero acusó que Noticias había violado su derecho a la privacidad. Los tribunales argentinos fallaron a favor de Menem, por lo que Verbitsky está solicitando que la CIDH anule ese fallo. De trasfondo hay un esfuerzo por lograr que Argentina derogue sus leyes penales de desacato. La relatoría de libertad de expresión de la CIDH ha denunciado que las leyes de desacato violan la Convención Americana de Derechos Humanos; un pronunciamiento fuerte de la CIDH quizás ayudaría a acelerar su derogación.

Panamá tiene la triste distinción de ser el país de este hemisferio en que las leyes penales de desacato y difamación son aplicadas con la mayor agresividad. El diario New York Times publicó un articulo sobre esta deplorable situación del pasado 28 de octubre, subrayando especialmente que el ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón le tiene un caso penal de difamación puesto al caricaturista Julio Briceno (conocido como RAC) de La Prensa. Arias Calderón también le tiene puesto un pleito a La Prensa por un millón de dólares, pero lo que a mí me indigna es el caso penal contra RAC.

Dejando a un lado el hecho de que yo no veo en aquella caricatura la afirmación difamatoria que Arias Calderón acusa, y dejando también a un lado la pregunta de que si una caricatura puede ser difamatoria, sencillamente reitero por enésima vez mi convicción -como cosa de principios- que los casos de supuesta difamación deben siempre manejarse por la vía civil, no por la

penal. Si bien es cierto que en Panamá los periodistas no vivimos bajo temor

de asesinato o de exilio, es inaceptable que todavía laboremos bajo el temor

de caer en la cárcel por el supuesto crimen de haber escrito algo que causó

disgusto.

En la pagina Web de CPJ (www.cpj.org), hay una lista de “leyes absurdas” de prensa. Los ejemplos incluyen leyes en que “la verdad no es defensa” y que penalizan la difamación de un muerto. Para vergüenza nuestra, esas mismas

leyes (y otras más) siguen vigentes en Panamá.

Regresando a los premios de CPJ este año, el ex director del New YorkTimes, Joseph Lelyveld, recibió reconocimiento por sus 40 años de servicio a ese diario. Al aceptar, Lelyveld exhortó a que los medios norteamericanos se resistan a la autocensura impulsada actualmente por el Gobierno de Bush y deploró que en los últimos años, la prensa estadounidense había recortado

dramáticamente su cobertura de noticias internacionales. El pueblo

estadounidense está pagando ahora un precio alto por su ignorancia de lo ocurre en el resto del mundo, subrayó Lelyveld.

Otro periodista galardonado fue Geoff Nyarota, del Daily News de Zimbabwe,

acusado penalmente de “publicar informaciones falsas tendientes a

desacreditar a las fuerzas de seguridad”. El fotógrafo palestino Mazen Dana, de Reuters, también recibió un premio por su valentía, pero el último de los premiados, el chino Jiang Weiping, no pudo comparecer a la ceremonia de entrega. En un juicio secreto celebrado en septiembre, Jiang fue sentenciado a nueve años de prisión por “revelar secretos de Estado”. En verdad, insiste CPJ, su único crimen fue denunciar corrupción gubernamental en un país donde todavía impera el credo maoísta sobre la necesidad de controlar -y callar- a los periodistas.

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