Actualidad

Periodistas y querellas

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

Cuando los periodistas asumen con profesionalismo y ética su papel fiscalizador, las presiones, amenazas y obstáculos que sortean en su tarea no culminan con la publicación de la nota que revela irregularidades en el manejo de la gestión pública o privada.

En la mayoría de los casos, empieza aquella incómoda y agotadora etapa en la que esas presiones y amenazas se intensifican por todos los costados. En eso, los funcionarios panameños o personas públicas o particulares en este país que aparecen involucrados en asuntos de interés público son poco creativos en su proceder.

Montar conferencias de prensa, desde tempranas horas de la mañana, para desmentir la información publicada; pautar sus cartas-réplicas en páginas completas en los diarios y advertir sobre eventuales acciones legales en contra del periodista y del medio en donde labora, se ha convertido en moneda de uso diario en Panamá.

Algunos no cumplen sus amenazas y logran con su furia pasajera amedrentar a los editores, quienes aterrados, publican íntegramente sus cartas, y con ello dejan el mal sabor en los lectores, televidentes o radioescuchas, de que el medio se retractó de lo previamente publicado o difundido.

Otros, sin embargo, acuden a las instancias judiciales respaldados con un legajo de disposiciones legales que han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales como abiertamente violatorias de los derechos humanos.

No gratuitamente, en su informe de este año sobre la libertad de prensa en la comunidad iberoamericana y en el resto del mundo, el organismo no gubernamental Reporteros Sin Fronteras retrata la situación panameña de una manera nada halagüeña.

La elección de Mireya Moscoso como presidenta de Panamá y la derogación, poco tiempo después, de varias “leyes mordaza” heredadas de la dictadura, despertaron esperanzas. Desgraciadamente, anotan, el proceso de supresión de las leyes restrictivas no siguió adelante en el 2000, pese a que la propia mandataria públicamente se ha comprometido en caminar en esa dirección. La realidad, no obstante, ha sido otra.

Y la postura de los organismos internacionales sobre este particular es diáfana: para lograr una defensa adecuada de la libertad de expresión, se debe discutir la conveniencia de incorporar dentro de los ordenamientos legales de cada país, la distinción entre personas públicas y privadas en relación con las leyes para proteger el honor.

Sumar esta modalidad implica, necesariamente, la derogatoria de las denominadas en otros países leyes de desacato; trasladar de la esfera penal a la civil los delitos de calumnia e injuria, e incorporar la doctrina de la “real malicia”.

Según esta doctrina, el periodista es consciente, en el momento de redactar la nota blanco de la querella criminal, de que la información allí reportada es falsa, o actúa con desconocimiento negligente de la verdad o la falsedad de la referida información.

Sobre este particular, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un planteamiento claro: la protección a la reputación, anota, debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública o privada que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.

En estos casos, opina la relatoría, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que estaba difundiendo noticias falsas, o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de ese reporte periodístico.

Aunque en Panamá este asunto sobre la real malicia está en un debate embrionario, ya en 1994, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en una conferencia hemisférica sobre libertad de prensa en México, declaró que solo debería haber responsabilidad legal por difamación de funcionarios, figuras públicas o individuos privados involucrados en temas de interés público, si el demandante puede probar la falsedad de los hechos publicados y el conocimiento real de esa falsedad y dolo directo por parte del periodista o empresa de comunicaciones.

La carga de la prueba, en estos casos, debe recaer sobre la parte supuestamente difamada para probar la falsedad imputada. La situación en Panamá es al revés.

El autor es periodista

Jaque a los talibán

¿Quién concebiría que en pleno siglo XXI pudiera existir un régimen basado en creencias que se remontan a mil 300 años de antigüedad?

Liz Erika Carrasco
lcarrasco@prensa.com

Su reinado duró solo cinco años. Para los oprimidos afganos pareció ser una eternidad, porque durante ese tiempo vieron mutiladas sus más preciadas libertades individuales y religiosas a manos del régimen Talibán.

Cometidos al amparo de la ley islámica sharia, los excesos se demostraron con medidas que iban desde las amputaciones de miembros de los “pecadores” (en el caso de los castigos menores) hasta las ejecuciones públicas (en el caso de las faltas mayores).

Por eso, al ver las imágenes de la recién liberada población de Kabul, no queda duda del grado de opresión de que fueron objeto. Al día siguiente de la huida de los talibán, los hombres se afeitaron las barbas y las mujeres asomaron sus rostros sonrientes a la mirada del mundo; las radios alegraron las casas y los comercios, mientras que los más jóvenes jugaban libremente en las calles en medio de su recién recuperada libertad.

La realidad que vivían los ulíes, por ejemplo, parecía una broma de mal gusto o el relato surrealista de algún novelista con mucha imaginación. ¿Quién concebiría que en pleno siglo XXI pudiera existir un régimen basado en creencias que se remontan a mil 300 años de antigüedad? Sin embargo, ocurrió.

El movimiento Talibán, surgido en las escuelas religiosas paquistaníes, conquistó el poder en Afganistán en 1996, cuando sus militantes lograron la captura de Kabul y expulsaron a los muyahidín (guerreros santos) al norte. En un principio los ex estudiantes de teología fueron bien vistos cuando derrotaron a los grupos de muyahidín, cuyas batallas por el control de Kabul -tras la caída del gobierno instalado por los rusos- había asolado la capital. Pero enseguida impusieron un gobierno con base en un distorsionado sistema islámico que oprimía a la población, especialmente a las mujeres y niñas.

Cuando las fuerzas talibán conquistaron Kabul, desterraron a la mujer de la vida civil, expulsándola de la enseñanza y confinándola al hogar. Hasta entonces, el 65% del profesorado, el 40% de los escolares y casi la mitad de los 7 mil estudiantes de la Universidad de Kabul eran mujeres. Ese control de todo, que ellos pensaban era su mayor fortaleza, acompañado por un mal entendido aislamiento internacional, fue, al mismo tiempo, en realidad, su mayor debilidad.

A nivel interno, los talibán encontraron pronto un enemigo común, cuando una coalición de distintas facciones afganas opuestas al régimen, la Alianza del Norte, se constituyó a la par. Poco a poco el mundo fue conociendo de sus excesos, como quedó demostrado el año pasado cuando, en una interpretación rigorista del mandato islámico de no venerar iconos, destruyeron las milenarias estatuas de Buda en Bamiyan.

La destrucción de las estatuas fue un mensaje a la comunidad internacional; una forma de decir “ustedes no nos hacen caso, pues miren lo que nos importan”, aseguró un alto funcionario de la ONU destinado a Afganistán. Pocos gobiernos estaban dispuestos a tratar con ellos después de que fueron sancionados por las Naciones Unidas por su negativa a entregar a Osama bin Laden por su responsabilidad en los atentados contra las embajadas norteamericanas de Kenia y Tanzania, ocurridos el 7 de agosto de 1998.

Fue esta mancuerna con bin Laden lo que acabó de hundirlos.

Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos llamó a la formación de una coalición terrorista internacional para acabar con Osama y su red Al Qaida. Los talibán insistieron en protegerlo, y ese fue el principio del fin, ya que todo el mundo, incluso el musulmán, les dio la espalda.

Hoy, tras las pérdida de Mazar i Sharif y Kabul, libran su batalla final en la localidad de Kunduz, pero todo indica que su derrota es inminente.

La autora es periodista

La deuda, ¿mal sin remedio?

Franklin Castrellón
fcastrellon@prensa.com

Prácticamente todos los políticos saben cuál es la cura para la deuda panameña, pero casi ninguno la aplica al llegar al poder. La excepción fue Guillermo Endara Galimany, quien contó con un contralor General que controlaba de verdad y quien, junto a él, se ocupó de velar por que la deuda pública no siguiera creciendo.

Esa fue, probablemente, la gran virtud del primer gobierno democrático tras la caída de la dictadura. Las razones de los distintos gobiernos para no hacerlo, a mi juicio, van desde la de buscar fuentes de enriquecimiento ilícito hasta realizar obras, muchas veces a costos abultados, para apoyar la siguiente aventura política.

A fines del 2000, la deuda pública de Panamá --incluidas la interna y la externa-- sumaba los 7,732 millones de dólares, lo que representaba el 76.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Y este escenario será aún peor al finalizar el 2001.

Tan grave como lo señalado es el hecho de que el servicio de la deuda, es decir, lo que tiene que pagar el Gobierno en concepto de amortización e intereses, se lleva gran parte de los ingresos corrientes. Y casi no quedan recursos disponibles para que el Estado cumpla su misión de atender la “deuda social” (educación, salud, carreteras y caminos de penetración, etc.).

Lo peor de todo esto es que un alto porcentaje de la deuda contraída por el Gobierno ha sido pactada a intereses fijos, lo que impide que pueda beneficiarse con los ajustes a consecuencia de las recientes bajas en las tasas de interés en los principales mercados de capital del mundo.

El enorme peso que tiene la deuda pública es uno de los factores que toman en cuenta las “calificadoras” para determinar el grado de inversión o de riesgo que pueda tener un país. Esta calificación determina el acceso a los mercados financieros y el costo al que puede el país (en este caso Panamá) obtener recursos financieros internacionales.

En pocas palabras, a medida que la calificación del país implique mayor riesgo, las tasas de interés por los empréstitos que obtenga serán más altas.

El actual Gobierno ha señalado, reiteradamente, su intención de lograr la calificación de Panamá como “país con grado de inversión”. Pero hete aquí que en la formulación de su proyecto de presupuesto (rechazado esta semana por la Asamblea), incluyó recursos de capital provenientes de nuevos empréstitos, que comprometerían el 40% de los ingresos totales del Estado (actualmente es el 31%).

En defensa de esa posición, el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado al diálogo nacional una interesante propuesta para usar parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) en la recompra de deuda (bonos Brady).

Sin embargo, según advirtió el economista Guillermo Chapman en reciente reunión del Grupo Empresarial INDESA, el Gobierno pareciera estar encaminándose a “argentinizar” las finanzas públicas, pues todo apunta hacia un incremento de la deuda. Chapman describió la figura señalando que, de materializarse las aspiraciones presupuestarias del Gobierno, Panamá aumentará su relación deuda-PIB al 83%, mientras que en Argentina es del 45%. Esta relación (baja para nuestros parámetros) tiene tanto peso en las finanzas públicas del país sureño debido al tamaño de su economía.

De endeudarse Panamá aún más, es muy probable que las firmas calificadoras bajen la calificación del país. Esta calificación tendría un gran peso en el momento en que Panamá vaya al mercado internacional a buscar financiamiento para la expansión del Canal. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares. A menos que la Autoridad del Canal logre ser calificada como empresa y no como parte de un Estado soberano, los intereses a los que obtendremos ese financiamiento será sumamente alto.

El actual Gobierno ha dicho una y otra vez que persigue una sana política financiera. Concedemos que la coyuntura actual no ha sido favorable. Pero lo sano es que la política financiera que se decida a partir de ahora sea el resultado del consenso político. Y que no tengan que pagar las futuras generaciones los despilfarros de malos gobernantes, como lo han tenido y tienen que hacer las actuales.

El autor es periodista