Una cada diez años

Las decisiones tomadas sin sopesar sus consecuencias, y que a mediano plazo constituyen obligaciones casi impagables para el Estado, se están convirtiendo -como el arnulfismo y el dengue- en un mal recurrente. Medidas aparentemente intrascendentes, y hasta en apariencia beneficiosas o convenientes, después se descubre que no eran como pintaban y resultan, por el contrario, onerosas para el Estado.

A principios de la década de los 80, luego de la renuncia del presidente Aristides Royo, el gobierno decidió no honrar el contrato que había suscrito con la empresa Van Dam para la construcción de un segundo puente sobre el canal. Las motivaciones para suspender la obra fueron eminentemente políticas; tanto que le granjeó al gobierno de turno efímeros aplausos desde los predios de la oposición. El resultado, veinte años después, es este: el Estado -todos nosotros- está obligado a pagar 23 millones de dólares por un puente que no se construyó, pues en las resoluciones de los tribunales de justicia y de arbitraje se determinó que ni hubo malversaciones ni existía razón valedera alguna para haber detenido la construcción del puente. Si se hubiera terminado la obra, la obligación sería, por paradójico que parezca, sustancialmente menor, puesto que el pago se había pactado en bolívares, y la moneda venezolana ha sufrido desde entonces una devaluación casi ininterrumpida. La indemnización, por supuesto, es en dólares. Para decirlo de una manera más fácil: hubiéramos pagado menos por el puente terminado que lo que tenemos que indemnizar al contratista por no haberlo hecho. Pero en aquel tiempo nadie pensaba en eso.

No voy a emitir un juicio de valor sobre las motivaciones que tuvo el gobierno recién instaurado del presidente Guillermo Endara para despedir a varios cientos de empleados del antiguo IRHE, a principios de la década de los 90. Pero la consecuencia real es que el Estado -todos nosotros- tenemos que pagarles ahora una indemnización millonaria. Las cosas se pudieron haber hecho mejor, pero se prefirió resolver de manera contundente las desavenencias entre los empleados de la empresa estatal y los nuevos gobernantes. Diez años después debemos pagar por el apuro. Pero en aquel tiempo nadie pensaba en eso.

Hoy, en el umbral de otra década, pareciera que estamos sembrando el germen de otra indemnización millonaria. Esta vez por cuenta de la empresa que, con la excusa de abaratarlo, pretende prestar el servicio de telefonía celular en abierta violación de lo que establecen la ley de concesión y los principios de seguridad jurídica, de equidad y de igualdad en las contrataciones.

El asunto es más claro que lo que la guerra de comunicados sugiere. La empresa Bellsouth ganó en una licitación jamás cuestionada el derecho de prestar por 20 años el servicio de telefonía celular, en el doble entendimiento de que hasta el año 2007 lo haría compartido solo con Cable & Wireless y de que ésta también pagaría la suma resultante de la licitación, o sea 72 millones de dólares. Dicho de otro modo: Bellsouth pagó al Estado 72 millones (ese dinero está, por ahora, en el Fondo Fiduciario) porque esa fue la suma con la que ganó la licitación, y Cable & Wireless pagó lo mismo porque esa fue la suma que pagó Bellsouth (ese dinero también forma parte del tan apetecido Fondo Fiduciario).

Riñe con la lógica, y se lleva de calle la seguridad jurídica y la equidad -pilares sin los cuales podemos despedirnos de cualquier inversión privada, nacional o extranjera-, que una tercera empresa pretenda prestar el mismo servicio (así sea maquillado de otra cosa) si no estaba previsto, a la hora de la licitación original, que el mercado iba a ser atendido por tres empresas, no dos. Y raya en la competencia desleal y el abuso que, encima, a la empresa que entra ya de noche y por la puerta de atrás no se le exija el mismo pago de 72 millones que a las dos que lo hicieron a la luz del día. La competencia es sana cuando las reglas son claras e iguales para todos, pero deja de serlo y degenera en bellaquería cuando esas mismas reglas se acomodan al gusto de los nuevos actores o cuándo a estos se les ofrecen ventajas que los demás no tuvieron.

Abrigo la certeza de que a las autoridades que deberán decidir el asunto poco o nada habrá de importarles unas demandas futuras -por evidentes que sus resultados aparezcan hoy-, pues saben que, al cabo de los procesos judiciales, no se les va a exigir que rindan cuentas de culpas tan distantes. Escribo ahora solo para que entonces, cuando no sepamos de dónde sacar la plata de la indemnización, no se diga que en el 2001 nadie pensaba en eso.

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