La ampliación del Canal

El Canal tiene que ser manejado de forma distinta a la costumbre ancestral en la administración pública panameña

El documento que presentaron distinguidos intelectuales panameños al Gobierno, a los partidos políticos y otras agrupaciones en torno al tema de la ampliación del Canal, constituye un aporte significativo. Es representativo, porque la mayoría de los firmantes pertenece a colectividades que constituyen importantes corrientes de opinión; es objetivo, porque no tiene la pretensión de convertirse en un conjunto de órdenes ejecutivas que deben cumplirse al pie de la letra, sino la acumulación de una experiencia de observación y crítica que adquiere la categoría de guía de trabajo para el enfoque del problema. No es sectario, no señala cortapisas, usa un lenguaje respetuoso y se funda en un sentido científico del manejo de la cuestión.

La propuesta se nutre de la idea de que la ampliación del Canal, que podría incluir el tercer juego de esclusas, no es objetivo criticable ni censurable por sí mismo y tampoco una meta indeclinable e imperecedera. Dicen es que el tercer juego de esclusas es posible si se cumplen determinadas condiciones y si se toman en consideración todos los aspectos técnicos que no pueden quedar sin respuesta. Esto significa que no avalan la posición radical de quienes sostienen que la mera posibilidad de producir inundaciones de tierras dedicadas a la agricultura o la ganadería hacen de cualquier proyecto hidráulico una monstruosidad.

Me parece que los autores del documento se distancian de la tesis de que inundar tierras no es admisible en el mundo de hoy, de modo que cualquier proyecto de ampliación sólo puede adecuarse a la conciencia colectiva del país y de la humanidad si es para profundizar lagos, y nada más. Otra caracterización del estudio, por otra parte, puede resumirse en el sentido de que no es cierto que el país vaya irremediablemente hacia la hecatombe final si no hay tercer juego de esclusas, en tanto que lo vinculan a que todo quede con respuestas, en términos humanos, técnicos y financieros.

Este enfoque, que no resulta portador de nociones fijas sino de nuevos instrumentos para el análisis, está diseñado para que, en el futuro, pueda garantizarse un resultado alentador. No se parece, en absoluto, a los planteamientos carentes de sustentación, dominados por algún radicalismo superficial de nuevo cuño, que no abre espacios al intercambio serio de ideas y de criterios. Voy a mencionar algunos.

Carece de todo sentido afirmar, por ejemplo, que la Autoridad del Canal de Panamá tiene mentalidad colonialista, y partir de allí para hacerle oposición militante a sus proyectos. Ese señalamiento funciona con fundamento en la idea de que toda o casi toda la reglamentación constitucional que protege la operación del Canal es extraña al ser nacional y, en consecuencia, debe eliminarse o, al menos, reformarse para que quede exactamente igual que cualquier otra entidad autónoma del Estado. Se aspira a que en las tierras y aguas contiguas a la vía puedan desarrollarse toda clase de iniciativas públicas y privadas, sin que las autoridades del Canal tengan ninguna capacidad de objeción. O sea, se desconoce que, por su propia naturaleza y por razón de su función típicamente internacional, el Canal tiene que ser manejado de forma distinta de la costumbre ancestral en la administración pública. Igual ocurre con la Ley 44, que señala los límites de la cuenca hidrográfica. Las aguas que sirven ahora o que pueden servir en el futuro al funcionamiento del Canal, tal como la sociedad panameña decida concebirla, habrían achicado su caudal de servicio si no se hubiese adoptado la ley, cuya importancia radica es que cualquier proyecto que utilice los recursos hídricos del sector necesita contar con la autorización del Canal. Imagino que hay quienes no pueden adecuarse a esta reglamentación, porque quieren vía libre, acumular recursos, desarrollar proyectos buenos o malos, en una fiesta incontrolada que no se corresponde con el rigor —a veces asfixiante, reconozco— con que necesitan atenderse los asuntos de la vía interoceánica.

La acusación más reciente sindica al Canal de ser manejado con criterio liberal, o sea, neoliberal. O sea, reaccionario. Confieso que no tengo claro el significado de la expresión, dado que varía según la formación académica, las preferencias ideológicas, las simpatías personales de los que la usan con tanta frecuencia; sobre todo desde que el nuevo lenguaje se ha convertido en moneda de uso corriente después de la terminación del campo socialista. El Canal es propiedad pública y las ganancias que produce tienen que entregarse al Estado; es decir, a la sociedad. Ni los bienes que constituyen su patrimonio ni la administración propiamente dicha están privatizados y tampoco pueden serlo, dado que lo prohíbe la Constitución.

Continúo en el ejercicio de la imaginación y entonces presumo que lo que se quiere decir es que el Canal se maneja como una corporación, o sea, que genera ganancias. Esta acusación es cierta, pero, en todo caso, se trata de una actitud en la que habría que seguir incurriendo. Cuando el Canal era manejado por Estados Unidos no había ganancias, pero a Panamá sí le interesa que las haya, para poder planificar su aplicación social. Recordemos que no se puede planificar lo que no existe. O quizás el Canal se maneja con mentalidad “neoliberal” (falta decir que su base es “la globalización rapaz y asesina”) porque, en los estudios que realiza antes de proceder a sus inversiones, toma en cuenta las tendencias en la industria marítima internacional. No se trata de postular el “pro mundi beneficio” como expresión de ingenuidad nacional. Si este existiese, en todo caso fuese distinto al período anterior al 31 de diciembre de 1999. En las condiciones actuales, mientras más clientes haya, más beneficios obtendrá Panamá.

Por eso es que las autoridades del Canal serían supremamente irresponsables si no estudiaran proyecciones para calcular cuántos clientes tendrá en el futuro, qué clase de carga transitará y cuál será el monto aproximado de los ingresos. Contrario a ese sentido de administración eficiente, en ocasiones quisiera abrirse paso la idea de un Canal arrinconado en el mercado interno, ajeno a las realidades internacionales, agresivo y peleón, con el mismo estado de ánimo de confrontación que caracterizó la lucha histórica por la sustitución del Tratado Hay-Bunau Varilla. La lucha triunfó con los Tratados Torrijos -Carter y se completó, en aplicación de sus disposiciones, el 31 de diciembre de 1999. Ahora el método tiene que ser otro.

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