El Gobierno tiene la última palabra

Arriba: Anita Valdés vive a orillas de la carretera Punta Peña Almirante y es otras de las afectadas. Abajo, la carretera Punta Peña- Almirante comunica a la provincia de Bocas del Toro con el resto del país.

CHANGUINOLA, Bocas del Toro. —La solución del conflicto de tenencia de tierra en Bocas del Toro, que abarca a 25 áreas y afecta a unas 5 mil personas entre campesinos e indígenas, necesita del concurso de todos para buscar una solución, porque más que un problema de tierras es un problema social grave, tal como lo califica la Iglesia católica.

Por ejemplo, la dirección de la Reforma Agraria en Changuinola da fe de que el problema existe y que hay que ofrecer una solución pronta para esas personas, ya que si no llega a un acuerdo y se deslinda el litigio de la tierras, no se puede dar “derechos posesorios”, que es el mínimo documento que exige el Banco de Desarrollo Agropecuario para tramitar préstamos para trabajar la tierra.

El funcionario substanciador de la Reforma Agraria en Changuinola, Julio César Smith, dijo que la institución, en la medida de lo posible, ha visitado varias de las tierras en conflicto y puede dar fe de que allí se trabaja la agricultura desde hace mucho tiempo.

“Es fácil ver que las tierras han sido trabajadas por muchos años”, corroboró Smith, además de que en esas zonas hay escuelas y otros servicios que demuestran que hay personas asentadas allí desde hace tiempo.

Recordó que desde el año pasado, cuando se registró el alzamiento de los indígenas, se ordenó que la empresa Ganadera Bocas saliera de la zona en litigio, pero a la fecha aún no se ha podido solucionar el problema.

Smith se quejó de que la institución no tiene las herramientas ni el personal para realizar el trabajo que tiene que hacer en la zona, de manera que se hace muy difícil atender caso por caso el problema de tierra.

Sostuvo que los campesinos y los indígenas se quejan frecuentemente de ellos porque no acuden a los llamados para que inspeccionen los lugares, y luego emitan el documento de derecho posesorio, el cual permite finalmente resolver el conflicto de tenencia de tierra. “No tenemos cómo hacer ese trabajo”, aclaró.

Así en esta condición está Anita Valdés, quien reside en Bajo Cedro y tiene su vivienda a la orilla de la carretera. Ella se quejó de que los “pocos reales” que tiene los gasta viajando hasta la oficina de la Reforma Agraria para pedir que hagan una inspección y le digan de una vez por todas qué es lo que tiene que hacer para titular su pedazo de tierra, antes de que la echen de allí.

Valdés explicó que todas las gestiones que hacen parece que caen en saco roto, “porque aquí seguimos en incertidumbre, pero haciendo producir la tierra”.

En tanto, una fuente del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) de Changuinola dijo que la institución no tiene inconveniente en ayudar a los campesinos de las zonas en conflicto, sin embargo, precisamente por la situación de esas tierras, no se puede hacer ningún tipo de transacción económica con ellos.

Sostuvo que no hay ningún bien con el cual se podría recuperar los préstamos que se hacen a los campesinos, y la institución en ese sentido no puede hacer nada por ellos.

Agregó que la única forma en que el Estado puede resolver el problema de tierras es a través de una “prescripción adquisitiva de dominio”, que consiste en que el Gobierno compre las tierras a las personas que aparecen como dueñas y que luego se las venda a las que están ocupándolas.

La prescripción adquisitiva de dominio es el derecho que tienen a la tierra las personas que las han ocupado por más de 15 años ininterrumpidamente.

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