Panamá, 15 de noviembre de 2001
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La tierra de la discordia

La apropiación de tierras en Bocas del Toro se ha convertido en un problema social grave

MILEIKA BERNAL
mbernal@prensa.com

Crudecio Valdez trabaja la tierra a orillas de la carretera Punta Peña-Almirante.

CHANGUINOLA, Bocas del Toro. —Crudencio Valdez tiene 53 años de edad y ha vivido toda su vida en Bajo Cedro, una comunidad ubicada a orillas de la carretera Punta Peña-Almirante en el distrito de Chiriquí Grande.

“Antes nuestra vida era tranquila, nos dedicamos a hacer producir la tierra para subsistir y sacar el sustento de nuestros hijos y de la familia”, dijo Crudencio, mientras miraba a lo lejos.

“La apertura de la carretera se ha convertido en una pesadilla en nuestras vidas, porque después de que hemos trabajado tanto estas tierras y por tantos años, ahora aparecen personas que alegan tener títulos de propiedad y nos quieren echar de aquí”, comentó.

Crudencio relató que la situación por la que están pasando es muy difícil, ya que no tenemos recurso para trabajar la tierra, pues antes el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) nos otorgaba préstamos para trabajar, pero actualmente hasta eso no los están negando, “porque ya no tenemos ni los derechos posesorios de las tierras”.

Mientras, Sabino Avilés, otro campesino que ha trabajo la tierra por más de 30 años, se siente angustiado porque su trabajo de toda la vida ahora está en peligro, pues después de que se abrió la carretera Punta Peña-Almirante, andan de sobresalto en sobresalto, “porque en cualquier momentos nos sacan de aquí”, replicó.

Sabino vive en lo que se conoce como Río Uyama, también a orillas de la carretera Punta Peña-Almirante. Allí un total de 90 familias, que ocupan unas 710 hectáreas de tierra, están a punto de perderlas.

Acerca de las tierras que trabaja Sabino, después de que se abrió la carretera, una supuesta Asociación Saldaña, S.A. las está reclamando como suyas.

Explicó que sus hijos se levantaron en ese sitio, y ya ellos se han casado y tienen hijos. “En esta zona vivimos por lo menos tres generaciones”.

Sabino dijo que él está dispuesto a defender sus tierras de la manera que sea.

Voceros de las comunidades afectadas por el acaparamiento de tierra de Ganaderas Bocas, S.A.

Argumentó que tiene en su poder un documento de compra venta y además de unos planos y el estudio tenencial de esas tierras y que están dispuestos a defenderlas a costa de lo que sea.

Sabino culpó de la situación por la que están pasando a las autoridades, porque este problema de litigio de tierras se lo han expuestos a los representantes del Gobierno en la provincia; sin embargo, no hacen nada por resolverlo.

También existe otro tercer caso de expropiación de tierras en las comunidades de Santa Marta Abajo, Santa Marta Arriba, Rómulo, San San Medio y La Tigra, entre otras, contra la empresa Ganadera Bocas, S.A., que tiene su sede en Changuinola.

El conflicto

Este conflicto agrario se inició hace dos años y medio cuando los indígenas comenzaron a denunciar que los empleados de Ganadera Bocas estaban acaparando tierras en las que ellos habían vivido por décadas.

Los moradores de estas comunidades argumentan que la empresa les quitó sus cercas y midió la tierra, “apoderándose” de la propiedad que ellos han trabajo por muchos años.

Victorio Palacio Ichi, vocero de la comunidad de San San Mona, ubicado en el corregimiento de Guabito, recordó que en la década de los 70 ellos firmaron con el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Rubén Darío Paredes, un acuerdo donde se establecía hasta dónde la empresa tendría sus linderos; sin embargo, en la actualidad ese acuerdo no se ha respetado.

Palacio Ichi dijo que cuando ellos llegaron al lugar estas tierras no estaban ocupadas, eran improductivas, de manera que los primeros pobladores tuvieron que trabajar duro y hoy día allí ha crecido más de una generación de campesinos e indígenas.

Según Palacio Ichi, la muestra más elocuente de que desde hace mucho tiempo ocupan esas tierra es el cementerio, las escuelas, capillas, acueductos, centros de salud y otras obras de desarrollo.

En tanto, Verecio Guerra, de 32 años de edad y vocero de la comunidad de Santa Marta Arriba, se preguntó si los indígenas no tienen derecho a tener sus tierras. “Acaso no somos panameños como todos los que viven en este país”.

Guerra sostuvo que él nació en esa comunidad, allí estudió y que ahora se dedica a labrar la tierra.

Imploró a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, que atienda el problema y que les dé una solución antes de que sea demasiado tarde.

Los sitios afectados con problemas de tierras son: Playa Bluff, Palma Real, Cauchero Arriba o en Dos Bocas, Rómulo, La Tigra y San San de Mona, Santa Marta, Río Uyama, Bajo Cedro.

Hay por lo menos 25 zonas habitadas por unas 5 mil personas, quienes sufren toda clase de presiones para que desalojen el lugar.

Versión de Ganadera Bocas

El gerente de la empresa Ganadera Bocas S. A., Harold Phillips, negó todo los cargos que le hacen los voceros de las diferentes comunidades en Changuinola.

Dijo que ellos están trabajando y que no han actuado en contra de la gente que vive en los alrededores de la finca.

Phillips señaló que hay un grupo con intereses en esas tierras que se han dedicado a “lavarle el cerebro a estas personas” para que actúen en contra de la empresa.

Aclaró que las tierras que ellos ocupan son fangosas, propias para la ganadería y que allí es difícil trabajar la agricultura.

Manifestó que va a esperar lo que digan los tribunales al respecto, luego de las denuncias que han interpuesto los “supuestos” afectados. La empresa Ganadera Bocas, S.A. pertenece al empresario Mario Guardia D.

Agregó que es falso que vayan a sacar a los indígenas de sus tierras, pues estas son nacionales y “nosotros tenemos los derechos posesorios”.

Phillips recordó lo ocurrido el año pasado, cuando los indígenas que hoy reclaman las tierras mataron 13 búfalos en la comunidad de Santa Marta Abajo. Dice que los indígenas actuaron como represalia a lo que consideran un abuso de parte de los empleados de la Ganadera Bocas, S.A. sin medir el perjuicio que le causaron a la empresa, azuzados por otras personas.

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