Panamá enjuicia a sus periodistas

Unos 70 periodistas panameños tienen procesos judiciales pendientes

Santiago Canton

PANAMA, Panamá. -Julio Briceño tiene un dibujo con un costo de un millón de dólares en su escritorio en La Prensa, el diario en el que él es un caricaturista editorial, famoso por su pluma aguda e ingenio no menos filoso. Desafortunadamente, esa suma es la que el periódico tendría que pagar en daños a un ex vicepresidente de Panamá que se sintió ofendido por la caricatura, en la cual se critica su recién establecida alianza con sus antiguos enemigos.

Lo que Briceño tendría que pagar, por su parte, no se mide en dólares: enfrenta hasta dos años de prisión si es encontrado culpable de difamación criminal.

Y si es enviado a la cárcel, podría tener abundante compañía. Más de 70 casos similares criminales están pendientes, o sea la mayoría de estos casos que involucran a periodistas en este hemisferio, según un grupo de defensa de los derechos humanos. Las acusaciones, la mayoría de los cuales fueron presentadas en años recientes, están basadas en draconianas leyes de prensa heredadas de la dictadura militar que terminó en 1989.

“``Presentar acusaciones criminales contra un caricaturista es absurdo”, dice Briceño, cuyo nombre de pluma es Rac. “Es presentar cargos contra una opinión”, señaló.

Si bien los acusados, en su mayoría, en los casos que han sido resueltos han sido perdonados o multados, la persistencia de estas leyes de prensa antagónicas en una era democrática han angustiado profundamente a los periodistas y preocupado a los defensores de los derechos humanos.

Funcionarios en Panamá, quienes pueden recurrir a una ley que protege específicamente su honor, han presentado demandas por falta de respeto contra periodistas que han publicado revelaciones escandalosas o comentarios poco halagüeños acerca de ellos. El director de una revista satírica fue arrestado después de publicar un fotomontaje en que se burlaba de la vida amorosa de la presidenta.

Otros funcionarios siguen bloqueando acceso a una amplia variedad de documentos gubernamentales considerados confidenciales solo por capricho de alguien. Los periodistas temen enterarse de que han violado la ley, solo después de haber publicado. Ahora que va en aumento el descontento por el auge de la corrupción y la confianza en el Gobierno se ha desplomado, los periodistas dicen que las leyes son parte de un esfuerzo antidemocrático para silenciar y castigar a los críticos.

“``El problema es que pasamos por una larga dictadura en la que no hubo medios de comunicación independientes, y el país se acostumbró a vivir con un fuerte control gubernamental de los medios”, dice Carlos Ernesto González, editor del diario El Universal, al que recientemente se le exigió que presentara copias de varias ediciones del diario para ser revisadas por funcionarios. Los funcionarios rehusaron aportar más detalles.

“Lo que ocurrió fue que, al llegar la apertura, las leyes permanecieron”, dice. “Los nuevos funcionarios no están acostumbrados a vivir con periódicos que prestan una estrecha atención a la corrupción”, señaló.

González fue una de las primeras víctimas de esas leyes, que fueron aprobadas durante la década del ochenta, cuando el gobierno del general Manuel Antonio Noriega estaba dedicado a ahogar cualquier manifestación de descontento.

Un artículo que publicó cuando editaba La Prensa en 1982 lo hizo acreedor a una sentencia de cinco meses en prisión por ofender el honor del presidente.

Pero incluso después de que Noriega fue derrocado por la invasión de Estados Unidos en 1989 y reemplazado por un gobierno civil, las leyes permanecieron en el código. La presidenta de la República, Mireya Moscoso, abolió algunas de ellas después de asumir el cargo en 1999, y específicamente una que exigía a los periodistas estar sujetos a la aprobación de un panel designado por el Gobierno, y otra que permitía el cierre de organizaciones noticiosas por publicar noticias falsas... un término que tenía un sentido muy amplio bajo la dictadura.

Aunque las reformas iniciales de Moscoso generaron elogios, se le ha culpado por no hacer de la difamación una ofensa civil, en lugar de criminal. Tampoco ha eliminado las leyes referentes a delitos de insulto, o falta de respeto, que dan a los funcionarios una mayor protección que la que se otorga a los ciudadanos a los que sirven.

``Los casos iniciados por procuradores contra varios periodistas son actualmente uno de los problemas más graves que hay en Panamá, dice Santiago Canton, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ``Hay un hostigamiento constante contra algunos diarios. Es el país del cual recibimos más denuncias acerca del enjuiciamiento criminal de periodistas, sostiene.

Cuatro periodistas de La Prensa, que fue clausurado tres veces durante el gobierno militar en la década de 1980, fueron acusados hace dos años por el procurador general, José Antonio Sossa, por una revelación hecha en el diario acerca de sus vínculos con un hombre de negocios buscado para ser interrogado por autoridades de Estados Unidos, quienes sospechan que estuvo involucrado en delitos financieros. La policía llegó al extremo de rodear la residencia del director asociado, según un informe de la comisión de derechos humanos.

El Comité para la Protección de Periodistas, basado en Nueva York, informa que el director de El Siglo fue encarcelado durante ocho días el pasado marzo por órdenes de Sossa, quien dijo haber sido difamado por un artículo en el que se aseguraba que estaba involucrado con prostitutas menores de edad.

También en este mismo año, Winston Spadafora, ministro de Gobierno y Justicia, presentó una demanda contra un diario, El Panamá América, después que éste publicó un artículo en el que cuestionaba el empleo de trabajadores y equipo gubernamentales para pavimentar una carretera que llevaba a su casa de campo.

Sossa y Spadafora rehusaron contestar llamadas para comentar al respecto.

Briceño, quien ha sido un caricaturista editorial durante 14 años, no se inquietó cuando trazó su caricatura en la que criticaba el cambio político de Ricardo Arias Calderón, un ex vicepresidente y firme enemigo del general Noriega. El dibujo, publicado en diciembre, mostraba a Arias Calderón de pie al lado de la parca, que representaba al Partido Revolucionario Democrático, que en un tiempo apoyó a Noriega y con quien el ex vicepresidente había llegado a un acuerdo político.

Pero Arias Calderón dijo haberse sentido escandalizado cuando vio cómo la caricatura lo mostraba salpicado por gotas de sangre que caían de la guadaña de la parca, poco después que una comisión gubernamental de la verdad había exhumado los restos de disidentes asesinados por el general Noriega. Dijo que presentó una acusación legal solo después de que el diario rehusó imprimir una disculpa.

“``Esa caricatura me hizo cómplice de un crimen”, dijo. ``Eso fue una difamación que no podía aceptar o tolerar. “Fui yo quien denuncié esos crímenes en la era de la dictadura”, expresó.

La continua amenaza de demandas criminales contra periodistas ocurre mientras agencias gubernamentales han restringido el acceso a la información pública, particularmente en lo referente a presupuestos y gastos oficiales. Tales decretos, dicen los periodistas, podrían aumentar sus probabilidades de acabar en la cárcel. Otras agencias del Gobierno habitualmente posponen cualquier entrega de información o la dificultan, o bien se niegan a otorgar solicitudes rutinarias, dicen directores de diarios.

“``Preguntamos cuántos viajes había hecho la presidenta al extranjero, sobre cuántos cortes de listones en inauguraciones había presidido, y se nos dijo que estábamos pecando de sensacionalismo”, dice Rosa Guizado, jefa de redacción de El Panamá América.

“Preguntamos acerca del presupuesto discrecional de la presidenta, pero no se nos informa acerca de ello. Seguimos esperando”, expresó.

Guizado llegó a sentirse tan frustrada por las postergaciones y rechazos, que publicó una plana entera de cartas que el diario había enviado para solicitar información pública, y que todavía no habían sido contestadas. Pero dijo que ese ambiente difícil le ha hecho más complicado motivar a sus subordinados, tres de los cuales afrontan acusaciones de difamación o están apelando sentencias de 18 meses de prisión por difamación.

“Qué vale más, un cobarde que está trabajando, o un héroe que está en prisión?”, pregunta Guizado. Así que hay una gran cautela. Una la puede ver en reuniones, cuando los reporteros no quieren encargarse de ciertas coberturas porque no desean tener más problemas”.

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